Una fundación controlada por el párroco intenta echar de su casa por sexta vez a una anciana y a su hijo discapacitado
Josefa Martí Turrión, conocida en su pueblo, Mislata (Valencia), como Pepita, lleva 19 años de lucha por mantener la casa llena de desconchones en la que vive desde hace 73 años. Una fundación ligada a la Iglesia dice que no es suya. El próximo 21 de abril se enfrenta a su sexto desahucio, impulsado por el párroco de la localidad, José Alfredo Cremades. En el trasfondo del caso, la última voluntad de un rico vecino a la que nadie dio cumplimiento.
Sentada en una silla de mimbre, rodeada de cajas llenas de papeles y ropa, Pepita saca una pequeña cartera de cuero de su bolsillo izquierdo mientras sujeta un bastón con la mano derecha. Es viernes 1 de abril, y para Josefa Martí Turrión, de 83 años, “lo primero es cumplir”, explica mientras le da 20 euros a su hijo José Luis para que lo ingrese en la cuenta bancaria de su casera, la Fundación Francisco Balbastre. La anciana se empeña en pagar el alquiler pese a que la fundación intentará echar a su familia por sexta vez el próximo 23 de abril. El párroco de Mislata (Valencia), José Alfredo Cremades, preside la fundación, dueña de la vivienda.
Es un chalé de dos plantas en la calle Mayor, de las pocas casas de pueblo de antes de la guerra que quedan en la localidad. Pepita entró a vivir con siete años, en 1940, después de que sus padres, finalizada la Guerra Civil, compraran la vivienda para comenzar una nueva vida. Josefa ha criado a sus tres hijos en la misma propiedad donde ella creció: un inmueble de más de cien años en el que lleva invertidas “cantidades incalculables”en chapuzas y parches. La casa alberga dos viviendas en la primera planta y dos bajos que antiguamente eran las cuadras. En la puerta de entrada, una vieja escalera conduce al piso que Pepita comparte con su marido, Juan Cuesta, de 86 años.
El viejo lleva ya tres años sin salir de casa. Pepita dice que es porque los problemas que atraviesan y su pugna con el párroco le dan vergüenza. Todo empezó a estropearse en 1999, cuando el párroco Cremades decidió constituir una fundación con el nombre de un benefactor del pueblo fallecido en 1926. El hacendado mislatero Francisco Balbastre murió sin descendencia, y en su testamento nombró a dos albaceas para que supervisaran el cumplimiento de su voluntad: destinar las seis casas que mantenía en Mislata a albergar un hospital para sus paisanos. Las obras del hospital llegaron a comenzar, pero la Guerra Civil las interrumpió.
En 1940, en medio de la miseria de la posguerra, los dos albaceas incumplieron su promesa y vendieron las propiedades a diferentes familias, una de ellas la de Pepita. Cincuenta y nueve años después se constituye la fundación, que retoma la misión de cumplir la voluntad de Balbastre. Cinco hombres ligados a la Iglesia valenciana constituyen su consejo rector. El cura José Cremades es nombrado presidente, y enseguida reclama todas las propiedades que figuraban en el testamento de Balbastre, entre las que se encuentra la casa de Pepita.
“Me amenazaron”
“Todos los demás propietarios cedieron los inmuebles al párroco. Todos menos yo” cuenta Josefa, que asegura que no ha dejado de luchar por la propiedad: “Es mía. El testamento de ese señor nunca señala que sus casas tenían que pasar a manos de la Iglesia, pero ahora es el cura quien las usa, y con fines únicamente religiosos”.
