“En la agenda que estamos construyendo con los partidos políticos, de cara a la próximo legislatura, desde luego que no está ese tema”, dijo diputado electo, Víctor Morales Mora.
Cualquier proyecto de ley para que promueva un Estado laico, uno sin religión oficial, está por fuera de la agenda que negocia el presidente electo, Carlos Alvarado, con los partidos políticos que tendrán representación en la futura Asamblea Legislativa.
Así lo dijo el futuro jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, tras la reunión que Alvarado sostuvo este lunes con la Federación Alianza Evangélica Costarricense, en la cual ni siquiera estuvo tema sobre la mesa, según dijeron.
Con esto, se descarta incluir, en el acuerdo político, cualquier reforma al artículo 75 de la Constitución Política, el cual establece la religión católica como la oficial del Estado.
Ese artículo indica: «La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres».
Morales Mora declaró ante la prensa: «En la agenda que estamos construyendo con los partidos políticos, de cara a la próximo legislatura, desde luego que no está ese tema».
«El trabajo de don Carlos Alvarado es trabajar alrededor de los temas que puedan unir a Costa Rica; el presidente no tiene ningún interés en ninguna agenda en la que no hay suficiente consenso», añadió.
El diputado electo aclaró que eso no quiere decir que la fracción del PAC no pueda llevar, en su agenda propia, el tema al Congreso.
De hecho, el plan de gobierno de Alvarado propone la «neutralidad del Estado en materia religiosa».
«Reformar los artículos 75 y 194 de la Constitución Política para convertir a Costa Rica en un Estado laico y modificar el juramento que deben prestar las personas que sean designadas en la función pública», se lee en la página 26 de la propuesta política.
A su vez, la vicepresidente electa, Epsy Campbell, fue una de las promotoras de un proyecto de ley que pretendía derogar el artículo constitucional, mientras fue diputada en el periodo 2002-2006. Esta propuesto no prosperó.
El acuerdo con Rodolfo Piza no incluye la promoción del Estado laico. Lo que dice, en materia religiosa, es: «Se respeta la libertad religiosa y sus manifestaciones públicas y privadas».
