El pasado 13 de mayo, durante la celebración religiosa con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, el gobernador Miguel Márquez consagró a Guanajuato al Sagrado Corazón de Jesús. Emulando al exgobernador César Duarte, quien hizo lo mismo años atrás en Chihuahua, así como a la otrora alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, cuando entregó las llaves de esa ciudad a Jesucristo. A todo esto la interrogante es, ¿qué conducta se esperaría de las autoridades civiles en un Estado laico? Desde luego que no está a discusión la libertad religiosa del gobernante para acudir a una ceremonia de su credo, sino precisamente actuar como si fuera ministro de culto, esa no es su competencia. El poder los tienta para comportarse de esa manera.
Un Estado laico es aquel que no se identifica con una Iglesia o confesión religiosa alguna. Es garante del pluralismo religioso y de la convivencia pacífica de las religiones en la sociedad, donde las personas pueden expresar públicamente su fe. Es un principio esencial, no es ni puede ser un fin del Estado democrático, la laicidad es un instrumento para la garantía de la libertad religiosa en condiciones de igualdad para los ciudadanos y comunidades religiosas. Por tanto, el fin de la laicidad es la libertad religiosa ya que reconoce a la religión y por tanto a las iglesias como parte de la vida democrática, sin dañar la justa autonomía entre las instituciones civiles y religiosas.
La autoridad funge como árbitro para hacer realidad esto. ¿Qué pasa cuando el gobernante se torna en parcial? Lesiona la autonomía del Estado y las religiones. El Estado es incompetente para juzgar la verdad o falsedad de las religiones e incluso para dar juicios de valor en torno a cuestiones relacionadas con la fe de sus ciudadanos. El Estado no puede pronunciarse acerca de cuál religión es mejor o peor. En contrapartida, tampoco puede excluir al creyente de la vida pública, so pretexto de que la religión pertenece al ámbito privado.
El gobernador Márquez, con su actuación, quebrantó la laicidad del Estado, pues tan condenable es utilizar el poder para denostar a la religión o para ostentarse como ministro de culto o el César del Bajío. En 1555, la llamada «Paz de Ausburgo» estableció el principio cuis regio eius religio (de quien es la región, de él es la religión). En Guanajuato existe una pluralidad religiosa, es respetable la religión mayoritaria, precisamente por ello, las minorías religiosas resultan perjudicadas por los dichos del gobernador de todos los guanajuatenses, al verse excluidas, por la máxima autoridad civil de esa entidad federativa.
Federico de Prusia llamaba al emperador José II «rey sacristán» por el intervencionismo político en la Iglesia católica a la que pertenecía la mayoría de sus súbditos. Me parece que no es deseable tener un «gobernador sacristán» o «gobernadores totalitarios» como aquellos que pretenden atacar a jerarcas religiosos en aras de hacerse pasar como laicistas, socavando la libertad religiosa de sus gobernados. En una situación extrema, tampoco resulta favorecedor de la libertad religiosa el hecho de que algún aspirante a la candidatura presidencial de 2018 pretenda que las iglesias establezcan como «pecado social» la presunta compra de votos, para estar al contentillo del proponente.
Ya entrados en el tema, resulta condenable el ataque perpetrado en días pasado contra un sacerdote de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Urge que los legisladores tipifiquen el odio religioso en los códigos penales, ya bastante mala imagen tenemos con la violencia de todos los días, como para no hacer nada contra las conductas de odio en razón de la pertenencia a una religión.
