Es probable que los jesuitas sean una de las congregaciones más poderosas en Chile: tienen decenas de colegios, una universidad y una serie de fundaciones, en donde se vinculan con empresarios y políticos de derecha y de izquierda. Pero su credibilidad ha ido a la baja, cuando en menos de 20 años, ha acumulado 17 religiosos denunciados por abusos sexuales y con la pérdida del favoritismo que por años le tuvo la élite.
En sus más de 500 años de historia, los jesuitas han sido expulsados y perseguidos por diversos estados e imperios. Han vivido entre la alabanza y la crítica, siempre en la polémica, debido a su mandato de lealtad incondicional al Papa. Fundada por San Ignacio en 1534, la Compañía de Jesús se expandió rápidamente en el planeta y se hizo cargo de evangelizar el ‘Nuevo Mundo’ -América- en donde fueron de los primeros en instalar iglesias, universidades y colegios.
En menos de 500 años pasaron de ser una congregación nacida al calor de la Contrarreforma a liderar la Santa Sede desde 2013, con la elección del argentino Jorge Bergoglio como Pontífice, cuyo nombre es ahora Francisco.
Los 15.000 jesuitas que existen en el mundo lideran instituciones tales Radio Vaticana; el Observatorio Astronómico Vaticano; el Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría que cuenta con 2.600 centros en América.
Actualmente, los jesuitas cuentan con 21 establecimientos educacionales de Antofagasta a Puerto Montt, en su mayoría privados, los cuales educan a 18.609 estudiantes, tienen más de 1.800 docentes y un poco más de 130 sacerdotes.
Los jesuítas llegaron a Chile en 1593 para encargarse de la educación, fundando escuelas a lo largo del país. En este aspecto, siempre han estado cerca de la élite nacional y del poder y a pesar de tener, durante el siglo XX, un fuerte acento en los temas sociales, sus colegios han sido históricamente de costosas matrículas. Por sus aulas han pasado más de 200 personajes relevantes de historia reciente chilena, entre los que destacan Radomiro Tomic y Bernardo Leigthon, dirigentes histórico de la DC; el ex ministro del interior de Michelle Bachelet, Jorge Burgos (DC); el ex canciller Mariano Fernández (DC); el ex ministro de Sebastián Piñera y director de empresas, Alfredo Moreno; el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín; el ex líder de la UDI, Pablo Longueira, entre otros que se han formado en “el espíritu ignaciano”.
Actualmente, los jesuitas cuentan con 21 establecimientos educacionales de Antofagasta a Puerto Montt, en su mayoría privados, los cuales educan a 18.609 estudiantes, tienen más de 1.800 docentes y un poco más de 130 sacerdotes. Además son sostenedores de la Universidad Alberto Hurtado, adscrita al sistema de gratuidad, la que cuenta con 7.902 estudiantes y 1.205 académicos. Esta casa de estudios recibió en 2019 $2.254.0779.721 millones de pesos por concepto de beneficios estudiantiles pagados por el Estado.
Sin embargo, su predominancia en el proceso educativo de la élite chilena ha bajado frente a nueva congregaciones más nuevas que han apuntado a satisfacer la demanda de escuelas para las élites, con una línea más conservadora, como lo son el opus dei y los legionarios de cristo.
Las instituciones jesuitas
La congregación también controla el Hogar de Cristo, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la Fundación Vivienda, Infocap, Techo para Chile, Espacios Mandela, y Súmate, entre otras organizaciones. Tres de ellas fueron lideradas y consagradas por sacerdotes que se encuentran condenados o denunciados por abusos sexuales: Renato Poblete y Felipe Berrios. A la vez, en sus directorios tienen sentados importantes empresarios y políticos, tanto de izquierda como de derecha, quienes suelen recalar ahí cuando finalizan sus carreras, por ejemplo, María José Zaldívar, que tras renunciar al Ministerio del Trabajo se integró al directorio del Hogar de Cristo.
El 26% de los directores de las fundaciones mencionadas provienen de compañías tales como Arauco, Butterfly y Parque Arauco. Un 25% viene de algún cargo político ostentado en los últimos 22 años, aunque principalmente se concentran en los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Personeros como Máximo Pacheco, Silvia Eyzaguirre, Fernando Rojas, entre otros, integran estas juntas directivas.
El Hogar de Cristo es presidido por Alejandra Mehech, ex gerenta del Banco Santander y actual directora de Watts; el SJM es comandado por el economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos; Techo es liderado por el jesuita José Yuraszeck y vice presidido por la ex presidenta del directorio de TVN, Ana Holuigue. Hasta septiembre de 2021, Infocap o “la universidad del trabajador” estaba liderado por el vicepresidente de SQM, José Miguel Berguño.
Otros nombres que se destacan son: Carmen Gloria López, vicepresidenta del Hogar de Cristo y exdirectora ejecutiva de TVN; María José Zaldívar, directora de Hogar y ex ministra del Trabajo de Piñera; Bárbara Etcheberry, directora de Techo y esposa del ex gerente general de Falabella Sandro Solari; Máximo Pacheco, director de Súmate y ex ministro de Energía de Bachelet; y, Sylvia Eyzaguirre, directora de Súmate y ex asesora de diversos ministerios durante la presidencia de Piñera.
Estas instituciones han recibido más de 99 mil millones de pesos del Estado desde 2016, según la web de Presupuesto Abierto. En 2021, el Hogar de Cristo recibió 18 mil millones de pesos, lo que representa un poco más del 35% de sus ingresos
Estas instituciones han recibido más de 99 mil millones de pesos del Estado desde 2016, según la web de Presupuesto Abierto. En 2021, el Hogar de Cristo recibió 18 mil millones de pesos, lo que representa un poco más del 35% de sus ingresos totales, los que ascienden a 51 mil millones de pesos.
Una organización en la que el Estado ha ido aumentando su apoyo ha sido Techo, la cual pasó de recibir 23 millones en 2016 a más de 2 mil millones en 2021, según Presupuesto Abierto. En su mayoría, estos recursos vienen dados por el ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Al ser la gran parte de los colegio privados, tan solo reciben aportes para sostener los colegios que administran las fundaciones: Súmate, Cerro Navia Joven, Educacional Pudahuel y fundación Loyola; las que educan a cerca de 5 mil estudiantes, en su mayoría vulnerables y pertenecientes a la zona poniente de Santiago. Estas en 2021 recibieron $6.052.650.535 millones de pesos.
La caída
Los rumores de pasillo en la iglesia ya tenían como foco, hace tres años, a Felipe Berríos. El rumor se concretó este 29 de abril, cuando la Fundación Para la Confianza presentó una denuncia canónica en el Arzobispado de Santiago en contra del jesuita Felipe Berrios, por presunto abuso sexual a tres menores de edad mientras era capellán de un colegio del sector oriente de la capital. Berrios trabajó en los colegios femeninos Carampangue, La Maisonette y Villa María Academy, por lo que se presume que las presuntas víctimas eran niñas o adolescentes en esos años.
Los primeros antecedentes de jesuitas vinculados con abusos se remontan a 1953, cuando por orden de San Alberto Hurtado la compañía envió al sur al sacerdote Eduardo Cádiz, por realizar abusos sexuales a menores, a quien expulsaron en abril de 1954.
Por años, Berríos fue una voz progresista en una Iglesia que desde el 2010, cuando explotó el caso Karadima, no ha parado de perder credibilidad. Sus palabras críticas y con un acento en las clases bajas hicieron eco en sectores progresistas de la Iglesia y también de la política. Sus aventuras como misionero en África, en Techo, en el campamento la Chimba de Antofagasta y su postura contra los abusos en la iglesia lo hicieron gozar de amplia credibilidad. Con esta denuncia, dicha credibilidad se resquebraja.
Berríos se suma, así, a una lista de 17 sacerdotes denunciados al interior de los jesuitas y a los 362 que se registran en la Iglesia Católica chilena, cifra que generó que el Papa Francisco enviara a Charles Scicluna a investigar estos temas en 2018.
Sin embargo, el tema no es nuevo para la congregación. Los primeros antecedentes de jesuitas vinculados con abusos se remontan a 1953, cuando por orden de San Alberto Hurtado la compañía envió al sur al sacerdote Eduardo Cádiz, por realizar abusos sexuales a menores, a quien expulsaron en abril de 1954.
“No sé cuánto tiempo tardó -¿semanas, meses?- en darme besos en la soledad de ese estudio (…) pronto pasó de los simples besos a situaciones más escabrosas, más inequívocas, más carnales”, relató el ex diplomático y escritor Jorge Edwards, quien en 1942, cuando tenía 11 años y estudiaba en el Colegio San Ignacio de Alonso Ovalle, fue abusado por Cádiz. Esto no se conoció hasta el año 2012, cuando publicó su autobiografía Los Círculos Morados.
La primera denuncia pública conocida contra un jesuita data del 2005, contra Juan Miguel Leturia, acusado de “medir el pene” de los estudiantes bajo la excusa de una investigación científica, hechos que perpetró en Santiago y Osorno entre los años 1980 y 1990. El patrón de ocultamiento de estos casos en la iglesia también se dio en el caso de Leturia; la congregación tenía antecedentes sobre él desde 1997, cuando decidieron enviarlo a Estados Unidos, con el pretexto de tratar su alcoholismo. A su regreso se le prohibió trabajar con menores, según revela el medio BishopAccountability.
El caso de Leturia fue investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, pero el agresor falleció en 2011, sin condena judicial pero sí con una condena por juicio canónico. Esto dejó con un mal sabor de boca a la congregación, ya que hasta ese momento no se habían destacado casos de abusadores de menores de edad entre los jesuitas, en medio de los escándalos de una Iglesia cada vez más en crisis con los casos de Fernando Karadima y Cristián Precht. Si bien con el caso de Leturia el escándalo mediático fue menor, la salida del provincial Eugenio “Keno” Valenzuela, que dio “un paso al costado” argumentando “cansancio”, levantó sospechas.
Poco después, en 2014, su sucesor, Cristián del Campo, dio a conocer una noticia que rompió la paz de la compañía: Valenzuela había cometido “conductas imprudentes”. Ex seminaristas habían denunciado abusos de conciencia y tocaciones. Éstas habían llegado a la congregación a finales de 2010, pero nunca se instruyó una investigación previa y quedaron guardadas en un escritorio.
El secretismo y la ocultación de antecedentes sobre abusos fue la impronta que dejó Valenzuela entre los jesuitas. Durante su provincialato (2008-2013) se conocieron las denuncias en contra de Jaime Guzman y Raúl González, ambos sancionados en 2012.
Valenzuela no era cualquier persona en la Iglesia. Para muchos, era un modelo espiritual a seguir entre los jesuitas. Había sido formador por más de 10 años del Seminario de Padre Hurtado, en donde formó al 24% de los sacerdotes activos de la orden. “Era el sostén espiritual de la compañía”, comenta un ex jesuita.
Los antecedentes se remitieron a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la que concluyó no iniciar un proceso canónico, pero sí delegó en Del Campo la responsabilidad de “determinar medidas conforme a las faltas existentes”. Posteriormente, Valenzuela pudo seguir haciendo misa, fue suspendido de realizar acompañamiento espiritual y actividades pastorales en público por tres años. Se recluyó en la Residencia San Ignacio, contínua al Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, en donde se dedicó a labores de enfermería y tareas domésticas. El 19 de agosto de 2015, la Congregación para la Doctrina de la Fe decidió no abrir un proceso canónico en su contra, dejando a juicio del Superior General de la Compañía de Jesús determinar sanciones, la cual fue igual a la impuesta en 2014. A punto de vencer este castigo, llegó una nueva denuncia en contra de Valenzuela, la cual fue declarada verosímil, lo que generó finalmente su expulsión del sacerdocio, en noviembre de 2019.
Otros casos de abusos
El secretismo y la ocultación de antecedentes sobre abusos fue la impronta que dejó Valenzuela entre los jesuitas. Durante su provincialato (2008-2013) se conocieron las denuncias en contra de Jaime Guzman y Raúl González, ambos sancionados en 2012, lo que recién se conoció públicamente en 2018. Los dos casos incluyeron acusaciones por tocaciones de trasero y genitales de niños y fotografiarlos desnudos mientras se bañaban en la casa de retiro del Colegio San Ignacio del Bosque, antecedentes que llegaron en 2010 en contra de Jaime Guzman, capellán del colegio entre 1985 y 1995.
Guzmán se destacaba en organizar retiros al Cajón del Maipo, momento que aprovechaba para fotografiar a sus estudiantes desnudos. Ex alumnos recuerdan que tenía álbumes llenos de fotos que solo mostraban el pecho o los genitales de los jóvenes y también imágenes de grupos de personas desnudas, según señalaba La Tercera en 2018.
“Todos los martes, el cura del Colegio San Ignacio El Bosque, Jaime Guzmán Astaburuaga, publicaba las fotos en un mural”, señaló el conductor de televisión y ex alumno del colegio, José Miguel Viñuela, en medio de la visita del Papa Francisco en 2018 cuando conducía el programa Mucho Gusto de Mega, uno de los programas más vistos en la televisión en ese momento.
El ex laico de Osorno, Juan Carlos Claret, relata en su libro Criminales que desde 1999 la compañía conocía que Raúl González había violado en tres ocasiones a un menor de edad mientras vivía con los sacerdotes Jaime Guzmán y Leonel Ibacache, en Valparaíso.
Tras estas declaraciones, de inmediato salió el ex rector del San Ignacio, Fernando Montes, quien dirigía el colegio mientras Guzmán se paseaba con la cámara de fotos, a exigir que los denunciantes se acercaran a esclarecer los hechos. La verdad es que los hechos ya eran conocidos para la congregación. Los jesuitas sabían de la conducta de Guzmán desde el año 1995 ,cuando Juan Díaz, entonces rector de la escuela, abrió una investigación en su contra. Todo quedó en secreto, mientras Guzmán fue enviado entre 1997 y 2004 a Maryland, provincia eclesiástica en donde la orden abusó de más de 1000 niños.
El 30 de enero de 2018 los jesuitas abrieron una investigación canónica que terminó con Guzmán expulsado de la congregación en febrero de 2021.
El ex laico de Osorno, Juan Carlos Claret, relata en su libro Criminales que desde 1999 la compañía conocía que Raúl González había violado en tres ocasiones a un menor de edad mientras vivía con los sacerdotes Jaime Guzmán y Leonel Ibacache, en Valparaíso. Valenzuela lo trasladó en 2012 a la Residencia San Ignacio en Santiago, para colaborar en labores domésticas de su comunidad religiosa y con la prohibición de desempeñar actividades con menores de edad. Esta casa se encuentra a menos de 100 metros de un colegio.
A los 87 años, González falleció sin ser expulsado del sacerdocio ni condenado por abuso sexual. “Hasta la fecha a la víctima nunca se le pidió perdón ni se preocuparon de él de la manera en que lo necesitaba”, señala Claret en su libro.
En 2012 Helmut Kramer fue a golpear la puerta de los jesuitas para contar que el sacerdote jesuita Leonel Ibacache abusó de él en 1983, mientras preparaba su primera comunión. El provincial le cerró la puerta en la cara. No fue escuchado hasta el 19 de abril de 2018, cuando se inició una investigación canónica e Ibacache fue apartado del trabajo con menores. Un año más tarde fue expulsado y en septiembre de 2020 falleció.
Durante la investigación se logró comprobar que Ibacache abusó de cinco menores de edad durante su estancia en los jesuitas, en Santiago, Antofagasta y Puerto Montt. Entre los denunciantes se encontró el mismo Felipe Berrios, quien señaló que Ibacache abusó de su hermano mientras estudiaba en el San Ignacio del Bosque.
El viaje del primer Papa Jesuita a Chile, a principios del 2018, contempló un encuentro privado con los sacerdotes de la congregación y una visita al Hogar de Cristo. Los sacerdotes de la compañía se pasearon por todos los medios de comunicación hablando sobre los temas que abordaría Francisco en Chile: pobreza, derechos sociales, justicia, respeto a los pueblos originarios, desigualdad. Todo esto se fue apagando por el escepticismo de los chilenos, y del mismo Papa, frente a los abusos de la iglesia chilena. La visita fue considerada un fracaso ante la baja convocatoria de fieles, y la incomodidad del Papa frente a preguntas relacionadas a abusos sexuales de sacerdotes.
Durante estos años la congregación en Chile se ha visto salpicada por el escándalo de los jesuitas alemanes, ya que los sacerdotes Peter Riedel y Wolfgang Statt fueron enviados a Chile tras conocerse denuncias en su contra.
Tras la visita,se generó una fuerte alza de acusaciones a religiosos por diversos abusos. La cifra llegó a 212 sacerdotes denunciados por abusos sexuales hasta fines del 2020; entre ellos siete jesuitas: Juan Miguel Cárcamo, Leonel Ibacache, Renato Poblete, Felipe Denegri Morales, Gerald Fitzpatrick, Eduardo Ponce y Alejandro Longueira.
En mayo de 2018, cayó el director del Centro de Espiritualidad Jesuita, Juan Pablo Cárcamo. Psicólogo de la orden y autor de varios libros de autoayuda qué aún se leen en diversos retiros espirituales de la congregación, fue acusado por una religiosa por abusos de conciencia y transgresión en el ámbito sexual. El patrón de ocultamiento entre los jesuitas se repitió en este caso: la curia conocía los antecedentes desde 2016, pero no fue hasta junio de 2018 cuando decidió prohibirle que realizara acompañamiento espiritual. Tras descubrirse dos nuevas denuncias, la prohibición se elevó a diez años, en marzo de 2019. Cárcamo aún sigue siendo jesuita y se desconoce en qué estado se encuentra el proceso canónico o penal.
Otro caso que no se pudo acreditar, pero que fue enviado a la Congregación Para la Doctrina de la Fe, fue la denuncia presentada por un menor de 17 años en contra de Eduardo Ponce, por una acción de connotación sexual mientras se desempeñaba en Puerto Montt.
Durante estos años la congregación en Chile se ha visto salpicada por el escándalo de los jesuitas alemanes, ya que los sacerdotes Peter Riedel y Wolfgang Statt fueron enviados a Chile tras conocerse denuncias en su contra. Según Deutsche Welle, Peter Riedel abusó de mujeres menores de edad tanto en Alemania como en Chile, en particular en Arica y en Santiago, al alero de los jesuitas.
Statt realizó labores pastorales en Arica entre 1985 y 1992, año en que renunció a los jesuitas para radicarse definitivamente en el país. 18 años después, se supo que en su carta de renuncia había confesado conductas abusivas, según relató Der Spiegel en 2010. Un día antes de hacerse pública la denuncia, el ex religioso abandonó el país. Aún se desconoce si es que existen víctimas chilenas, a pesar que las autoridades solicitaron al embajador de Chile en Berlín recabar mayores antecedentes.
No sólo religiosos han cometido abusos en los recintos jesuitas, también existen denuncias en contra de Julio César Barahona y Alejandro Antúnez, ambos profesores acusados de tocaciones en el colegio San Ignacio del Bosque, mientras Fernando Montes era rector.
Barahona se desempeñó como director de estudio y seminarista. Era conocido por organizar “campeonatos” de masturbación y por tocarle el pene a jóvenes mientras les gritaba “¡Esto te controla!”. Tras una protesta de estudiantes, fue trasladado a la diócesis jesuita de Arica, en donde el obispo Ramón Salas lo nombró director espiritual del colegio San Marcos. Los “campeonatos de masturbación” continuaron hasta que el teólogo Paul Endre, entonces estudiante, denunció los hechos, lo que generó que Barahona no fuera nombrado sacerdote. Barahona siguió haciendo clases en otros colegios religiosos sin ninguna sanción, hasta el 2019, cuando fue detenido por posesión de pornografía infantil en Rancagua.
“No sólo me violó (…) me llevaba donde otros amigos para que me violaran y golpearan mientras él miraba”, señaló la denunciante Marcela Aranda, en una entrevista a Meganoticias.
El caso Poblete
Los cimientos de la orden se terminaron de remover en febrero de 2019, cuando llegó hasta la Comisión Escucha un testimonio de abuso en contra del fallecido Renato Poblete. Poblete gozó en vida de una gran popularidad: fue un estrecho colaborador de San Alberto Hurtado, cercano a la familia Edwards dueños de El Mercurio y mientras fue capellán del Hogar de Cristo, entre 1982 y 2000, las sedes de la institución se multiplicaron. Tal fue su cercanía con la familia Edwards, que fue negociador entre ellos y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1991, para que liberaran a Cristián Edwards.
“No sólo me violó (…) me llevaba donde otros amigos para que me violaran y golpearan mientras él miraba”, señaló la denunciante Marcela Aranda, en una entrevista a Meganoticias. Ambos se conocieron en 1987, mientras ella buscaba un acompañante espiritual.
Una huella imborrable en su memoria dejaron las tres ocasiones en que la obligó a abortar. “Son tres niños que yo nunca pude abrazar”, declaró en su única entrevista televisiva. Tras alejarse del sacerdote en 1993, puso en conocimiento de los hechos al superior de la orden, Juan Ochagavia, quien no hizo nada.
Tras meses de investigación, se dio con el paradero de 21 denunciantes en contra de Poblete, seis parejas estables y 22 relaciones aparentemente consentidas. El informe realizado por Waldo Bown no acreditó la existencia de encubrimiento, a pesar que Juan Ochagavia conoció antecedentes que no puso a disposición de la justicia. La orden se negó a entregar entregar a tribunales todos los antecedentes penales de los que tuviera conocimiento, limitándose a compartir con el Ministerio Público sólo un resumen ejecutivo. Por ese motivo sus dependencias fueron allanadas en octubre de 2019.
En medio de la polémica, se conocieron los casos de los fallecidos Felipe Denegri y Gerald Fitzpatrick. Ambos fueron acusados de abusar sexualmente de un mayor de edad en la década de los noventas. En el caso de Denegri, las acusaciones fueron declaradas verosímiles y probables, mientras que a Fitzpatrick no se pudieron acreditar por la falta de información.
