El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Congreso de los Diputados en el conflicto de atribuciones presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy para pedir que se anulase la paralización del calendario de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que el Parlamento empezó a tramitar pese a la disconformidad del Ejecutivo. La decisión del Tribunal, que ha desestimado el escrito de disconformidad del Gobierno, no solo abre la vía a que la oposición recurra los casi 70 vetos que ha impuesto al Ejecutivo con el argumento de que las propuestas del resto de partidos suponen una desviación presupuestaria. También ha provocado fricciones entre el PP y La Moncloa.
La Constitución otorga al Ejecutivo la prerrogativa de oponerse a la tramitación parlamentaria de aquellas iniciativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios. En opinión del portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, el Gobierno no ha subrayado suficientemente ese argumento en su escrito de disconformidad. En consecuencia, el también integrante de la dirección nacional ha pedido «argumentaciones más sólidas» en futuros escritos contra iniciativas de la oposición.
«Lo que confirma la sentencia es que el Gobierno tiene capacidad constitucional para vetar determinadas iniciativas», ha dicho Hernando durante una rueda de prensa en la Cámara Baja. «Argumenta que en este caso no se justificó adecuadamente el gasto», ha seguido. «Le pido al Gobierno que en próximas veces haga argumentaciones más sólidas».
«Es un correctivo muy importante para el Gobierno», ha opinado la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles. «Esto va a dar oxígeno a la legislatura», ha añadido.
A la vista de la sentencia, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha confiado en que el PP y Ciudadanos «cesen en el empeño de paralizar los debates» de leyes de la oposición y en concreto ha pedido a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que debata en el Pleno su proposición de ley sobre las pensiones a la mayor brevedad posible.
«La sentencia no solo sienta un precedente, sino que le da un tirón de oreja al Gobierno del señor Mariano Rajoy para que no se extralimite en sus funciones en cuanto a vetos o paralizaciones de proyectos de ley, que no teniendo acepción presupuestaria, intentan, a través de esta herramienta constitucional, ejercer un poder de gobierno a la antigua usanza», ha asegurado la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez.
Sin embargo, la Mesa del Congreso ha avalado precisamente este martes, y gracias a la mayoría que forman PP y Ciudadanos, dos vetos presentados por el Gobierno a una proposición sobre la ley de aguas y a otra sobre discapacidad, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.
