En respuesta a una pregunta del senador de Izquierda Confederal Carles Mulet, el Ejecutivo señala que la «inscripción en el Registro de la Propiedad no constituye el título de adquisición de la propiedad, sino que tiene valor declarativo, generando la presunción de que el bien pertenece a su titular».
El Gobierno central se encuentra en proceso de elaborar el informe relativo a la situación de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica sobre la base de los listados solicitados a los registradores de la propiedad a través del Colegio de Registradores, según la respuesta aportada por escrito en el Senado por la Administración central a una pregunta del senador Carles Mulet García, de Izquierda Confederal.
Ese listado hará referencia a los bienes que cada registrador ha detectado como inmatriculados en su Registro a nombre de la Iglesia Católica, la diócesis o las parroquias correspondientes, así como a nombre de aquellas entidades u órdenes religiosas de las que se haya tenido conocimiento en el respectivo Registro de la Propiedad, siempre según el texto de la respuesta que tuvo lugar el 17 de marzo pasado.
Además, el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez responde que la «inscripción en el Registro de la Propiedad no constituye el título de adquisición de la propiedad, sino que tiene valor declarativo, generando la presunción de que el bien pertenece a su titular».
La pregunta formulada por el senador el pasado 27 de enero, indica que el Gobierno de Sánchez anunció hace un año que disponía ya del listado de bienes inmuebles inscritos de forma irregular por la jerarquía católica, entre ellos la Mezquita-Catedral de Córdoba y la Giralda de Sevilla, así como decenas de miles de cementerios, plazas públicas, ermitas municipales, iglesias, casas, locales comerciales e incluso frontones.
Pero transcurrido ese tiempo, el Gobierno sigue sin hacer público el listado de inmatriculaciones de la Iglesia Católica, después de que 20 colectivos exigen la restitución de la legalidad y la devolución de miles de inmuebles apropiados, entre ellos el principal monumento de Córdoba. «La información sigue guardada en un cajón del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo ha incumplido, por consiguiente, su compromiso de hacer público el ingente número de bienes inmuebles inscritos de forma irregular por la jerarquía católica», apunta la pregunta.
La publicación de ese listado es una demanda de la coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos ciudadanos. En febrero de 2017, Recuperando formuló ante el Congreso de los Diputados una petición por escrito y en abril de ese mismo año la Comisión de Justicia asumió una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno la elaboración del listado de inmatriculaciones.
En octubre de 2017, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), ordenó al Colegio de Registradores de la Propiedad que elaborase la relación de inscripciones de la Iglesia y un año después, el 2 de agosto, tras la moción de censura, Pedro Sánchez se comprometió a ejecutar la decisión parlamentaria.
Ahora, han transcurrido ya dos años y cuatro meses desde la aprobación de la PNL, impulsada por el PSOE, y según ha trasladado esta coordinadora «el Gobierno de Sánchez sigue sin cumplir su compromiso, pese a que su propia vicepresidenta, Carmen Calvo, formó parte de la comisión de la Mezquita-Catedral de Córdoba que reclamaba su titularidad pública», abunda el texto de la pregunta.
En el programa del PSOE
Es más, el senador recuerda que la devolución de los bienes indebidamente inmatriculados por la Iglesia forma parte del programa electoral del PSOE y de Unidas Podemos. Recuperando solicitó el pasado 2019 por escrito sendas entrevistas con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. «Diez meses después ninguna de las dos ha accedido a reunirse con el colectivo ciudadano».
Recuperando reclama la publicación del listado completo de inmatriculaciones y las notas simples de los bienes irregularmente registrados por la Iglesia católica entre 1946, año de la promulgación del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, y 2015, cuando el entonces ministro Alberto Ruiz Galardón (PP) se vio obligado a derogarlo, ante la evidencia de su inconstitucionalidad.
La coordinadora Recuperando está formada por una veintena de colectivos ciudadanos, entre ellos MHUEL, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita-Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla o el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias.
