El Tribunal Constitucional tiene una curiosa forma de evitar "injerencias" en la contienda política. Supuestamente para no inmiscuirse en el debate parlamentario sobre la contrarreforma de la Ley del Aborto que impulsa a trancas y barrancas el Gobierno, ha decidido paralizar sus ya de por sí pausados debates sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PP interpuso contra la ley actual. En realidad, ´las vacaciones´ del Constitucional dejan el camino libre al proyecto gubernamental.
En efecto, el Constitucional, aunque no puede tomar oficialmente una decisión como ésta, ha decidido posponer sin fecha sus deliberaciones sobre el recurso a la Ley de plazos para regular el aborto que se aprobó en la anterior legislatura. Es su particular forma de facilitar el camino al Gobierno y sus planes de recorte, bajo el escudo y pretexto de no “interferir en el debate político”.
Sin lugar a dudas, el Constitucional tenía una patata caliente con el recurso del PP, planteado por una cincuentena de parlamentarios del partido de la derecha. En su momento, tras perder la batalla política, perdieron la primera batalla judicial, ya que el Constitucional se negó a suspender cautelarmente la Ley, como exigían los integristas de derecha. Así, la ley de plazos ha operado con normalidad des de su aprobación y, además de aportar seguridad y tranquilidad a las mujeres y los profesionales sanitarios, ha conseguido reducir el número de interrupciones voluntarias del embarazo, al combinarse los efectos de esta ley clarificadora con una intensificación y mejora de las campañas de información y prevención sexual realizadas por el último gobierno socialista.
Con la llegada del PP al poder, y su anuncio de modificar la ley en vigor, parecía que no tenía mucho sentido mantener el recurso, puesto que el PP tenía sobrados mecanismos políticos para llevar adelante sus tesis. Sin embargo, el recurso, por razones nunca explicadas, no se retiró y siguió su lánguida tramitación en el alto tribunal. Tras dos años de amagar y no dar, Gallardón finalmente ha presentado un proyecto de Ley que, en la práctica, casi impide que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir sobre su propia maternidad. Al menos no en España. Al menos no legalmente.
Y aquí viene el lío. El PP, en plena pre campaña para las Europeas, pretende aparcar la tramitación de un proyecto de Ley que es rechazado incluso entre sus filas. La pregunta es, por tanto, ¿Qué pasa si en este interregno el Constitucional valida la anterior ley de plazos? ¿Cómo justificar entonces su supresión?. Otro tanto ocurriría si el Constitucional tan sólo introduce algún pequeño cambio cosmético en la ley aprobada, que, por otra parte, ya pasó en su día abundantes filtros legales y técnicos.
Y la salida al embrollo se la proporciona al Gobierno la mayoría conservadora en el Constitucional: cruzarse de brazos, dar tiempo al tiempo y permitir que el Gobierno apruebe, utilizando su rodillo, ‘su’ ley del aborto. Y después, cuando la Ley de Plazos sólo sea un recuerdo, dará igual lo que diga el Constitucional, porque ya estará abolida. Una vez más, serán los ciudadanos con su voto quienes tengan que corregir los desaguisados de los políticos y los tribunales. Y todo para no interferir en el debate.
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