El Ejecutivo regional abonó en 2020 por estos servicios a la Iglesia 396.538 euros a pesar de que ese año las residencias estuvieron varios meses cerradas por la pandemia
La Comunidad de Madrid paga cada año 230.000 euros a la Iglesia para “facilitar la asistencia religiosa” en las 25 residencias públicas de gestión directa de la región. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene un convenio firmado con el sacerdocio por el que aporta esa cantidad en 12 pagas, según confirman a elDiario.es desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. “Se paga por unos servicios fijos preestablecidos”, explican desde el departamento que dirige Ana Dávila.
La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, solicitó recientemente información acerca de este convenio con la Iglesia en las residencias públicas y pidió el importe que se ha ido destinando a esta partida desde 2015. Según la documentación facilitada las cantidades que se han estado pagando por esos servicios religiosos han sido muy superiores a esos 230.000 euros los últimos años. En 2018, el montante ascendió a 420.453 euros. Un año después se pagaron 406.054 euros. En 2015, la cifra fue de 362.567 euros.
En 2020 el Gobierno de Ayuso pagó 312.000, aunque después, ya en 2021, añadió otros 84.000 que se habían quedado pendientes del año anterior, con lo que la cifra final fue de 396.538 euros en 2020. Todo ello a pesar de que durante algunos meses las residencias estuvieron cerradas a las visitas externas por la pandemia de la COVID-19.
Desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales aseguran que en diciembre de 2020 se firmó un nuevo convenio, actualmente vigente, que establece un importe fijo de 230.000 euros anuales en 12 mensualidades por unos servicios fijos preestablecidos. Previamente, aseguran desde este departamento, se había mantenido entre 1999 y 2020 otro con la Provincia Eclesiástica de Madrid “que establecía un abono variable en función de los servicios prestados cada año y en función de la demanda”.
Casi 400.000 euros en 2020 con las residencias cerradas
Así, en 2021 se pagaron 314.352 euros porque al canon fijo de 230.000 euros se sumaron los 84.000 euros pendientes de 2020. Desde la consejería aseguran a este diario que este aumento en la cuantía se debe a un retraso en los pagos de “tres meses pendientes de facturación de 2020” que se abonaron al año siguiente.
Lo que no explica el Ejecutivo madrileño, a preguntas de esta redacción, es cómo puede ser una cantidad casi idéntica a la del año anterior teniendo en cuenta que las residencias permanecieron cerradas a las visitas durante varios meses por la pandemia. En esos meses también se impidió la derivación de los ancianos de las residencias a los hospitales, negándoles asistencia sanitaria dado que el Gobierno regional tampoco contrató médicos ni dio medios materiales a los centros.
Para la diputada socialista Lorena Morales “no es de recibo que en el año 2020, en plena pandemia, con unas residencias cerradas como ratoneras a las que los familiares no pudieron pasar para darle el último adiós a su ser querido”, la cantidad ascendiera a casi 400.000 euros. “Es algo que nos hace saltar todas las alarmas”, asegura.
“La Comunidad de Madrid con una mano recorta en sus pocas residencias públicas las plazas y subasta aspectos tan esenciales como la alimentación de las personas mayores, mientras que, con la otra cada año abona, al menos, 230.000 euros por asistencia pastoral católica en esos centros públicos”, critica Morales. La diputada socialista se refiere con estas declaraciones a la comida podrida que se ha servido por parte de la empresa subcontratada por el Gobierno regional a la residencia Francisco de Vitoria. El Ejecutivo autonómico prorrogó este contrato a esa misma empresa hasta marzo de este año a pesar de que Ayuso prometió que lo cancelaría durante la campaña electoral.
Despacho para el cura y lugares para el culto
Según el convenio firmado entre el Gobierno de Ayuso –con Concepción Dancausa como consejera del área– y la Iglesia, al que ha tenido acceso este diario, cada residencia debe proporcionar al sacerdote un local “idóneo” para el culto así como una “estancia para el capellán” donde recibir visitas “y guardar documentación”. “También se dotará de los medios materiales necesarios para las celebraciones”, especifica el acuerdo. 226.691 euros se destinan al pago de personal, a razón de 18.890 euros al mes. 3.308 euros es para material.
Desde la Consejería defienden que este servicio pagado con fondos públicos está amparado por la Constitución. “La Constitución Española consagra en su artículo 16 la libertad religiosa y de culto en España y la normativa vigente garantiza que los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en establecimientos asistenciales, entre otros”. Preguntados por si existen convenios similares para otras religiones, desde Asuntos Sociales responden que “por demanda solo ha sido necesario conveniar para católicos”.
