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en el acuerdo de gobierno PSOE-Sumar se dejaban fuera el fortalecimiento de la educación pública y establecer un horizonte de supresión-integración de la concertada en una red pública única, la laicidad en la escuela o una financiación suficiente
la derecha ha aumentado su poder territorial y los acuerdos en las CCAA gobernadas por PP y Vox apuestan por el aumento de la financiación a la educación concertada; los cheques escolares para fomentar la creación de plazas de educación infantil y de Formación Profesional privadas; y reforzar el control ideológico de la escuela y la censura al currículo, al tiempo que se mantiene el adoctrinamiento religioso
El 24 de enero ha sido declarado por Naciones Unidas como el Día Internacional de la Educación. Bien está si sirve para poner en valor su importancia y para reflexionar sobre el estado de las cosas. Por ello, se recuerda que la educación es un derecho humano, un bien común y una responsabilidad colectiva. Y se defiende una educación de calidad, inclusiva y en equidad, algo que solo puede garantizar la educación pública.
También se llama en 2024 a educar en la paz y contra los discursos de odio. Un loable objetivo cuando estamos asistiendo a un genocidio televisado en Gaza, a la continuidad de la guerra en Ucrania y a otros conflictos geopolíticos. Y por si fuera poco hay un crecimiento de las ideas de la ultraderecha cuestionando la democracia.
No cabe la pasividad ante lo que supone un retorno a la barbarie de un mundo sin derechos humanos y encaminado hacia un colapso por el acelerado proceso de cambio climático. Si Adorno se preguntaba si era posible escribir poesía después de Auschwitz, los docentes debemos de hacernos la pregunta de si es posible educar durante y después de Gaza. Es evidente que hay que hacerlo, como un compromiso moral frente a un mundo violento y a una sociedad tan desigual e injusta.
Si analizamos el estado de la educación en España, las cosas no están bien. Y no tanto por los malos últimos datos conocidos del informe Pisa, como por la presión privatizadora que está sufriendo la educación pública. Tras las elecciones de mayo de 2023, la derecha ha aumentado su poder territorial y los acuerdos en las CCAA gobernadas por PP y Vox apuestan por el aumento de la financiación a la educación concertada; los cheques escolares para fomentar la creación de plazas de educación infantil y de Formación Profesional privadas; y reforzar el control ideológico de la escuela y la censura al currículo, al tiempo que se mantiene el adoctrinamiento religioso.
Y frente a ello, no está habiendo ni política estatal ni mecanismos de defensa. El Gobierno de coalición no fue capaz de revertir los recortes del Gobierno de Rajoy (RDL 14/2012) sobre el aumento de ratios y de la jornada lectiva.
Con la LOMLOE, mucho de lo importante se quedó en intento: ha sido incapaz de impedir la cesión de suelo público para colegios privados, el cobro de cuotas ilegales en los centros concertados y los conciertos que segregan por sexo. El ejemplo de lo anterior es el Madrid de Ayuso, donde además la partida destinada a la educación concertada es la es la segunda mayor del presupuesto, con un crecimiento del 25% desde 2019. El resultado es que solo un 40% del alumnado está escolarizado en los centros públicos en Madrid capital, cuando la escolarización pública en Europa está en el 90%.
Y en este contexto, la educación no está en la agenda de prioridades del Gobierno progresista de coalición a pesar de que algunos se lo exigimos (NOTA 1). De hecho, en el acuerdo de gobierno PSOE-Sumar se dejaban fuera el fortalecimiento de la educación pública y establecer un horizonte de supresión-integración de la concertada en una red pública única, la laicidad en la escuela o una financiación suficiente. Además, incluía el disparate de «combatir» la segregación escolar aumentando la financiación a los conciertos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias; algo que, como dicen los Movimientos de Renovación Pedagógica, «supone darle de comer a una fiera para que no te ataque».
Pero cuando no se quiere afrontar lo importante, hay que inventar un trampantojo o poner un parche. Es un teatro de la representación que distrae a la ciudadanía de lo que de verdad está pasando. Hay dos ejemplos de iniciativas anunciadas por el Gobierno que juegan ese papel de no ir a lo esencial, pero que sirven para dar la sensación de que se están haciendo cosas, mientras la derecha acosa a la educación pública y no se actúa para evitarlo.
- El Gobierno propone restringir el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos. Es el típico debate que genera tormentas en un vaso de agua y mucho ruido, pero que no tiene que ver con la finalidad de la educación, ni con la mejora del sistema. Se anuncia el veto total en los colegios de primaria, que es justamente donde no hay problema porque el alumnado no suele disponer de móvil. El ministerio negociará con las CCAA que en los institutos, en principio, se dejaría en manos de cada centro en función del proyecto educativo que tenga.
Por situar las cosas, hay que decir que el uso desaforado de los móviles no es exclusivamente un problema educativo sino social, de un modelo de consumo y de relaciones sociales que lo potencia. Por eso, es poner puertas al campo su prohibición, cuando la publicidad sobre móviles es tan agresiva sobre la juventud o cuando el mal ejemplo se ve en casa y en la calle.
Mejor sería hablar de uso responsable, de fomentar otros valores en la educación que contrarresten el consumismo y el individualismo, de fomentar las escuelas de familia para que estas tengan recursos para abordar el tema con sus hijos e hijas. Y trabajar planes de convivencia en los centros educativos que eviten que se produzcan situaciones de acoso escolar. Las AFAS proponen invertir en ayudar al alumnado y a toda la comunidad educativa en un buen uso de una herramienta que puede mejorar las competencias digitales, un objetivo de los currículos educativos.
- Invertir 500 millones de euros en reforzar las matemáticas y la comprensión. Está bien todo lo que sea invertir más en educación, pero parece poco. Según calcula Lucas Gortázar, la cantidad apenas permitiría contratar 2.500 profesores y atender a menos de un 5% de los cinco millones de alumnos que hay en España. Es una medida reactiva después de conocer los datos del último Pisa y no parece obedecer a un programa activo de mejora general de la calidad de la educación.
Todo está sin concretar, pero parece que se trataría de lo de siempre: clases de refuerzo para el alumnado con más dificultades, algo que puede hacerse de forma puntual, pero que es un error generalizar poner más horas al alumnado con menos motivación. Una estrategia de mejora real de los niveles de matemáticas y de lengua (y del resto de materias) obligaría a hablar de forma sistémica de mayor inversión (multiplicar por diez la cifra anunciada y fijarse el horizonte del 7% del PIB), contratación del profesorado suficiente para la reducción de ratios y desdobles, formación del profesorado en didáctica, organización escolar en grupos heterogéneos y no segregados para que la mejora sea global y hablar, por supuesto, de currículo.
Desgraciadamente, la realidad se convierte en la mejor metáfora de cómo la excelente escuela pública que tenemos en España se encuentra en una situación difícil por la agresividad de la derecha y por el abandono de la izquierda.
La educación segregadora y clasista que suponen los centros privados concertados es un elefante que está en mitad de la habitación y que no se quiere ver. Ante ello, lo importante es la pregunta ¿cuando se quiere desguazar la educación pública el problema más importante para un Gobierno progresista es prohibir el móvil en las aulas o poner un parche de equis millones? Ha llegado la hora de afrontar la apuesta por una red única de educación pública si de verdad queremos un proyecto de modernización del país.
