Mediante la promulgación de un decreto ley el Gobierno balear (decreto ley 3/2024, de 24 de mayo, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las illes balears ) da vía libre para que el presupuesto público pague obras de los colegios concertados , amplíe sus instalaciones o ceda ilimitadamente suelo público. Efectivamente, el artículo 23 de este Real Decreto, establece que, simplemente, con una declaración del Gobierno balear de “inversión de interés autonómico “se da ya la vía libre para pagar obras, reformas, ampliación y cesiones de suelo etc de los colegios privados y todo ello con cargo al erario público. Así se lee “Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación y Universidades, puede declarar como inversión de interés autonómico las actuaciones de mejora o ampliación de centros educativos privados sostenidos con fondo públicos, en las condiciones que determine para ejecutarlas, por su especial relevancia para el desarrollo económico y social de las Illes Balears,cuando razones de interés público lo aconsejen” y más adelante se establece en detalle como las administraciones deben asumir estas obras.
Esperemos que los grupos parlamentarios de Illes Balear de oposición no convaliden esta cesión absoluta a la escuela concertada y que lleven a los tribunales tanto desatino que, por otro lado, si se pueden cometer ,es también por el desistimiento de los partido políticos que dicen defender la escuela pública pero promulgan leyes ,como la ley Celáa, y no hablemos ya de la ley de Formación profesional, que han consolidado a la escuela concertada, garantizándola unos fondos y una expansión ilimitadas.
