El Ejecutivo señala que ya publicó el listado, que fue lo único que le exigió el Congreso de los Dipuetados, y recuerda que la norma ya está derogada
El Gobierno ha respondido al portavoz de Sumar en el Congreso, el diputado por Córdoba Enrique Santiago, que ya no tiene más obligaciones en el asunto de las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia Católica. Santiago preguntó al Ejecutivo a finales de diciembre por si había una “fecha prevista para publicar el listado completo de inmatriculaciones de la Iglesia Católica que abarca el periodo de 1945-1998” y para “declarar nulas de pleno derecho las inmatriculaciones al amparo de la Ley Hipotecaria”, además de una reclamación sobre la titularidad de la Mezquita de Córdoba.
En su respuesta, el Ejecutivo sostiene que después de la Proposición No de Ley aprobada el 4 de abril de 2017 elaboró y remitió al Congreso de los Diputados el “listado completo” de las inmatriculaciones de la Iglesia en el “espacio temporal” que se acotó entonces. Así que considera que ya no queda “pendiente obligación alguna al respecto”, según consta en el documento.
“Por otro lado, cabe recordar que la inconstitucionalidad de las normas debe producirse con arreglo a los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico”, describe el Ejecutivo. En este sentido, el Gobierno señala que 2ni el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 206 y concordantes de la Ley Hipotecaria, respecto de la inmatriculación de bienes mediante certificación eclesiástica, ni se planteó cuestión al respecto por parte de alguno de los tribunales que conoció de causas en la que se aplicó dicha norma“.
“La inmatriculación en virtud de certificación eclesiástica fue derogada por la Ley 13/2015”, según evoca el Ejecutivo al portavoz parlamentario de Sumar. Aquella ley fue anulada por el Gobierno de Mariano Rajoy, con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia, en plena polémica por las inmatriculaciones de la Iglesia.
Por último, y aunque no es preguntado por ello, el Gobierno precisa que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en su sentencia de 20 de diciembre de 2016, dictaminó la satisfacción equitativa para la Sociedad Anónima del Ucieza, que había obtenido pronunciamiento a su favor” por una inmatriculación en una sentencia de noviembre de 2014 previa a la derogación de la norma.
