Entre exenciones fiscales, subvenciones, transferencias anticipadas a cuenta del 0,7% del IRPF, sueldos y compensaciones al culto y clero, la Iglesia Católica recibió unos 9.000 millones de euros del Estado el 2011, tercer año de la depresión. Es la estimación que consignó el dirigente de Izquierda Unida, Cayo Lara, en una pregunta al Gobierno sobre el trato de favor a la cúpula episcopal. La pregunta fue contestada pro forma: todo está en los acuerdos y los Acuerdos con la Santa Sede son sagrados. Ahora el PSOE anuncia “una ofensiva parlamentaria para que el Gobierno aclare el coste de los privilegios de la Iglesia”. La iniciativa responde a un mandato del último congreso del partido, que eligió a Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general y reclamó la revisión de los acuerdos con el Vaticano.
De un partido que ha ejercido el gobierno hasta hace un año se esperaba cierta profundidad relacionada con los millones de euros que, año tras año, el Ejecutivo entrega directamente a la Iglesia de Roma sin fiscalización ni control del Parlamento español, de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas del Reino, órgano carpetovetónico, de cámara lenta y agua pasada. Pero ni una alusión a esas entregas de dinero opaco, sin fiscalización oficial, que algunas fuentes estiman en no menos de tres millones de euros al año, aparece en la iniciativa socialista.
¿Cuál es el destino de los recursos que obtiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de su embajador ante la Santa Sede, por el patrimonio inmobiliario español a nombre de la Obra Pía, situado en “la almendra” de la ciudad de Roma? Estamos hablando de cuarenta edificios con 190 viviendas, 67 bajos comerciales, varias oficinas, locales y garajes en el corazón de la capital italiana (Plaza Nabona y Plaza de España), una de las zonas más cotizadas de Europa, en la que el alquiler de una vivienda frisa los 6.000 euros mensuales.
El secreto envuelve las normas de funcionamiento de la famosa Obra Pía en Roma. Las que dictó el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer en 1940 y las que actualizó Josep Piqué en 2001 como ministro de Asuntos Exteriores de Aznar se han clasificado como secreto de Estado. La fundación canónica Obra Pía que cubre el valioso patrimonio de la época imperial, salvado en el siglo XIX por la Corona española de la desamortización de Garibaldi, ni siquiera ha tenido personalidad jurídica ni ha estado registrada como fundación eclesiástica en España. La administración del patrimonio es ejercida por el embajador ante la Santa Sede con una junta de funcionarios y tres sacerdotes.
El corresponsal diplomático del diario El País, Peru Egurbide, fallecido en junio de 2007, explicó en su día cómo el embajador español ante el Vaticano gozaba de una situación privilegiada como administrador del cuantioso patrimonio y era, por ello, uno de los más cortejados socialmente en Roma, donde nunca faltaban un cardenal, una princesa o un senador en busca de un piso céntrico, noble y barato para sí, para un amigo o para una sobrina que se casa.
El poder inmobiliario y la capacidad de hacer favores contribuye a explicar en cierto modo que la sucesora del exalcalde de A Coruña, el vaticanista del PSOE Francisco Vázquez, en la embajada ante la Santa Sede, la diplomática María Figa, permaneciese menos de un año en el cargo; en cuanto el PP llegó al Gobierno, nombró a una persona de mayor confianza, un diplomático que colaboró con la dirección del partido, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga.
Después de la crisis de favores y enchufes que se vivió al comienzo de la década pasada en la Obra Pía, Exteriores introdujo cierto orden y el embajador y presidente de la junta de la Obra quedó obligado a presentar el presupuesto y los resultados anuales al subsecretario del Ministerio, así como una auditoria externa cada año. Pero la Obra continúa en un limbo jurídico que impide a la intervención de Hacienda controlar sus cuentas. Y, por su parte, el Estado italiano no reconoció su personalidad jurídica hasta que, a mediados de los años noventa, una sentencia derivada de un litigio fiscal se la otorgó.
A pesar de que ese régimen puede recordar por un momento el del poblado chabolista de la Cañada Real Galiana de Madrid, la Obra Pía es en realidad una gran agencia inmobiliaria con una recaudación anual de más de seis millones de euros en alquileres de viviendas y locales comerciales en la zona más turística de Roma. ¿A quién benefician esos recursos? Descontados los gastos, ¿qué cantidad exacta se entrega anualmente al Papa? El exembajador Vázquez y antepenúltimo inquilino del Palacio de Monaldeschi, en cuya restauración del patio principal, escalinata y artesonado, invirtió 700.000 euros, se mostró “orgulloso” de haber establecido unas normas “garantizando la transparencia” de la fundación canónica.
En una entrevista de despedida a la revista católica Vida Nueva, Vázquez dijo que había dotado a fundación canónica de “una gran salud financiera”, con más reservas que presupuesto, lo que le permitía cumplir sus fines que son, dijo, atender las necesidades de la Iglesia española en Roma y formar a los eclesiásticos españoles que van a estudiar a Roma. “Estoy, además, particularmente orgulloso de haber creado una residencia para los sacerdotes jubilados en esta capital”, concluyó. Sin embargo, no desveló las entregas que le tocó realizar al Vaticano.
Ahora la “ofensiva parlamentaria” del PSOE deja al margen el proceloso asunto y se concreta en una docena de preguntas, a cargo del diputado por Navarra y hombre de confianza de Rubalcaba, Juan Moscoso, sobre el coste fiscal anual de las actividades exentas de impuestos como las publicaciones eclesiásticas, la enseñanza en seminarios o universidades de la Iglesia y la adquisición de objetos destinados al culto.
También quiere que el Gobierno calcule el coste que supone la exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los inmuebles de la Iglesia como templos, capillas, locales destinados a la actividad pastoral, residencias de obispos y sacerdotes, oficinas de la Curia diocesana y parroquiales, seminarios para la formación del clero, universidades eclesiásticas y casas o conventos de las órdenes y congregaciones religiosas. Lo mismo sucede en el caso de los impuestos sobre la renta y el patrimonio y los impuestos sobre sucesiones, donaciones y transmisiones.
El diputado y portavoz para la Unión Europea cree llegada la hora de “revisar los Acuerdos con el Vaticano porque no tiene justificación la exención fiscal en tiempo de crisis y porque los tiempos han cambiado y ha llegado el momento de que la Iglesia se autofinancie como el resto de confesiones y como sucede con otras religiones en los países desarrollados”.
Moscoso también se interesa por el “cobro arbitrario” de entradas que practica la Iglesia Católica en edificios del patrimonio histórico, artístico y documental que son sostenidos con fondos públicos. Pide el detalle del presupuesto anual del Vicario General Castrense, sus nóminas y gastos. Recaba el número de religiosos que prestan asistencia en las cárceles y los hospitales, y su presupuesto. Y solicita la cifra de profesores de religión, cuántas horas lectivas se dedican a la enseñanza de esta asignatura y cual es su coste. “Parece mentira –concluye– que este Gobierno privatice la salud del cuerpo y, sin embargo, mantenga con fondos públicos la salud del alma; no tiene ningún sentido que la Iglesia subcontrate la educación religiosa en el Estado y, encima, sufragada por todos los ciudadanos”.
El diputado socialista Juan Moscoso. / Wikipedia
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