El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los seis recursos de inconstitucionalidad planteados contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Estos recursos fueron presentados por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, el Gobierno y el Parlamento de Cataluña y los Gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias.
El Tribunal acuerda dar traslado de cada una de las demandas al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en los distintos procedimientos y formular las correspondientes alegaciones.
“La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos, que el Tribunal resolverá en próximas fechas”, según ha informado este jueves el Constitucional.
Aunque cada recurso presentado tiene sus particularidades y las comunidades autónomas centran gran parte del argumentario en invasiones competenciales, coinciden en la impugnación de determinados artículos de la ley: los reguladores de la enseñanza de Religión, la educación diferenciada y el adelanto de los itinerarios formativos en la ESO. El plazo de presentación se cerró el pasado 10 de marzo.
El Grupo Socialista formalizó su recurso el pasado 7 de marzo, tres días antes de que terminase el plazo. El argumentario gira en torno a cinco puntos a su juicio, inconstitucionales: la financiación pública de la educación diferenciada, el adelanto de los itinerarios formativos, la falta de participación en los consejos escolares de los padres, el tratamiento que da a la Religión y la selección del alumnado por centros.
En el caso de Andalucía, cuyo ejecutivo registró el recurso el 4 de marzo, la impugnación se centra en cuestiones “recentralizadoras” de la nueva ley que invaden a su juicio, competencias autonómicas, como las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el diseño de las pruebas y el establecimiento de su contenido para cada convocatoria. También recurren sobre la regulación de la educación diferenciada y de la enseñanza de Religión.
Asturias y Canarias coinciden en sus recursos con gran parte de este argumentario, como en materia de Religión, educación diferenciada e itinerarios. El Gobierno de las islas denuncia que la Lomce invade competencias en las evaluaciones, la normativa sobre TIC’s, la admisión de alumnos en las enseñanzas universitarias de Grado; la gestión de becas y ayudas al estudio, y el diseño del curriculo escolar en Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
El Parlament de Cataluña, por su parte, acordó por mayoría recurrir la normativa el pasado 26 de diciembre. La particularidad, al igual que en el recurso planteado por la Generalitat catalana, es la incidencia de su argumentario en la regulación de la inmersión lingüística, junto a otras invasiones de lo que consideran competencias autonómicas, como en el diseño de los curriculos o la financiación.
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