¿Por qué ya no es prioritario defender «La neutralidad de los poderes públicos ante la religión o las creencias y de la obligación del Gobierno de evitar toda confusión entre funciones estatales y actividades»?…
..¿Está el Estado Laico en hibernación? Si así fuese quedaría al menos el consuelo de que, aunque “descafeinado y pacato”, el texto del borrador de la ya aparcada Ley Orgánica de Libertad de Conciencia y Religiosa, que define al Estado como el garante de la neutralidad de los poderes públicos ante las creencias religiosas, más bien antes que después, despertaría de su sueño invernal y lo haría con las fuerzas renovadas. Sin embargo la belicosidad y el malestar del clero y de la derecha en torno a la controvertida y necesaria reforma de la Ley de Libertad Religiosa, que se hicieron patentes desde el mismo momento en que tuvieron indicios de su existencia, hacen temer que el letargo invernal se convierta en un sueño eterno.
Es evidente que ni el PP ni la Iglesia Católica querían que la tramitación siguiese su curso pero ¿qué grado de influencia han tenido en su paralización? Hay que recordar que una audiencia privada, calificada por sus protagonistas como “correcta” y “cordial”, celebrada en el Vaticano en el primer semestre de este año, obtuvo como resultado que la Ley de Libertad Religiosa aparcase inicialmente su aprobación hasta el 2011. Algo que hace dudar de la firmeza de la que hacía gala María Teresa Fernández De la Vega, hace apenas un año, cuando expresaba públicamente “la voluntad firme del Gobierno de avanzar en la laicidad del Estado y de proteger las creencias de quienes no creen”.
Ahora lo que prima es asegurar que es una ley de principio de legislatura, que no es el momento de abrir un frente laicista, que no hay ambiente, que no es conveniente iniciar un nuevo debate, que es probable que despertase los recelos tanto de la derecha como de la izquierda (consecuencia inevitable de querer “contentar” a todos en lugar de intentar hacer las cosas bien), que no es factible su tramitación en la situación actual, que no lograría los votos necesarios para ser aprobada, que no es conveniente crear tensiones en la opinión pública, que hay otras prioridades…
Pues bien, si es totalmente, cierto como asegura Jesús Quijano, portavoz socialista en la Comisión Constitucional, que el gobierno está en su pleno derecho para actualizar prioridades, no es menos cierto que los ciudadanos tienen el mismo pleno derecho para establecer las suyas.
Pilar Rego – Educadora social
