El mismo, de ser aprobado, funcionará en forma autónoma con independencia técnica y funcional y estará integrado por tres miembros: uno por el MEC que lo presidirá; uno a propuesta de la ANEP, uno a propuesta de la Facultad de Derecho debiendo ser preferentemente un integrante del Instituto de Derecho Constitucional.
En el marco del Día Nacional de la Laicidad, el diputado por el Partido Colorado, Felipe Schipani, presentó un proyecto de ley para crear el Consejo de la Laicidad. El mismo, de ser aprobado, funcionará en forma autónoma con independencia técnica y funcional y estará integrado por tres miembros: uno designado a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura que lo presidirá; uno a propuesta de la Administración Nacional de Educación Pública, uno a propuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República debiendo ser preferentemente un integrante del Instituto de Derecho Constitucional. Las entidades mencionadas remitirán al Poder Ejecutivo ternas de candidatos para que éste, previa venia de la Cámara de Senadores proceda a la designación de los integrantes del Consejo entre los integrantes de las ternas que obtengan la venia. En el caso de que las entidades que deben proponer representantes omitan remitir propuesta fundada dentro del plazo de 30 días de que les fuera solicitada por el Poder Ejecutivo, éste procederá a proponer una terna a fin de remitir propuesta fundada a la Cámara de Senadores en la forma de estilo.
“Tendrá que ver con la garantía de respeto a la laicidad en forma general, la que debe formar parte del consenso nacional básico entre los partidos políticos. Para ello se lo concibe como una institución independiente y separada de los poderes públicos y el gobierno de la educación, de forma análoga a algunas soluciones legislativas recientes creadoras de instituciones para la protección de derechos”, expresó en la exposición de motivos.
Entrevistado por Radio Bárbara, dijo que “no le generaría grandes gastos al Estado”. En el proyecto de ley, expresó que “la laicidad es un principio constitucional de primer orden, por lo que se considera fundamental la creación de una institución de la más alta jerarquía, con atribuciones suficientes para velar por el estricto cumplimiento de los preceptos constitucionales en el ámbito público y asimismo bregar por una enseñanza pública neutral y respetuosa de las diferentes vertientes de ideas y credos que existen en el país”.
“En tal sentido, la tolerancia y el respeto por las diversas posiciones e integración de las diferentes vertientes de pensamiento constituyen uno de los rasgos que mejor nos caracteriza como república. Hemos sido capaces de concebir una sociedad igualitaria en que encuentran su espacio, en igualdad de condiciones, las diferentes posturas que se pueden sostener sin menoscabar el valor de las visiones diferentes. En las antípodas se encuentran los regímenes excluyentes, en los que existe una sola posición, la oficial, y donde los disidentes aparecen aplastados por una estructura arraigada en la burocracia estatal que proclama la postura uniforme que es la única que goza con el beneplácito oficial”,agregó.
Asimismo, recordó que el derecho público patrio, consagró a partir de la Constitución de 1918, “la neutralidad del Estado en materia religiosa, principio que cabe mantener, extendiéndolo respecto del proselitismo en otras áreas, como, por ejemplo, la de la propagación de las ideologías políticas. Cuando, de ese modo, se pone en entredicho la debida neutralidad en la actividad pedagógica de cargo del Estado, se debilita uno de los mejores rasgos de la convivencia nacional”.
“Es menester, entonces, buscar mecanismos idóneos de garantía que tiendan a asegurar las prácticas adecuadas, aventando ante todo las sospechas de desviación. Como se expresó, se propone – mediante el presente proyecto – la creación de un Consejo de la Laicidad, como una institución capaz de velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales que consagran la laicidad, con énfasis en una enseñanza pública neutral y respetuosa de las diferentes vertientes de ideas. La enseñanza debe ser un campo ajeno a las luchas ideológicas y partidarias salvo en lo que refiere a su descripción objetiva, científica y desapasionada y, tomando partido, en todo caso, sólo en lo que significa la sustentación de lo que la propia Constitución define como las bases fundamentales de la nacionalidad, que comprenden la vigencia del Estado de Derecho, el respeto hacia la disidencia, la tolerancia y el pluralismo”, añadió.
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Esta propuesta no es una novedad, aclaró, dado que el ex senador Pedro Bordaberry lo presentó en la pasada legislatura. Este proyecto, no obstante, quedó “archivado” si bien entró a comisión.
