El segundo juicio por Centro Clandestino de Detención en Tucumán será el del Arsenal Miguel de Azcuénaga. En el marco de esta causa declaró como imputado el Padre José Eloy Mijalchyk, que -como lo denunció ContraPunto en Julio de 2009- habría sido cómplice de los delitos cometidos en ese lugar. Es el primer miembro de la iglesia acusado en Tucumán en el marco del genocidio de la última dictadura militar. A pesar de esto, sigue ejerciendo como sacerdote en la Iglesia San José Obrero de El Colmenar. La participación cómplice de sectores no militares en el plan de genocidio vuelve a ser puesta sobre el tapete.
Según la acusación de la Fiscalía Federal, el Padre José Eloy Mijalchyk fue de hecho el capellán del Centro Clandestino de Detención (CCD) Arsenal Miguel de Azcuénaga entre 1976 y 1977. Está imputado como colaborador de la dictadura militar y fue citado ante el Juzgado Federal nº1, donde prestó declaración indagatoria el 10 de noviembre de 2010.
La abogada querellante Laura Figueroa -integrante de la Agrupación Tucumana Contra la Impunidad (ATCI)- explicó que “en Arsenal murieron alrededor de 1.000 personas, allí fueron ejecutadas personas que estuvieron cautivas en otros CCD. Existe la certeza de que en Arsenales se perpetraron actos genocidas”.
El “Padre Pepe” está imputado como partícipe penalmente responsable de los delitos cometidos en perjuicio de Félix Viterbo Corbalán (privación ilegitima de la libertad y tormentos, homicidio calificado), María Angélica Mazzamuto de Romero, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero (privación ilegitima de la libertad y tormentos en las tres ocasiones), ejecutando éstas conductas como parte de una asociación ilícita calificada. “Hay motivos para pensar que se trata de una persona que efectuó un aporte que representó una cooperación para la comisión de tales delitos y por ello debe vinculárselo con estos ilícitos” manifiesta en su pedido de indagatoria Emilio Ferrer, fiscal interviniente hasta su jubilación en octubre de 2010.
Félix Viterbo Corbalán fue secuestrado por las fuerzas represivas de su ferretería ubicada en Monteagudo 2700 en agosto de 1976. Pasó por el CCD Arsenal. Su familia, desesperada por la situación, acudió al cura Mijalchyk quién se desempeñaba como párroco en la Iglesia San José Obrero. No encontraron respuestas. Osvaldo Humberto Pérez lo menciona como una persona que visitaba con asiduidad el CCD Arsenal.
“¿Qué dictadura?”
En su declaración como imputado realizada en noviembre último ante la Fiscalía Federal. El religioso negó conocer a las personas y causas por las está imputado (salvo a Félix Corbalán por terceros) y desconocer el rol que cumplía en la última dictadura la iglesia. El Juez Federal Daniel Bejas debe resolver ahora si lo procesa o no por los delitos por los que fuera imputado, aunque provisoriamente permanece en libertad.
Contrariamente a esta posición, en su declaración ante la justicia del 20 de diciembre de 1986 Mijalchyk tenía un discurso afín a la dictadura y justificaba el plan sistemático de exterminio. Textualmente manifestó que “sabía perfectamente de la forma en que se movían estas organizaciones, ya que tuvo oportunidad de conversar con personas que lo contaban. Todo esto trajo aparejado que el PEN transformara a Tucumán en Zona de Operaciones para poder luchar con posibilidades de éxito contra las fuerzas irregulares que mantenían en vilo a la población”. Conocía esto no solo “como ciudadano” sino también por “sus funciones como sacerdote”, según u propio relato.
El rol del “Padre Pepe”
Desde 1968 y hasta la actualidad, el Padre Pepe sigue a cargo de la parroquia San José Obrero de El Colmenar. El 18 de mayo de 1982 fue nombrado Capellán Auxiliar del Regimiento 19 de Infantería de Tucumán por su propio pedido. En ese rol el 24 de septiembre de este año ofició como prelado en los festejos de la Virgen de la Merced, patrona del ejército.
En su solicitud de indagatoria, la Fiscalía afirma que el accionar y la presencia de Mijalchyk “contribuyeron a la formación de la atmósfera de apoyo, fomento, cobertura, clandestinidad e impunidad que imperaba en el centro clandestino dentro del cual cometieron los delitos”. Ferrer consideró probado que el cura era un “capellán de hecho”, antes de ser nombrado formalmente. Circulaba libremente por el CCD. Además tenía “contacto directo con las personas que sufrían el cautiverio en la denigrantes condiciones que han sido ya descriptas y teniendo respecto de los guardias un grado de superioridad que se explicitaba en su libre deambular por el centro”. El sólo hecho de permanecer las personas en estos centros clandestinos de detención y tortura durante el terrorismo estatal, ya implica tortura.
El rol de Mijalchyk era ayudar, apoyándose en su condición de religioso, al quebrantamiento de la voluntad de las personas en cautiverio y ayudar en los interrogatorios. Al igual que el rol jugado por Von Wernich en La Plata, la presencia de un religioso legitimaba en cierta forma lo que allí sucedía. Según la fiscalía federal “tenía un rol específico y las funciones que le tocó desempeñar en el esquema represivo del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga marcan un conocimiento del plan criminal en marcha y su intención de favorecer al mismo ofreciendo su especial participación en un rol clave”.
Los documentos de Juan Carlos Clemente
Durante el juicio por el CCD de Jefatura que se celebró entre febrero y julio de este año, un testigo puso a disposición de la justicia una importante cantidad de documentos que sustrajo del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la Policía provincial. Dos sendas carpetas conteniendo papeles que fueron sustraídos a fines de 1977.
Los mismos dan cuenta de listas de desaparecidos, nóminas de cadáveres, informes de inteligencia, declaraciones bajo tortura, comunicación formal entre la patota, entrega de cadáveres, informes de empresas azucareras sobre sus empleados, informes de la UNT sobre sus docentes y estudiantes, entre otras.
Es en esta prueba en donde también figura José Eloy Mijalchyk, como colaborador de la policía provincial ayudando a identificar a posibles militantes o personas vinculadas a las organizaciones revolucionarios o guerrilleras o que simplemente resultaran sospechosas de estar en contra de la dictadura militar. “Esto es cosa de los zurdos”, dijo el cura en declaraciones a Clarín, y sin ponerse colorado agregó que “los zurdos hace rato que me quieren agarrar, porque soy capellán castrense y le doy asistencia espiritual al general Menéndez, como se la di a Zimmermann y Cattáneo hasta que se murieron y a Bussi hasta que lo trasladaron”. Este caso es parte de la prueba de que la dictadura fue cívico-militar y se llevó a cabo con un plan sistemático de exterminio, del que participaron además de los militares civiles, policía, empresarios, sectores de la justicia y de la iglesia.
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