Estas declaraciones se contradicen con la afirmación del fiscal general del estado que asegura que ya ha sido condenada a morir en la horca.
El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Ramin Mehmanparast, aseguró este martes que aún no hay una sentencia en firme contra Sakineh Mohamamdi Ashtiani, la mujer acusada de adulterio y complicidad en el asesinato de su marido, aunque subrayó que ya se ha demostrado que participó en el crimen.
Las palabras de Mehmanparast contradicen una declaración hecha anoche por el fiscal general del Estado y portavoz del Poder Judicial, Gholam Husein Mohseni Ejei, quien aseveró que Ashtiani había sido ya condenada a muerte por el segundo de los dos delitos y por ello sería enviada a la horca.
"De acuerdo con la decisión del tribunal, ha sido acusada de asesinato y la pena por este delito tiene preeminencia sobre el otro de adulterio", dijo Ejei, en declaraciones divulgadas por la agencia de noticias local Mehr.
Si así fuera, significaría que Ashtianí sería castigada con la horca y no a morir lapidada, ya que la Jurisprudencia iraní contempla la soga como pena para los asesinos. Sin embargo, Mehmanparast afirmó este martes durante su rueda de prensa semanal que "los dos casos siguen bajo revisión y el veredicto se pronunciará cuando concluya la investigación".
"Ya se ha probado que participó en el asesinato de su marido pero la sentencia definitiva será anunciada al final del proceso judicial", precisó Mehmanparast.
El nuevo cruce de declaraciones contradictorias se antoja como una nueva muestra de las divisiones que se adivinan en el seno del régimen iraní, donde el Ejecutivo ha tenido en las últimas semanas diversos roces y disparidad de criterios tanto con el Parlamento como con el Poder Judicial.
Ashtiani, de 43 años, fue arrestada en principio por adulterio y al parecer juzgada por ello.
Su abogado, Mohamad Mostafei, declaró que la mujer había sido condenada por este delito y que sería por ello lapidada.
La posible pena despertó una oleada de duras críticas y protestas internacionales a Irán, lo que obligó al régimen a suspender la sentencia e indicar que se encontraba bajo revisión.
Días más tarde, en medio de las protestas internacionales, una mujer, a la que la televisión estatal identificó como la propia Ashtiani, confesó en la pequeña pantalla haber mantenido una relación fuera del matrimonio con un hombre y haber participado en la muerte de su marido.
La supuesta condenada criticó la campaña emprendida por su abogado.
El régimen iraní, por su parte, acusó al letrado de haber aprovechado el revuelo mundial que ha desatado el caso en su propio beneficio para poder pedir asilo político en Noruega, donde se encuentra con su familia.
En este clima de confusión en torno al caso, el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, subrayó la semana pasada que no existía la condena a muerte y que se trataba, igualmente, de propaganda, para luego comparar el caso con el de Teresa Lewis, la mujer que el pasado jueves fue ejecutada en Estados Unidos por un delito similar.
Irán es, junto a Estados Unidos, China y Arabia Saudí, uno de los países del mundo que más penas capitales aplica en el mundo.
