El Gobierno abrirá en septiembre el ‘melón’ de la nueva fiscalidad de la Iglesia. El conflicto puede desatarse una vez sea público el listado definitivo de inmatriculaciones (bienes que la Iglesia registró como propios sin tener que demostrar su propiedad), según han confirmado a elDiario.es fuentes de Vicepresidencia.
La pasada semana se produjo un discreto encuentro entre responsables de la Conferencia Episcopal y del Ejecutivo que evidenció algunas diferencias. Así, mientras el departamento de Carmen Calvo incidió en que habría un acuerdo a partir de septiembre para retomar las conversaciones sobre fiscalidad y los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, el comunicado de la CEE despachó la cuestión con un «compartieron la oportunidad de poner en marcha las conversaciones en torno algunas cuestiones económicas en el próximo mes de septiembre» y apuntaba a la «preocupación» de los obispos por las cuestiones educativas y antropológicas. Los obispos están sumamente preocupados por la reforma de las leyes de Educación y la posible aprobación de la eutanasia. Dos temas que, como ya adelantó este diario, el Gobierno no va a negociar con ellos al no considerarles interlocutores válidos, especialmente en lo referente a la regulación de la muerte digna.
Formalmente, la reunión, en la que participaron el subsecretario de la Presidencia, Antonio Hidalgo, y la subdirectora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, el secretario general de la CEE, Luis Argüello, y los responsables económicos de esta institución, Carlos López y Fernando Giménez Barriocanal, tenía como excusa la presentación de la Memoria de Actividades de la CEE. Pero ha servido para que ambas instituciones marcaran distancia la misma semana en que la vicepresidenta Calvo se reunió con las confesiones minoritarias en un intento de visibilizar la «neutralidad» de los poderes públicos respecto al hecho religioso y el fin de la relación de privilegio de la Iglesia católica con el Ejecutivo en España.
Reformas económicas
Y es que Carmen Calvo ha querido dejar claro que la Iglesia católica ya no es una interlocutora privilegiada a la hora de hablar de cuestiones referentes a la libertad religiosa. La apuesta es clara: igualar ‘por abajo’ a todas las religiones, con una sola salvedad, no tocar los acuerdos Iglesia-Estado. En este sentido, el Ejecutivo apuesta por reformas en las normas que los desarrollan, apuntando que, al tratarse de un convenio entre dos estados soberanos (España y el Vaticano), el ‘Concordato’ es un instrumento diplomático con vigencia. Otra cosa es que muchos de los cambios que se plantean afecten, y mucho, a la presencia y relevancia de la Iglesia católica en España.
Así, junto a la anunciada reforma de la Ley de Libertad Religiosa, el Gobierno quiere que los obispos acepten una nueva fiscalidad, retocando la Ley de Mecenazgo de 2002 para que a la Iglesia no le quede más remedio que pagar el IBI de sus inmuebles no dedicados al culto. En este punto, que los obispos no discuten formalmente, el principal escollo es la falta de transparencia a la hora de determinar qué bienes pertenecen a la Iglesia, cuál es su uso real y, en definitiva, qué se considera ‘Iglesia’ en España. Parece claro que las diócesis, parroquias o congregaciones religiosas lo son y, por tanto, sus templos, casas parroquiales, centros de Cáritas o conventos, por su uso religioso, estarían exentas del pago del IBI.
¿Pero qué ocurre con distintas asociaciones civiles, universidades o centros de inspiración católica? Del mismo modo, existen propiedades en los obispados de toda España que se dedican a fines lucrativos, desde alquiler de pisos a garajes, que deberían pagar el impuesto, pero que no lo hacen. ¿Cuál es la excusa de la Iglesia? Que con los fondos recaudados se financian actividades de culto o vinculadas a las ONG católicas. Algo con lo que el Ejecutivo no está de acuerdo.
A vueltas con el Tribunal de Cuentas
En lo tocante a la fiscalidad serán importantes los detalles que se incluyen en el informe definitivo del Tribunal de Cuentas sobre la Iglesia católica y el uso que hace de los fondos provenientes de la casilla de la Renta, y que se publicaron esta semana. Un informe que concluía que el Estado no tiene capacidad para fiscalizar el dinero de la Iglesia católica, y que, según fuentes gubernamentales, servirá como excusa al Ejecutivo para modificar el actual sistema fiscal. Y es que, tal y como adelantó eldiario.es, una de las clave de bóveda está en que «la Iglesia elabora la memoria con sus propios criterios» que el Estado no puede objetar.
Así, se comprueba la ausencia de un control público efectivo que regule esta obligación, para vigilar por ejemplo los superávits que resultan de este ingreso para “el adecuado sostenimiento de la Iglesia” estipulado en los Acuerdos o las cantidades dedicadas a actividades mercantiles (TreceTV, COPE u otras) que vulnerarían la legislación comunitaria. Queda pendiente la autofinanciación de la Iglesia, un compromiso adquirido que sigue sin cumplir y que tampoco se les ha exigido. Cambiar esta dinámica es fundamental en estos momentos, y el informe del Tribunal de Cuentas -que curiosamente los obispos han acogido con satisfacción- será una de las armas a utilizar en la negociación.
El ‘melón’ de las inmatriculaciones
El otro gran tema de debate que saldrá tras el verano son las polémicas inmatriculaciones durante el período comprendido entre 1998 y 2015, y que podrían superar las 35.000 propiedades. Es probable que en septiembre, al fin, el Gobierno publique el informe definitivo del Colegio de Registradores, lo que permitiría a particulares o Administraciones reivindicar la titularidad de dichos bienes frente a la inmatriculación por parte de la Iglesia, a la que la ‘ley Aznar’ permitió poner a su nombre templos, garajes, campos de labranza o frontones solo con la firma del obispo, que actuaba como notario. En este sentido, los obispos han manifestado su tranquilidad ante la posibilidad de demandas, y se han mostrado abiertos a devolver aquellos bienes que se demuestre hayan sido inmatriculados de manera fraudulenta. Eso sí: amenazan con acudir a los tribunales para mantener el grueso de las propiedades (la Iglesia estima que puede haber habido ‘errores’ en las inmatriculaciones, pero que no llegarían al 0,5% de total), como ya han anunciado los obispos catalanes.
