Alrededor de 500.000 abortos se producen cada año. Varias organizaciones feministas presentan el próximo martes un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, tras haber sido denegado seis veces en la Cámara de Diputados
Argentina no cesa en su lucha por alcanzar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El próximo 6 de marzo se presentará –por séptima vez- ante el Congreso de Diputados de la Nación un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Desde 2007, ya son seis las veces que esta propuesta ha sido rechazada.
Es la primera vez que el Gobierno accede a trasladar el debate sobre esta cuestión a la Cámara de Diputados y Senadores. Mauricio Macri anunció su decisión a los legisladores en una reunión en la Casa Rosada, tres días después del Pañuelazo, una marcha masiva que se celebró el 19 de febrero frente al Congreso en Buenos Aires, donde miles de personas alzaron sus pañuelos verdes como símbolo para reivindicar la legalización del aborto. La marcha, concertada por distintas organizaciones feministas que se celebra desde hace trece años, inundó la plaza que rodea el Congreso con un gran vocerío femenino: “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”.
“El derecho al aborto es una deuda de la democracia”, denuncia Celeste McDougall, militante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En Argentina, se producen alrededor de medio millón de abortos cada año, según datos de Amnistía Internacional, y sus complicaciones son la primera causa de muerte materna en el país. El Ministerio de Salud fija en 245 la cifra de mujeres que murieron durante o tras el embarazo en 2016, 43 de ellas a causa de los abortos clandestinos. “Este debate va más allá del derecho al aborto, se trata de garantizar la vida y la salud de las mujeres”, destaca McDougall a Público.
El Código Penal exime de cárcel si es una mujer “idiota”
El aborto clandestino atenta contra la salud pública de las mujeres y, por ello, las organizaciones feministas se han unido para reivindicar que el Estado garantice unos derechos básicos en esta práctica.
El Código Penal penaliza a través de su artículo 85, en el índice 2, a todo aquel que realice un aborto con penas de cárcel de uno a cuatro años, en caso de que existiera el consentimiento de la mujer, y con un máximo de seis años si causa su muerte. El artículo 86 del CP añade que también “sufrirán inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.
Sin embargo, la legislación actual sobre el aborto exime de esta pena en los casos en los que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer –y no pueda ser evitado por otros medios-, si el embarazo se ha producido a raíz de una violación o “si proviene de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.
El proyecto de ley aclara las condiciones de la interrupción legal del embarazo, demandando que se modifique el índice en el que se tacha a la mujer con incapacidad de “idiota” y se añada el caso de que “existieren malformaciones fetales graves”, eximiendo de cualquier plazo la práctica en estos casos.
La iniciativa de la organización de McDougall también demanda la derogación de los artículos 85 –índice 2, que hace referencia al consentimiento de la mujer-, 86 y 88. Este último penaliza con hasta cuatro años de cárcel a la mujer que causare su propio aborto o consintiere que otro lo causare. Además, la nueva versión amplía el plazo de derecho de interrupción del embarazo hasta catorce semanas, ya que la última propuesta, presentada el 30 de junio de 2016, señalaba tan sólo doce. Esta iniciativa fue denegada a pesar de contar con la firma de más de 40 legisladores, ya que perdió en el Parlamento.
En 2014, una joven fue condenada a ocho años de cárcel tras acudir al hospital con una grave hemorragia vaginal y sufrir un aborto espontáneo, acusada de “homicidio agravado por el vínculo”. La joven fue absuelta en agosto de 2017, tras pasar dos años en prisión.
Macri, “a favor de la vida”
El presidente de la nación dio vía libre a sus legisladores para debatir sobre el derecho al aborto en el Congreso, dejando clara su postura “a favor de la vida”. “Resulta irónico que Macri se posicione a favor de la vida cuando están muriendo mujeres por los abortos clandestinos”, denuncia Romina Matanza. Matanza es militante del Partido Comunista, una de las organizaciones políticas que respalda el nuevo proyecto.
Alrededor de 70 legisladores respaldan la presentación del proyecto actual pero el quorum requeriría de 129 diputados para su aprobación. Matanza lo ve complicado: “La mayoría del macrismo está en contra de la despenalización del aborto. Macri es el responsable de que en Argentina haya tantos abortos clandestinos, anuló casi todos los programas de salud. Sólo nos ha dado permiso para discutir lo que ya estábamos discutiendo”. Por su parte, la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner también se mostró en contra de esta iniciativa cuando estaba al mando del país.
Si esta ley cumple los requisitos en las comisiones y llega a aprobarse en el Congreso y en el Senado, Argentina se convertiría en el segundo país de América Latina en despenalizar el aborto, tras la aprobación en Uruguay de la Ley IVE en 2012. En Bolivia, Brasil, Perú, Panamá, Colombia, Venezuela y Paraguay permiten el aborto por causales, siendo Chile el último país en unirse a este grupo, en agosto del año pasado. “Es un derecho muy básico, que nos empodera y nos da libertad y nos construye como sujetas autónomas de decisión y de pelea por otros derechos”, insiste la militante del PC.
“Las diputadas argentinas somos incansables”
La OMS estima que alrededor de 22 millones de abortos se realizan cada año de forma insegura, produciendo la muerte de alrededor de 47.000 mujeres en todo el mundo. El informe añade que estas muertes “podrían haberse evitado a través de la educación sexual, la planificación familiar y el acceso al aborto inducido de forma legal y sin riesgos”, así como la atención de las complicaciones en el aborto.
“En Argentina te provocan un aborto en una clínica privada por 10.000 dólares, mientras el misiprostol –la pastilla abortiva- cuesta en el mercado tan sólo 60. Se trata de accesibilidad económica”, denuncia McDougall. Pero la lucha feminista no se da por vencida y cada vez cobra más peso en Argentina, donde se produce un feminicidio cada 30 horas.
La Ley de identidad de género (2012), el matrimonio igualitario (2010) o la incorporación de las mujeres en las listas son victorias que evidencian el avance del feminismo en este país. “Si no sale adelante este proyecto, seguiremos con la lucha. Las diputadas argentinas somos incansables”, insiste.
