El Gobierno quiere instaurar una reválida al final de todas las etapas educativas, es decir, exámenes nacionales externos que han de pasar todos los alumnos para poder continuar estudiando. También en primaria, aunque con peculiaridades: si un alumno la suspende porque no alcanza conocimientos mínimos en las materias básicas de matemáticas o lectura, y no ha repetido antes ningún curso, no podrá pasar a secundaria: deberá volver a estudiar 6º (11-12 años). Pero si el estudiante que la suspende ya había sido repetidor, pasará a secundaria, pero con una notificación para que pueda tener apoyo escolar.
Esta reforma —ley de mejora de la calidad educativa— se empezará a discutir ahora con la comunidad educativa, sindicatos y partidos para intentar conseguir el mayor acuerdo posible, dijo ayer el ministro de Educación, José Wert tras el Consejo de Ministros. Fuentes del ministerio aseguran que están dispuestos a negociar para alcanzar el mayor consenso, pero no a renunciar a los principios básicos de su propuesta. El objetivo es tenerla redactada en octubre para empezar a tramitarla en el Congreso antes de que termine el año. Así, podría desplegarse por todas las etapas en los tres años siguientes a su aprobación, momento en el que llegarían esas reválidas.
Estas pruebas externas supondrán, al finalizar el bachillerato, el fin de las pruebas de acceso a la Universidad (Selectividad). Además, Educación prevé una reducción de la carga de asignaturas —pequeña en primaria, más intensa en la ESO y, sobre todo, en bachillerato— el tiempo dedicado a las materias básicas: Lengua, Matemáticas, Ciencias e Inglés.Educación prevé aumentarlo un 25% en las dos etapas de la secundaria. Asimismo, se eliminará Educación para la Ciudadanía en primaria y en la ESO, con contenidos limados, será Educación Cívica y Constitucional. Solo se podrá pasar de curso con dos suspensos (ahora se permite con tres si así lo deciden los profesores). Se eliminará asimismo el apellido de Ciudadanía a la materia de Filosofía de 1º de bachillerato.
Además, se adelanta a 3º de la ESO, aunque tímidamente, la elección del curso que conduce a la FP o al bachillerato, con algunas materias optativas; y en 4º los itinerarios hacia una enseñanza u otra ya estarán “bien diferenciados”. “Estamos marcando un camino distinto para que la elección se anticipe como mínimo un año”, indicó Wert. Educación confía en esta fórmula para reducir el abandono y el fracaso escolar y para guiar a más alumnos hacia la FP de grado medio. La Ley de Calidad (LOCE), aprobada durante la etapa de Gobierno del PP en 2002, que tumbó el PSOE al ganar las elecciones, preveía itinerarios desde 3º. Los programas de cualificación inicial (alternativas a la ESO para que los chicos en mayor riesgo de fracaso empiecen a aprender un oficio) se podrán empezar en 2º de ESO si el alumno ha cumplido 15 años, es decir, si ya ha repetido dos veces. Esto ya lo preveía la reforma hecha por el anterio Gobierno del PSOE y paralizada por el actual. También preveía aquella norma un 4º de ESO con tres itinerarios.
Junto a la elección temprana, lo más polémico del proyecto de reforma serán sin duda las reválidas (que en el ministerio se resisten a llamar así, pues suena antiguo, dicen, y pretenden con los cambios mirar al futuro). Primero, porque pueden significar un golpe a la igualdad de oportunidades: "No tienen más función que marcar diferencias, no ganas nadas, solo entorpecen", dice el catedrático de la Universidad de Valencia José Gimeno Sacristán, que cita un documento del Gobierno franquista que justificaba la abolición de estos exámenes —se suprimieron en 1970— porque solo servían para estrangular el acceso a la educación: un 50% suspendía la reválida de bachillerato elemental, y un 43% la del bachillerato superior. “Hacerlas en la etapa obligatoria es una barbaridad”, añade.
Además, algunas comunidades tienen dudas sobre quién va a asumir el coste económico de las pruebas y porque las competencias transferidas pueden chocar con la capacidad del Gobierno para fijar las mismas pruebas en toda España.
Habrá dos exámenes de reválida distintos al final de la ESO: uno para los que quieran estudiar Formación Profesional y otro para los que vayan a bachillerato. Los alumnos conseguirán el título obligatorio al aprobar todas las asignaturas de 4º, pero si quieren seguir estudiando, tendrán que hacer esa reválida. Si un estudiante suspende algunas materias (se entiende que entre una y dos) podrá presentarse igualmente al examen: si lo pasa, obtendrá el título y podrán seguir estudiando.
La propuesta de prueba externa del bachillerato es muy parecida a la diseñada por el Gobierno de Aznar. Para conseguir el título de bachiller y poder acceder a la Universidad se necesitará aprobarla (sacar un 5). Cada centro universitario podrá hacer después un examen de acceso a las carreras que quieran, como los que actualmente se realizan en las facultades de Bellas Artes. Estos podrían ser desde una prueba de conocimientos hasta una entrevista personal. O nada.
Aunque el ministerio no lo ha aclarado, se entiende que los que no superen las reválidas de ESO o bachillerato, tengan o no que repetir, deberán pasarse todo el curso siguiente preparándose para intentarlo de nuevo con la reválida al año siguiente.
Una treintena de economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) en un reciente manifiesto propusieron, entre otras cosas, que el establecimiento de exámenes externos para los alumnos al final de primaria y de la ESO con consecuencias académicas, pero que estas no fueran la repetición de curso. Consideran los especialistas que ese es un recurso caro e ineficaz: España es uno d elos países europeos con mayor tasa de repetición: más de un 40% de los estudiantes han repetido alguna vez a los 15 años.Además, los refuerzos que requerirían los repetidores parecen difíciles de conseguir en el actual contexto de recortes educativos.
En todo caso, esas pruebas externas también servirán para diagnósticar los resultados de los centros y las comunidades y así poder establecer planes de mejora, aseguira Educación. Además, la reforma también persigue reforzar el margen de gestión de los directores (clarificando el carácter consultivo de los consejos escolares de los centros) e impulsar la autonomía de los colegios e institutos y su especialización, siempre, eso sí, con la exigencia de que rindan cuentas.
