Lo anunciaron este jueves desde el Ministerio de Educación, donde se detalló la ubicación de 54 instituciones educativas que de incorporan al Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares.
El proyecto del Gobierno de Bolsonaro es la militarización de más de 200 escuelas, mientras que la educación pública y crítica se encuentra cada vez más amenazada por las bajas presupuestarias. Aprovechando esta situación y con un discurso de «mejorar la seguridad y calidad educativa», que sería mediante una mayor vigilancia y criminalización de estudiantes y docentes, el Gobierno lanzó el plan en escuelas de todo el país.
De las 54 escuelas, 38 serán estatales y 16 municipales, que se distribuirán en 23 estados y el Distrito Federal el próximo año. 19 en el norte, 12 en el sur, 10 en el medio oeste, 8 en el noreste y 5 en el sureste. Cada escuela recibirá 1 millón de reales del Gobierno federal, es decir un total de 54 millones en recursos para militarizar la educación pública.
Es por esto que el argumento del Ministerio de Educación de que la adhesión al programa fue voluntaria es relativo ya que se utilizó la extorsión de los recursos presupuestarios. Según el secretario de educación básica del Ministerio, Jânio Carlos Macedo, las escuelas en las capitales y las regiones metropolitanas fueron priorizadas para un mayor acceso. Se eliminaron los municipios que no enviaron la adhesión firmada por el alcalde y con poca o ninguna reserva militar residente en la ciudad.
Los involucrados en el programa de las escuelas cívico-militares recibirán capacitación promovida por el Ministerio y entre los temas cubiertos se encuentran el PPP (Proyecto Político Pedagógico), las normas de conducta, evaluación y supervisión escolar y la presentación de las reglas de operación de las escuelas y las atribuciones de cada profesional.
Para que quede claro el objetivo, el subsecretario de Promoción de las Escuelas Cívico-Militares, general Aroldo Ribeiro Cursino, destacó el tema de la disciplina en este modelo de escuela. Dijo que gran parte del tiempo que los estudiantes pasan en las aulas se desperdicia por «falta de silencio o control de la clase», y que el proyecto apunta a cambiar eso en base a una imposición con un modelo pre-moldeado que impide que los estudiantes se expresen libremente y que desarrollen plenamente sus capacidades. «Lo que se espera es un comportamiento que valore un mejor trato hacia el maestro, los colegas y el respeto por los símbolos nacionales», dijo.
La visión oscurantista del Gobierno de Bolsonaro es que los problemas en la educación pueden resolverse vigilando y militarizando las escuelas, una supuesta «disciplina» que en la práctica significa la represión física e ideológica de los estudiantes.
Detrás de este discurso se encuentra el proyecto «Escuela sin partido», que en realidad es un proyecto para evitar que la escuela sea el espacio donde los estudiantes puedan ponerse en contacto con discusiones que son parte de su vida cotidiana, como el machismo, el racismo y la fobia a la diversidad sexual.
El Gobierno federal planea implementar esta gestión en 216 escuelas para 2023, 54 por año. Bolsonaro ya había dejado claro después de firmar el decreto en septiembre que para él este modelo debería imponerse.
Este modelo busca cambiar la gestión, eliminan la tarea pedagógica de manos de especialistas y su transferencia a manos de agentes de policía, lo que fortalece la persecución política, la coerción y la criminalización de maestros y estudiantes.
No existe pensamiento libre bajo las botas de esta policía que todos los días muestra como tratan a los niños en las favelas de todo el país.
