Exigirá a los obispos negociar un sistema con la participación de las víctimas y del Estado, que sea vinculante y que repare y abone compensaciones a cargo de la Iglesia.
El Gobierno exigirá a la Conferencia Episcopal Española (CEE) negociar un sistema de reparación que cuente con la participación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, que sea vinculante, y que abone las indemnizaciones a cargo de esta institución.
Así se lo ha trasladado este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a los representantes de asociaciones de víctimas con los que se ha reunido en la Moncloa, según ha informado el Ministerio en un comunicado.
Esta reunión fue convocada tras conocer la intención de la CEE de dar luz verde este martes en una Asamblea Plenaria extraordinaria a su plan de reparación a las víctimas de abusos, que contempla indemnizaciones para los casos que hayan prescrito o aquellos en los que el agresor haya fallecido.
Un plan que, a juicio del Ejecutivo, plantea «un sistema unilateral, sin presencia de las víctimas, no vinculante y al margen de las recomendaciones del Defensor del Pueblo».
Bolaños ha convocado a las víctimas para darles cuenta del estado de las conversaciones con la Conferencia Episcopal y les ha anunciado que el Gobierno exigirá a los obispos negociar un sistema con la participación de las víctimas y del Estado, que sea vinculante y que repare y abone compensaciones a cargo de la Iglesia.
Según detalla el comunicado, el ministro de la Presidencia ha explicado que durante los últimos meses su departamento ha estado en contacto con la CEE para negociar un sistema de reparación para aquellos casos donde las acciones judiciales han prescrito de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el Informe del Defensor del Pueblo, que consisten en la creación de un órgano mixto entre Iglesia y Estado.
En esa línea, el ministro ha transmitido que el Gobierno no aceptará un sistema «unilateral» como el propuesto por la CEE y «que no se ha transmitido en ningún momento al Ejecutivo».
«El plan de la Iglesia no cuenta con presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que no se garantiza en ningún momento la reparación», ha denunciado.
En este sentido, Bolaños ha destacado que «ha costado mucho que las víctimas consigan que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se les garantice una reparación adecuada».
Así, el ministro ha transmitido a las víctimas que el Gobierno mantiene su apuesta por cumplir fielmente con las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo.
Les ha trasladado también que se seguirá dirigiendo a la CEE para negociar un sistema de reparación acordado entre Iglesia y Estado que vincule a la Iglesia, cuente con la participación y la aprobación de las víctimas, genere un entorno seguro y de confianza para plantear sus casos, actúe con criterios transparentes, esté integrado por profesionales independientes y compense adecuadamente a las víctimas de los abusos a cargo de la propia Iglesia.
Las asociaciones que han acudido a la reunión han sido la Asociación de Víctimas de abusos de Navarra (AVA), la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Justice Initiative España, la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia (Lulacris), la Asociación nacional de Víctimas Anuladas (ANVA), Mans Petites y la Fundación Vicki Bernadet.
Junto con el ministro, también han acudido al encuentro el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera, y la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo.
En declaraciones a EFE, el fundador de la asociación Mans Petites, Manuel Barbero, ha valorado el encuentro en el que han tenido la oportunidad de trasladar al ministro de la Presidencia el sentimiento de «ninguneo» que padecen las víctimas.
«No hay transparencia, todo lo hace unilateralmente la Iglesia, sin tener en cuenta a las víctimas, cuando deberíamos ser tres los actores en la mesa a la hora de negociar», ha denunciado Barbero, que ha subrayado que no se trata solo de las indemnizaciones, sino de reconocer a las víctimas.
