Kenia, Colombia o Chile han logrado dar pasos hacia delante en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que otros países como Polonia o Estados Unidos los dan hacia atrás
Son a la vez los mejores y los peores tiempos para las mujeres, depende de dónde se mire. Mientras que el sur del planeta avanza para conseguir derechos a tirones, el norte parece querer deshacerse de ellos. Y es en el acceso al aborto, la capacidad para decidir libremente sobre el propio cuerpo y la propia vida, donde algunos países están maniobrando —como ya lo hicieron antes—, hacia delante o hacia atrás. En los últimos años, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo ha constituido un hito para la igualdad en países como Colombia; en Estados como España o Argentina, la protección o la ampliación de ese derecho ha supuesto un refuerzo; y en otros, como Polonia o Estados Unidos, las limitaciones o restricciones evidencian un retroceso.
En el último cuarto de siglo, 48 países han despenalizado el aborto, el último Colombia, según el Centro para los Derechos Reproductivos. Pero, también según esa organización, alrededor de 90 millones de mujeres viven en países en los que está prohibido bajo cualquier circunstancia; 360 millones lo hacen en naciones donde solo se permite si es para salvar la vida de la madre, y otros 240 millones están en lugares donde se puede hacer únicamente si hay motivos de riesgo para la salud.
Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos de las mujeres es uno de los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas, y en el camino a esa meta está habiendo tanto impulso, como resistencia. Sobre esos mejores y peores tiempos en un mismo momento histórico escribe la filósofa estadounidense Martha C. Nussbaum en el prefacio de Ciudadelas de la soberbia (Paidós, 2022, que se publicará el 11 de mayo). Recuerda que esa expresión fue utilizada por Charles Dickens para describir la Revolución Francesa: “Una de las ideas que tenía en mente era que, cuando se presiona en pro de la justicia, se puede generar una reacción explosiva de emoción punitiva que, lejos de ayudar a que la realidad sea más justa, contribuye en el fondo a retrasar el progreso humano”.
Ese “peligro”, parecido, dice Nussbaum, está también latente hoy. En este caso, en cuanto al aborto, y sobre todo en un contexto en el que la mitad de los embarazos del mundo son no deseados, según el último informe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Este martes, el portavoz de la ONU Farhan Haq recordó que el secretario general, António Guterres, viene advirtiendo desde hace tiempo sobre un “retroceso global” en los derechos de las mujeres, incluidos los reproductivos. ¿Cuáles han sido los últimos movimientos en torno a este derecho? Aquí, un repaso a los avances y también a esos retrocesos de los últimos años.
Los avances
España, 2022. El pasado 14 de abril entró en vigor la modificación del Código Penal que castiga con prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días a quienes intenten obstaculizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y la reforma de la ley del aborto está en marcha —con el choque de los partidos de la derecha y un recurso aún pendiente en el Tribunal Constitucional presentado por el Partido Popular que espera fallar para junio—, con claves como garantizar el acceso en todos los hospitales públicos o cambios como la eliminación de los tres días de reflexión o la bajada a los 16 años sin permiso de las madres y padres.
Kenia, 2022. El Tribunal Superior de Kenia en Malindi dictó sentencia a finales del pasado marzo en una decisión que supone un hito para las mujeres y los profesionales sanitarios del país africano, como informó el Centro de Derechos Reproductivos. En su fallo, sentó que el aborto es un derecho fundamental según la Constitución de Kenia y que “las detenciones arbitrarias y el enjuiciamiento de pacientes y profesionales por buscar u ofrecer los servicios para abortar son ilegales”. Los magistrados también ordenaron al Parlamento de Kenia que promulgue una ley para la interrupción voluntaria del embarazo y una serie de políticas públicas alineadas con la Constitución. Ese fallo derivó del caso de una menor, llamado PAK y Salim Mohammed v. Fiscal General y otros, presentado por el Centro de Derechos Reproductivos y la Red de Salud Reproductiva de Kenia (RHNK) en 2020 contra funcionarios gubernamentales en la ciudad de Malindi y el condado de Kilifi.
Chile, 2022. Las chilenas tuvieron prohibido abortar, bajo ningún supuesto, hasta 2017. Entonces, se legalizó en casos de violación, riesgo para la salud de la madre e inviabilidad fetal. El pasado marzo, Chile dio un paso más y la Convención Constituyente aprobó por 108 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones incluir la despenalización del aborto en el proyecto de ley para la nueva Constitución con la que pretenden derogar la Ley Fundamental vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Según ese texto, que quedó incluido en el apartado de derechos sexuales y reproductivos, el Estado debe garantizar “las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”. Ese proyecto deberá ser entregado antes del 4 de julio, y después, serán los ciudadanos chilenos quienes decidan si aprueban o no la nueva Constitución.
Colombia, 2022. La Corte Constitucional colombiana falló el pasado 21 de febrero a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo hasta la semana 24ª, convirtiéndose en uno de los países del mundo con el plazo más amplio (en Francia es hasta la semana 12ª y en España, hasta la 14ª, por ejemplo). Hasta entonces, y según la legislación aprobada en 2006, las colombianas podían abortar en tres supuestos —violación, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud física o mental de la mujer, como España con la ley de 1985—, y quienes no los cumplían, se enfrentaban a penas de hasta cuatro años y medio de cárcel. Alrededor de 400 mujeres eran procesadas cada año por abortar y miles acababan en clínicas ilegales.
México, 2021. La Suprema Corte mexicana anuló el 7 de septiembre de 2021 la cárcel con la que se castigaba la interrupción voluntaria del embarazo y sentó un precedente para toda la nación. Sin embargo, el camino legislativo y judicial que queda es aún largo. ¿Por qué? Porque en México, el aborto está autorizado por la Constitución, pero de los 32 Estados solo cuatro —la capital, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz— tienen una ley de plazos que permite la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación. Después, puede hacerse en algunos supuestos como el peligro para la vida de la madre o malformaciones en el feto. Sin embargo, lo que dictó el tribunal no obliga al poder legislativo —es decir, los Congresos Estatales— a modificar sus Códigos Penales. El lado positivo, el de avance, es que sentó jurisprudencia y a partir de ahora los magistrados tendrán que ceñirse a esa decisión; además, ni las mujeres ni los profesionales podrán ya ir a la cárcel y los que están ya en prisión por este motivo, deberán quedar libres.
Argentina, 2020. A punto de acabar aquel año, el Senado argentino aprobó la legalización del aborto hasta la semana 14ª por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención: las mujeres que decidan interrumpir su embarazo pueden hacerlo desde entonces de forma legal, segura y gratuita en el sistema de salud. Con esa decisión, dejaron atrás la ley en vigor desde 1921, que lo consideraba un delito excepto en caso de violación o riesgo para la vida de la madre.
Los retrocesos
Estados Unidos, 2022. Este pasado lunes por la noche, el diario Politico publicó una exclusiva que ha provocado un terremoto político, judicial y social en Estados Unidos: la filtración de un borrador del Tribunal Supremo estadounidense, firmado por el juez Samuel Alito, en el que cinco de los nueve magistrados que integran el organismo consideran que el derecho al aborto debe ser anulado. Es el mismo tribunal que consagró ese derecho en 1973 en la histórica sentencia del caso Roe contra Wade. En ese borrador, Alito escribe: “[La sentencia de] Roe estaba terriblemente equivocada desde el principio. […] Su motivación fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Lejos de lograr un consenso nacional en torno al tema del aborto, Roe y Casey atizaron el debate y profundizaron en la división”.
La derogación de esa normativa supondría la libertad de los Estados para decidir sobre los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres. Algo que algunos, conservadores, ya llevan tiempo pergeñando: de producirse, cuando el fallo definitivo llegue, las leyes promulgadas por todo el país por gobernadores de signo republicano en los últimos meses entrarán en vigor de forma inmediata. Más de 20 Estados están esperando esa decisión, que se prevé para comienzos del verano.
Polonia, 2020. El Tribunal Constitucional polaco falló a finales de octubre de 2020 que el aborto por malformación del feto o enfermedad irreversible era inconstitucional. Hasta ese momento, ese era uno de los tres supuestos permitidos en la legislación polaca y representaba en torno al 97% de los 1.110 abortos practicados de manera legal en el país durante el año anterior (2019), según los datos oficiales. La ley de Planificación Familiar, vigente desde 1993, se encontraba ya entre las más restrictivas de Europa —solo por detrás de Malta, San Marino y Andorra, donde el aborto no es legal en ningún supuesto— y permitía tanto esta práctica, como la interrupción si el embarazo era producto de una violación o incesto y cuando la vida de la madre corría peligro.
