Comentarios del Observatorio
La imposición de la sharía supone la imposición del islam al conjunto de la población, y de una determinada corriente dentro del ámbito musulmán. Esta es una de las mayores vulneraciones de la libertad de conciencia de al población. Las instituciones internacionales que velan por los Derechos Humanos deberían actuar ante casos tan graves como este en el que un Estado, lejos de velar por la libertad de su población de profesar una u otras convicciones, religiosas o no, impone una determinada religión y se dedica a dictar unas determinadas normas de conducta conforme a la misma, en una particular interpretación de dicha religión.
Se solucionará la relación entre la ley civil y la religiosa
Para tratar de superar las dificultades que desde hace tiempo se plantean en el proceso de adaptación de la ley coránica a las disposiciones constitucionales, el gobierno malasio ha señalado el 31 de diciembre de este año como fecha límite para homologar la aplicación de la sharia con la Constitución en diversos Estados de la Federación.
Aunque muchos analistas plantean dudas sobre el plazo, que consideran demasiado cercano, y destacan que la iniciativa oficial contribuirá a reavivar el debate sobre la congruencia entre las leyes del Estado y las religiosas, un tema siempre complicado en un país atravesado por diversas fracturas de tipo étnico, social y religioso.
Como informó la prensa malaya, el 18 de febrero el Ministro de Asuntos Religiosos Mohd Na’im Mokhtar se comprometió a allanar el camino para una relación más segura y menos problemática entre la ley civil y la religiosa antes de que termine el año en curso. Para ello contará con la cooperación del soberano del Estado de Selangor, Sharafuddin Idris Shah, que preside el Consejo Nacional de Asuntos Religiosos Islámicos (National Council of Islamic Religious Affairs). Debería recibir también el aporte de la Comisión especial que dirige un ex presidente de la Corte Suprema que comenzó a trabajar el año pasado y ha sido encargada de evaluar las posibilidades de ampliar las competencias del Parlamento para poder intervenir en esta delicada materia.
La sentencia que dictaron los jueces supremos el 9 de febrero sobre la inconstitucionalidad de 16 leyes vigentes en el Estado de Kelantan fue lo que puso en evidencia la necesidad de afrontar el problema. Las normas se refieren a numerosos delitos punibles según el derecho religioso, desde la sodomía hasta los abusos sexuales, desde la posesión de información falsa hasta la adicción a las drogas y al alcohol, e incluso los criterios que se aplican en los juicios. Todos estos temas están cubiertos por la ley del Estado, sobre la cual el Parlamento federal tiene jurisdicción, pero son modificados en parte por las leyes locales, más cercanas a los ideales religiosos.
Si las palabras del ministro han provocado un debate sobre los tiempos, otros señalan que intervenir en este asunto es un elemento fundamental para la identidad misma del país. Potencialmente, los cambios a la ley incluyen enmiendas a la Constitución y revisiones de las leyes a nivel federal y de los Estados individuales, pero en reaalidad el punto central y que a menudo se elude para evitar repercusiones políticas y sociales es si se deben adaptar las leyes de inspiración religiosa a la Constitución o modificar la Constitución según los principios religiosos.
Básicamente se vuelve a plantear el dualismo que se ha mantenido desde la independencia entre la laicidad del Estado y la islamización de una sociedad actualmente compuesta por un 60% de malayos musulmanes. Cada solución podría provocar el rechazo de la otra parte y poner en tela de juicio incluso la misma Constitución, que en el artículo 121 (1A) establece que las cuestiones relacionadas con la identidad serán juzgadas por los tribunales de la sharia en los distintos Estados. El sistema vigente establece que a los musulmanes se aplica el Derecho penal y de familia según la tradición islámica implementada por leyes aprobadas por las asambleas legislativas de cada Estado; en el caso de los no musulmanes se recurre a los Códigos Civil y Penal aprobados por el Parlamento central.
