El Gobierno desiste de aprobar los perdones que solicitan las cofradías al no haber procesiones pero mantiene la incógnita sobre si los dará en caso de que estas acaben celebrándose en otoño, mientras los laicistas y partidos como Compromís reclaman el fin de esa tradición.
El coronavirus ha evitado que este año se repitiera una de las tradiciones más anacrónicas del país: la concesión de indultos a presos a petición de algunas cofradías y hermandades de semana santa, algunas de las cuales mantienen desde hace más de dos siglos y medio el privilegio de pedirlos.
«No va a haber indultos», confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia, que explicaron que las excarcelaciones «tradicionalmente están vinculadas a las procesiones, y este año, con motivo del estado de alarma, han decaído las concentraciones grupales».
Sin embargo, las mismas fuentes declinaron señalar qué ocurrirá si esas procesiones se celebran dentro de unos meses, como ha sugerido la Congregación para el Culto Divino del Vaticano apuntando a mediados de septiembre.
No hay una decisión tomada, algo que, en realidad, implica adoptar al menos otra: determinar si la concesión de los indultos está ligada al calendario litúrgico o a la procesión. En el primer caso, no los habría este año; en el segundo, podría haberlos.
La decisión de no concederlos esta semana santa, algo que en todo debería haber materializado el consejo de ministros en su reunión del pasado martes 31 de marzo, la última anterior al domingo de ramos, no tiene vinculación con el estado de alarma en lo que se refiere a la potestad del Gobierno para conceder perdones, ya que el propio Ministerio de Justicia se habilitó para poder hacerlo mediante una orden emitida el pasado día 20, tal y como adelantó la entidad de transparencia Civio, que lleva años realizando un seguimiento de estas medidas en El Indultómetro.
El desmesurado peso de la iglesia en los indultos
El peso de esta tradición, en la que instituciones vinculadas a la religión acaban influyendo en las decisiones del poder judicial a través del ejecutivo de un Estado que se autoproclama como confesional, parece desmesurado en la política general de indultos que han desarrollado los últimos gobiernos, según reflejan los datos de la respuesta que ha dado el Ministerio de Justicia a una pregunta parlamentaria del senador de Compromís Carles Mulet.
En los últimos cuatro años de Mariano Rajoy, de 2015 a 2018, oscilaron entre el 15% de 2015 (once de 73) y el 48% de 2016 (trece de 27), mientras que el año pasado, el único en el que los ha concedido el gabinete de Pedro Sánchez, cayó de nuevo al 15,3% (seis de 39).
Los dos años de menor incidencia coinciden con los de mayor número de medidas de gracia aprobadas por los ejecutivos en los últimos años. Llegaron a duplicarse en el último ejercicio, el primero de Sánchez en la Moncloa, al pasar de 17 a 39, una cifra que, en cualquier caso, sigue muy lejos de la desmesurada horquilla de entre 204 y 1.744 que se dio entre 1996 y 2013.
Justicia ha eludido responder a la segunda parte de la pregunta del senador, que se había interesado por saber «a cuántos de los reos beneficiados» le fueron revocados esos indultos y «por qué motivos». El ministerio asegura que «no se dispone de los datos» sobre ese aspecto, ya que «el tribunal sentenciador no comunica» ese extremo al Gobierno.
En las audiencias provinciales y los juzgados de lo penal de las ciudades con cofradías y hermandades que disponen del privilegio de pedir indultos menudean esas revocaciones, normalmente por reincidencia, que obligan al beneficiado a acabar de cumplir la pena suspendida y a afrontar otra nueva.
«Es una anomalía democrática»
«Siempre hemos sido críticos con la figura del indulto, porque es una intromisión del poder ejecutivo en el judicial», explica Mulet, que recuerda cómo, no obstante, su partido ha llegado a reclamar su aplicación en dos ocasiones: para los okupas de Fraguas, condenados por intentar recuperar un pueblo abandonado en un monte público de Guadalajara, y para un alcalde declarado culpable de saltarse la ley al promover políticas ambientales.
«Que no se le diera a esta pobre gente y sí a una cofradía es una anomalía», señala el senador que reclama la revisión de la figura del indulto. «En todo caso, solo debería poder aplicarse cuando alguien es condenado en una sentencia injusta. Lo demás es una anomalía democrática», añade.
Para Juanjo Picó, portavoz de la organización laicista Europa Laica, los indultos de semana santa suponen «una figura arcaica y una muestra más de la interferencia de lo religioso en la vida civil, aunque la responsabilidad de que se mantenga una tradición así está en el Gobierno, en la parte civil».
«Las tradiciones de este tipo no pueden convertirse en norma, y a veces lo hacen», añade, al tiempo que espera «que esto relaje los ánimos simbólicos, aunque no confiamos mucho en que sea así».
