Unidos Podemos comienza este viernes «un proceso colaborativo» con expertos y sociedad civil que llevará al registro de la iniciativa el próximo 23 de febrero.
Reconocer el derecho de los ciudadanos a disponer libremente de su propia vida. Este es el objetivo que se ha marcado Unidos Podemos, que este mismo viernes comenzará un largo proceso colaborativo con profesionales y sociedad civil para perfilar una Propuesta de Ley que reconozca el derecho de los ciudadanos a morir dignamente. La intención es que la propuesta sea registrada en el Congreso el próximo 23 de febrero.
«Ahora mismo lo que está sucediendo en nuestro país es que en situaciones concretas la gente se muere mal y sufre innecesariamente. Nosotros, igual que apostamos por una buena vida digna sin recortes en Sanidad o Educación, queremos apostar también por una muerte digna. Queremos que esto se regule, que haya una discusión pública y que desde el Estado se legisle las situaciones en las que los ciudadanos pueden acceder a una muerte digna», explica a Público Victor A. Rocafort, coordinador parlamentario de Izquierda Unida.
El proyecto, que nace en el seno de Izquierda Unida, será desarrollado por cuatro diputados del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, en colaboración con profesionales y expertos de todos los ámbitos como el filosófico-ético, el jurídico, el sanitario, el socio-político y de la sociedad civil. El fin marcado en este proceso colaborativo es que el Proyecto de Ley resultante no sea un «un texto nacido entre cuatro paredes» y sí una propuesta democrática que cuente con el consenso de una mayoría social.
Las cuatro diputadas encargadas de desarrollar el proyecto, que son Amparo Botejara(Podemos), Eva García (IU), Ángela Rodríguez (En Marea) y Marta Sibina (En Comú Podem), mantendrán un calendario de reuniones que comenzará este viernes y que concluirá con un gran acto público de «audiencia ciudadana», donde todos los interesados podrán acudir y proponer enmiendas al proyecto. «No queremos que sea un proceso oligárquico o elitista, donde los diputados dicen que conviene a la sociedad. Queremos que sea la sociedad civil la que guíe nuestros pasos«, incide Rocafort.
En la X legislatura, en la que el PP contaba con mayoría absoluta, el Congreso ya rechazó hasta dos proyectos de ley sobre disponibilidad de la propia vida. La primera de ellas, en 2012, fue a propuesta de Izquierda Unida, mientras que en 2015 fue presentada por el PSOE la proposición de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, que también fue rechazada por el rodillo parlamentario del Partido Popular. La pluralidad del nuevo Congreso y la ausencia de mayorías absolutas permiten ahora que la cámara pueda tener un debate sosegado al respecto.
Solicitada por ciudadanos y parlamentos autonómicos
La rotunda negativa del Partido Popular a legislar sobre la disponibilidad de la propia vida contrasta con la preocupación de los parlamentos autonómicosy con los deseos de una amplia mayoría de ciudadanos. La encuesta del CIS de 2009, último que preguntó a los ciudadanos sobre esta cuestión, señaló que el 70% de los ciudadanos está a favor de la regulación. Así, una encuesta a nivel europeo deThe Economist en el año 2015 reflejó que el 78% de los ciudadanos está a favor de la legalización y sólo un 7% está en contra.
Por su parte, los parlamentos autonómicos han ido regulando esta cuestión durante los últimos años. Por ejemplo, el Parlamento de Andalucía legisló tanto en 2003 como en 2010 las leyes de declaración de voluntad vital anticipada y de derechos y garantías de la persona en el proceso de la muerte; mientras que Navarra y Aragón aprobaron en 2011 leyes de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir. Sólo entre 2015 y 2016, mientras el PP rechazaba las propuestas presentadas en el Congreso, los parlamentos de Canarias, Illes Balears, Galicia y Euskadi aprobaron leyes de garantías de las personas ante el proceso final de su vida.
Grupo de expertos
Unidos Podemos se rodeará para sacar adelante este proyecto de ley de un nutrido grupo de profesionales y expertos que acudirán a sus reuniones. Este conjunto está compuesto por profesionales de cinco ámbitos diferentes, entre los que se encuentran Txetxu Ausín, investigador del CSIC; Nuria Terribas, directora de la Fundación Víctor Grifol i Lucas;Carmen Juanatey, catedrática de Derecho Penal de la UA; Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales; Antonio Sacristán, médico especializado en cuidados paliativos; e Ignacio Sánchez Cuenca, profesor de Sociología de la Universidad Carlos III.
