Un fiscal de la Corte Penal Internacional evaluará si es viable la demanda de las víctimas sexuales contra las autoridades vaticanas.
Los denunciantes por crímenes de lesa humanidad contra el Vaticano deberán probar que los abusos cometidos fueron “un ataque a la población civil, realizado de forma sistemática y muy difundida y, sobre todo, que detrás de ellos hubo una especie de dirección, una política organizativa superior”, señaló el juez de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya Cuno Tarfusser, en declaraciones al programa radial 24 Mattino de Italia. Según el magistrado, el recurso presentado por la Red de Supervivientes de Personas Abusadas por Sacerdotes (SNAP, por sus iniciales en inglés) que acusa al papa Benedicto XVI y a otros funcionarios de la Santa Sede por su responsabilidad en las “violaciones y crímenes sexuales” sufridas por niños en todo el mundo, deberá atravesar un “camino estrecho” en sus posibilidades de avance.
La presidenta de SNAP, Barbara Blaine –ella misma víctima de los abusos–, disiente con el juez Tarfusser: “Sabemos que para algunos puede ser arduo equiparar los abusos sexuales y sus encubrimientos con otras formas de violencia tratadas por la Corte de La Haya, pero violencias, estupros y torturas pueden asumir varias formas.” Según su organización, los delitos por los que se acusa a la Iglesia Católica deben ser considerados crímenes contra la humanidad.
Tal como indicó Tarfusser, el Estatuto fija que los crímenes de lesa humanidad son aquellos actos cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Adicionalmente, la convención ratificada por 117 países aclara que estas acciones deben ser realizadas en un marco “de conformidad con la política de un Estado o de una organización”. Es precisamente el “elemento contextual”, tal como lo define el magistrado de la CPI, una de las claves para definir la suerte que tendrá el escrito de más de 80 páginas –y 20 mil hojas de evidencia– presentado por SNAP.
Sin embargo, aun si la acusación fuera considerada por el tribunal, su tratamiento deberá afrontar otro obstáculo. Es que el Vaticano no es Estado miembro de la Corte Penal Internacional, lo que significa que sus fiscales no tienen jurisdicción automática allí. No obstante, para el Centro de Derechos Constitucionales –ONG sin fines de lucro que representa a SNAP–, esto no debería ser una objeción puesto que la denuncia abarca casos de abusos en distintos países, muchos de los cuales reconocen la competencia del tribunal.
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