«La Iglesia española es una de las mayores potencias económicas del país y ha construido parte de su patrimonio inscribiendo sus bienes sin demostrar que son de su propiedad»
Desde hace décadas, la Iglesia ha inscrito a su nombre miles de bienes en España, muchos de ellos de origen público o comunitario. La falta de transparencia y las dificultades para reclamar estos bienes han generado un conflicto que sigue sin resolverse.
En España, hay un misterio sin resolver que afecta a miles de propiedades: ¿a quién pertenecen realmente muchas de las iglesias, plazas, terrenos e incluso monumentos históricos que han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica? Para responder a esta pregunta, hay que remontarse a una práctica poco conocida pero de gran impacto: las inmatriculaciones.
Las inmatriculaciones son el proceso mediante el cual una entidad inscribe un bien en el Registro de la Propiedad por primera vez. Desde 1946 y hasta 2015, la Iglesia pudo hacerlo sin necesidad de presentar pruebas de propiedad, gracias a una ley franquista que le otorgaba el privilegio de actuar como notaria de sí misma. Esto significa que bastaba la firma de un obispo para registrar terrenos, templos y hasta plazas públicas sin que nadie pudiese cuestionarlo.
«Más de 100.000 bienes podrían haber sido inmatriculados por la Iglesia sin demostrar su propiedad.»
¿CUÁNTOS BIENES HAN SIDO INMATRICULADOS?
En 2021, el Gobierno publicó una lista con 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, aprovechando una reforma del expresidente José María Aznar que le permitió registrar también lugares de culto. Pero esta lista es solo la punta del iceberg. Las asociaciones que investigan el tema, como«Recuperando«, calculan que desde 1946 la Iglesia ha podido inscribir a su nombre más de 100.000 bienes.
La falta de transparencia hace que conocer la cifra exacta sea casi imposible. Muchos de los registros están redactados deliberadamente de forma genérica y confusa, sin detallar con precisión qué propiedad se ha inscrito. Por ejemplo, en la lista del Gobierno aparecen descripciones como «capilla en Felgueras», que en realidad corresponde a la iglesia de Santa Cristina de Lena, declarada Patrimonio Mundial.
Esta ambigüedad impide que ayuntamientos y ciudadanos puedan reclamar propiedades que, en muchos casos, han sido mantenidas o construidas con dinero público.
EL CASO DE SANTA MARÍA DEL MAR: CUANDO UNA IGLESIA DEL PUEBLO SE CONVIERTE EN NEGOCIO PRIVADO
Uno de los ejemplos más llamativos de inmatriculaciónes el de la basílica de Santa María del Mar en Barcelona, conocida por la novela La Catedral del Mar. Se trata de un templo medieval que fue construido gracias al esfuerzo y el dinero de los vecinos, que cargaban las piedras para su edificación.
Sin embargo, en fechas recientes, la Iglesia lo registró a su nombre y comenzó a cobrar entrada a los visitantes. Cuando la plataforma Recuperant intentó obtener información sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad, se encontró con una negativa. “Nos dijeron que no podían darnos datos porque se trataba de una iglesia”, denuncia Dino di Nella, portavoz de la organización.
Esta opacidad se repite en toda España y dificulta que los ciudadanos sepan qué bienes han sido inmatriculados y en qué condiciones.
«La falta de transparencia en los registros impide saber qué bienes pertenecen realmente a la Iglesia
EL «PACK TODO EN UNO»: CUANDO UNA IGLESIA INCLUYE PLAZAS, TORRES Y JARDINES
Uno de los aspectos más polémicos de las inmatriculaciones es que, en muchos casos, la Iglesia no solo registró templos, sino también terrenos anexos, plazas públicas y edificios históricos. Este fenómeno ha sido bautizado como el «pack todo en uno».
Por ejemplo, la Catedral de Sevilla no fue registrada sola: la Iglesia también se apropió de la Giralda y del Patio de los Naranjos, dos símbolos históricos de la ciudad. En la Catedral de Valencia, se inscribió la iglesia junto con la torre del Micalet, una construcción del siglo XIV.
El caso más insólito ocurrió en Mallorca, donde la Iglesia inmatriculó la parroquia de San Salvador de Artà e incluyó en la inscripción las murallas históricas del pueblo y sus jardines interiores. Solo tras una larga batalla judicial, el Tribunal Supremo obligó a la Iglesia a devolver estos bienes al Ayuntamiento.
Pero hay más: en Getafe, la Iglesia inscribió la iglesia de Santa María Magdalena y, de paso, todo el Cerro de los Ángeles, un lugar de tránsito habitual de personas y vehículos. En Córdoba, se apropió de la plaza del Pocito, y en Alcalá de Henares, de la plaza de los Niños.
¿QUÉ VALOR TIENE TODO ESTE PATRIMONIO?
Estimar el valor total de los bienes inmatriculados es difícil, pero las cifras son astronómicas.
– Valor inmobiliario:
Se calcula que el precio del metro cuadrado en suelo urbano oscila entre 1.500 y 3.000 euros en zonas céntricas.
Considerando los miles de edificios históricos, plazas y terrenos registrados, el valor podría superar los 50.000 millones de euros.
– Ingresos generados:
Solo la Mezquita-Catedral de Córdoba recauda entre 15 y 20 millones de euros al año gracias a la venta de entradas.
La Iglesia no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la mayoría de sus propiedades, lo que supone una pérdida de 600 a 1.000 millones de euros anuales para los ayuntamientos.
– Ejemplo internacional:
En Italia, el Vaticano tiene un patrimonio inmobiliario valorado en más de 100.000 millones de euros. Aplicando una proporción similar a España, el valor real del patrimonio inmatriculado podría superar los 70.000 millones de euros.
A pesar de la falta de información, algunas plataformas han conseguido pequeñas victorias. En Artà (Mallorca), el Tribunal Supremo ordenó la devolución de las murallas y jardines históricos que la Iglesia había registrado. Sin embargo, la mayoría de los bienes inmatriculados siguen en manos de la Iglesia sin que se haya iniciado un proceso de revisión general.
¿UN PROBLEMA SIN SOLUCIÓN?
El debate sobre las inmatriculaciones no es solo una cuestión legal o religiosa, sino un problema de justicia histórica. Miles de bienes fueron inscritos a nombre de la Iglesia sin que esta tuviera que demostrar su propiedad, mientras ciudadanos, ayuntamientos y colectivos luchan por recuperar lo que consideran que nunca debió dejar de ser público.
Para muchos, la pregunta no es si estos bienes deben seguir en manos de la Iglesia, sino cuáles han sido las razones de los diferentes Gobiernos desde 1977 a esta parte para no hacer absolutamente nada que sirva para esclarecer la situación.
Mientras tanto, el expolio silencioso continúa, y los ciudadanos siguen sin obtener ningún tipo de respuestas.
