La Cámara de Diputados italiana ha aprobado por amplia mayoría una ley que permite a las organizaciones anti-elección entrar a los centros de asesoramiento público donde acuden mujeres que están pensando en interrumpir su embarazo.
El pasado 17 de abril, cientos de personas protestaron frente al Palacio Montecitorio para denunciar “la violencia de un gobierno que hace retroceder a las mujeres cien años”. Activistas de movimientos feministas, sindicatos y partidos de centro-izquierda e izquierda, entre ellos muchas diputadas, se concentraron frente al Parlamento italiano. “Queremos derechos, no objetores”, gritaban los manifestantes después de que la Cámara de Diputados, por amplia mayoría —185 síes, 115 noes— votara a favor de una propuesta de Fratelli d’Italia que abre el camino para que las organizaciones antiabortistas puedan trabajar en los centros de salud públicos, poniendo además a su disposición parte de los fondos previstos por el PNRR, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
Durante la campaña electoral que acabó con la aplastante victoria de la derecha y la designación de Giorgia Meloni al frente del gobierno, Fratelli d’Italia y la Liga juraron que no modificarían la Ley 194. La medida entró en vigor en 1978 tras una dura batalla política y parlamentaria y después de un intento extremo —fracasado— de derogarla mediante referéndum; la ley legaliza y regula el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo en los 90 días siguientes a la concepción.
La ley 194 ya permite a las asociaciones antiabortistas entrar en los hospitales públicos, y los grupos antielección ya se aprovechan de ello
Pero limitar el derecho al aborto es una batalla histórica del fundamentalismo católico y de la derecha neofascista y postfascista, que allí donde pueden —en el Parlamento, en las regiones y en los municipios— intentan convertir la ley en papel mojado.
La ley 194 ya permite a las asociaciones antiabortistas entrar en los hospitales públicos, y los grupos antielección ya se aprovechan de ello, llevan años organizando manifestaciones contra lo que califican de “masacre”, exhibiendo fetos de plástico y pancartas en las que acusan a las mujeres y a los médicos de “asesinos”.
Por ejemplo, hace unos meses en el hospital Sant’Anna de Turín se decidió abrir una “sala de escucha” donde voluntarios de “grupos provida” (a menudo próximos a la extrema derecha) afirman querer acoger a las mujeres que quieren abortar para convencerlas de buscar una solución alternativa; una iniciativa que los movimientos feministas y los médicos laicos consideran instrumental y dirigida a manipular a las mujeres, que a menudo se encuentran en una situación de extrema fragilidad psicológica o económica.
Ahora, la votación del Parlamento italiano allana el camino para la entrada generalizada de los antiabortistas —hasta ahora limitada a unas pocas iniciativas locales— incluso en los centros de asesoramiento, una red de estructuras sanitarias territoriales públicas creada gracias a la Ley 194 para apoyar a las mujeres que tienen intención de abortar, pero también para prevenir las interrupciones del embarazo promoviendo el uso correcto de los anticonceptivos.
No es casualidad que los partidos de derechas siempre hayan boicoteado estos espacios de asesoramiento e incluso que los gobiernos de centro-izquierda nunca los hayan apoyado adecuadamente. Debido a los progresivos recortes en la financiación y a la disminución del número de psicólogos, asistentes sociales y ginecólogos disponibles, en los últimos años muchos de estos espacios han cerrado y otros han tenido que reducir sus actividades a unas pocas horas por semana.
“Continuaremos la movilización contra el intento de desmantelamiento de los centros de asesoramiento públicos. El servicio público es la única garantía de universalidad y estos espacios deben seguir siendo un baluarte de derechos y protección para las mujeres. Se trata de un nuevo ataque del gobierno Meloni a la salud y a la libertad”, denuncia la CGIL, el principal sindicato italiano. “Primero la propuesta de ley para obligar a los médicos a hacer escuchar el latido del feto a las mujeres que quieran abortar, ahora esta enmienda que abre la vía a la presencia de asociaciones provida en los centros…— añade Ivana Veronese, secretaria confederal de otro sindicato, Uil.
Explotando la autonomía regional en el ámbito sanitario, los partidos de derechas han creado profundas disparidades en la aplicación de la Ley 194. Por ejemplo, a pesar de que desde hace cuatro años la ley permite la práctica del aborto farmacológico en los centros de asesoramiento sanitario —un método menos invasivo y más seguro que el aborto quirúrgico, además de más barato—, en realidad, hasta ahora sólo Emilia Romaña, Toscana y Lacio han decidido asegurarlo.
En los hospitales es cada vez más difícil practicar incluso abortos quirúrgicos, debido al recurso masivo de médicos y otros trabajadores sanitarios a la llamada “objeción de conciencia”
En los hospitales, además, es cada vez más difícil practicar incluso abortos quirúrgicos, debido al recurso masivo de médicos y otros trabajadores sanitarios a la llamada “objeción de conciencia”, permitida por la misma Ley 194. Según datos del Ministerio de Sanidad, en Italia el 64% de los ginecólogos y el 40% de los anestesistas no practican interrupciones voluntarias del embarazo “por razones éticas”. En algunos territorios, el número de objetores es tan elevado que imposibilita de hecho la aplicación de la ley, obligando a las mujeres que desean abortar a trasladarse a otras ciudades.
En los hospitales de cuatro regiones diferentes del sur —Abruzos, Molise, Basilicata y Sicilia— y en la provincia autónoma de Trento (noreste), el porcentaje de objetores supera incluso el 80%.
Según los datos de 2021, los últimos disponibles, en Italia sólo el 59,6% de los centros sanitarios que ofrecen servicios de obstetricia y ginecología practican interrupciones voluntarias del embarazo, es decir, 335 de 560. Los médicos y enfermeras que deciden aplicar la ley suelen ser discriminados por sus colegas objetores y, en cualquier caso, tienen que soportar ritmos y cargas de trabajo agotadores.
Sin embargo, a pesar del boicot sistemático a la ley por parte de la derecha y de los integristas católicos, la Ley 194 en general funciona, explica Silvia Vaccari, presidenta de la Federación Nacional de Obstetras (FNOPO). “La legalización del aborto, el acceso generalizado a la contracepción y los centros de orientación familiar han permitido a las mujeres italianas, por una parte, evitar embarazos no deseados y, por otra, proteger su salud psicofísica. La ley 194 ha tenido un doble efecto positivo: los abortos no sólo han salido de la clandestinidad, sino que también han disminuido, pasando de 234.000 en 1983 a 66.400 en 2020. Los resultados fueron tan sorprendentes que el Instituto Superior de Sanidad calificó la ley 194 de ‘una de las intervenciones de prevención de salud pública más brillantes llevadas a cabo en Italia’”, afirma Vaccari.
Pero ahora que a la histórica cruzada del integrismo católico contra el aborto se une el objetivo prioritario de la derecha de contrarrestar el declive demográfico, los derechos de las mujeres vuelven a estar en entredicho, como señaló la ministra de Igualdad del Gobierno español, Ana Redondo, en unas declaraciones que enfurecieron a Giorgia Meloni.
