Las partidas cuantificables corresponden a 350 millones de asignación directa vía IRPF, 4.900 de enseñanza concertada y profesorado de religión, 900 de actividad hospitalaria, 600 para el mantenimiento del patrimonio artístico e inmobiliario, 300 de subvenciones a eventos religiosos, 50 para funcionarios capellanes en el ejército, cárceles y hospitales, y 10 millones para Obra Pía de los Santos Lugares y otras afines.
Son las cifras que contabiliza Europa Laica, a partir del informe anterior sobre la financiación de la Iglesia católica, al que se añaden los datos de la Administración de 2015, de organizaciones sociales, medios de comunicación, Conferencia Episcopal Española y estimaciones propias.
El trabajo para elaborar este estudio se hace a través de un seguimiento metódico del Boletín Oficial del Estado (BOE) y otras publicaciones oficiales, cómputos de las subvenciones, partidas presupuestarias aprobadas y visitas a los registros, además de incorporar otra información que va surgiendo. En estas cifras, la parte constatada llega a 11.110 millones de euros al año, y la partida sin calcular, por la ausencia de contabilidad, se estima que podría estar entre otros 10 millones a 30 millones.
En esta partida sin cuantificar entrarían los beneficios fiscales derivados del mecenazgo, las donaciones de suelo público, las inmatriculaciones de suelos rústicos y urbanos, pero no las grandes inmatriculaciones, como la mezquita de Córdoba o las apropiaciones del obispado de Jaca. La Conferencia Episcopal Española no ofrece cifras ni memoria actualizadas, pero en su libro sobre las fuentes de financiación incluye como inexorables tanto los rendimientos de patrimonio como la aportación estatal del IRPF.
Esa aportación estatal directa, el IRPF, de la que resultan 350 millones, se hace calculando la cantidad que los contribuyentes destinarían a la Iglesia cuando marcan con una X esa casilla y que sería el 0,7% del importe a pagar a Hacienda. Pero ese 0,7% no supone que el contribuyente lo pague, sino que el Estado se lo da a la Iglesia. Marcando la casilla para fines sociales, el dinero llega también a la Iglesia, pero por distintas vías ministeriales y de comunidades autónomas, porque se entrega a entidades y fundaciones que pertenecen a la Iglesia, justificadas como Obra Social (2.000 millones) .
La retirada de la financiación vía IRPF en 2017, en manos de los partidos
En estos momentos, y desde el 23 de noviembre, hay presentadas varias iniciativas legislativas al Congreso, por parte de Europa Laica, para que, en la declaración de la renta próxima, correspondiente al ejercicio de 2016, se haya eliminado ya la asignación directa por ese 0,7% que se adjudica al marcar las casillas.
“Está en manos de los partidos llevar adelante la propuesta y podría resolverse en cuestión de semanas. Sin embargo, los llamados ayuntamientos del cambio, especialmente los grandes como Madrid y Barcelona, no están dando muestras de interés”, dice el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado.
Si finalmente los partidos dan un paso adelante y eliminan la casilla del IRPF, el Estado debería suplirlo con algún otro mecanismo, tal y como consta en el acuerdo económico de 1979, ampliado en 2006. La Iglesia católica, por su parte, ha puesto una página web para recibir donaciones, que si se diera el caso de la retirada de asignación de dinero público, podría suplir esta carencia.
“La Iglesia nunca va a dejar de presionar para seguir manteniendo esa situación de privilegio en la financiación, pero este asunto está siendo un clamor tal, que hasta partidos de la derecha piensan que hay que modificar, al estilo del modelo alemán, dando, de paso, una solución a las confesiones minoritarias que también presionan para ser financiadas”, afirma Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica.
Patrimonio: La partida incalculable
Retirar la asignación directa del IRPF es más de una cuestión de equidad y principios que de gran ahorro: son 350 millones al año, frente a los 4.900 de enseñanza concertada y profesorado de religión, que es la partida mayor dentro de los 11.110 del total computable.
Sin embargo, la principal riqueza “adquirida” por la Iglesia, de valor inmenso, procede de las inmatriculaciones. En ese punto, Europa Laica es tajante, porque según Picó, “el Gobierno central debería sacar una ley declarando la nulidad de las inmatriculaciones hechas por la Iglesia al amparo de la anterior ley hipotecaria. De esa forma, si la Iglesia quiere inmatricular un bien, que lo acredite fehacientemente. Pero, por ahora, vemos muy difícil ese camino porque se necesita voluntad política”.
Y aunque también se trate de voluntad política, lo que sí resulta viable es pedir a los ayuntamientos y comunidades autónomas que proporcionen una información transparente de todo lo inmatriculado por la Iglesia: datos identificativos, valor catastral y su uso.
“Eso sería una primera forma de poder conocer la magnitud del expolio realizado sobre el patrimonio público inmatriculado por la Iglesia Católica entre desde 1946, pero sobre todo, desde 1998”, concluye Picó.
La ley hipotecaria de 1946, fue modificada por Aznar en 1998 , permitiendo a la Iglesia (solo a la Iglesia Católica) inscribir por primera vez (inmatricular) lugares de culto y no de culto, sin necesitar más acreditación que una certificación del obispo. Así se llegaron a inmatricular hasta 4.500 propiedades. En 2014, Gallardón cambió la ley eliminando ese privilegio. Pero la eliminación era a la vez una garantía para la Iglesia, porque no tenía carácter retroactivo. Esas “propiedades” no pagan IBI, por la Ley de Mecenazgo, pero tampoco impuestos de otro tipo ( y deberían) en el caso de que la propiedad no fuese dedicada al culto, sino que, una vez puesta el alquiler, se usara como negocio. Pero si se reclama el IBI (a una propiedad inmatriculada) se le reconoce la titularidad al reclamar. La situación era y es esta: La Iglesia se hace con un patrimonio vía inmatriculación, cobra por su explotación (entrada a templos cuando es edificio de culto o alquiler para un negocio, cuando es finca urbana o rústica) y no paga impuestos. Mientras tanto, el Estado se encarga de pagar el mantenimiento de ese patrimonio.
