Padres y profesores no tienen el derecho a educar a sus hijos en el odio; en cambio los menores sí tienen el derecho de recibir una educación en libertad.
Los menores tienen derecho al desarrollo en plenitud de la personalidad, y tal como afirma el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, “los Estados deben inculcar al niño el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas”. Parece una obviedad recordar que los estados deben velar por la promoción de los derechos humanos y que las leyes deben ir encaminadas a asegurar precisamente dicha promoción. Pero, de momento, el Gobierno de la Región de Murcia (formado por Ciudadanos y PP, con el apoyo en la investidura de Vox) ha decidido alejarse de este consenso, de un modo explícito por parte de su presidente o jugando al despiste por parte de su vicepresidenta, apostando así por alejarse de la defensa y promoción de los derechos humanos, de los derechos de la infancia.
Finalmente todo apunta que habrá PIN parental en la Región de Murcia de uno u otro modo, esto es, una fiscalización del derecho que todo menor tiene a recibir una educación (también una educación en derechos humanos). No está de más recordarle al Gobierno murciano que la infancia tiene unos derechos que no son negociables ni opinables. Si bien es cierto que los padres y madres tienen derecho a decidir ciertas cuestiones referidas a la educación de sus hijos, éstas deben ir encaminadas a afianzar lo que la Convención de Derechos del Niño propone, que no es otra cosa que el interés superior del menor. Y, precisamente, en base a ese interés superior el artículo 12 de dicha convención también nos habla de “garantizar que el niño esté en condiciones de formarse un juicio propio”. No se sostiene que padres, madres o profesores tengan en su mano poder fiscalizar los derechos del menor, el derecho a recibir una educación sexoafectiva, o el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Lo que hay por debajo de todo esto es, desgraciadamente, lo de siempre. Para los sectores más conservadores de la población las personas LGTBI y toda sexualidad que no pase por la procreación heterosexual es una aberración en sí misma, y, como tal, debe ser escondida y no explicada con naturalidad. En este caso Isabel Franco y Ciudadanos han decidido mirar hacia otra parte a costa de la población LGTBI, restando importancia al hecho de la implantación del PIN parental, amparándose en una supuesta libertad de educación de padres y profesores que no existe: los padres y/o los profesores no tienen el derecho a educar a sus hijos en el odio; en cambio los menores sí tienen el derecho de recibir una educación en libertad.
Los directores de instituto no deberían ser cómplices de esto, ni tampoco las asociaciones de padres y madres. La educación es un derecho que va más allá de los prejuicios de unos u otros; el libre desarrollo de la personalidad incluye el derecho a desarrollar la propia sexualidad e identidad en libertad, también incluye la libertad en el ámbito de la educación.
Se equivocan quienes piensan que vencerán a través del odio, de la implantación de medidas que cercenan la libertad de los menores. Se equivocan quienes juegan con poner en cuestión los derechos de la infancial. Nos tendréis enfrente; en cada centro educativo, en cada decisión que toméis en contra de los derechos de las personas LGTBI, de los menores, en contra de los derechos humanos. Señalaremos a cada centro educativo, señalaremos cada medida que agreda a la libertad de todos; señalar vuestra incompetencia y vuestra ignorancia es una obligación: no sois dignos de representar a la ciudadanía. Nos tendréis enfrente.
Mariano Beltrán
