La futura ley de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana que prepara el Consell pone fecha de caducidad a la simbología franquista que, casi 41 años después de la muerte del dictador, aún pervive en calles y plazas. El borrador del proyecto de ley que ultima la Conselleria de Justicia, además, no solo ordena a las Administraciones a descolgar escudos de edificios públicos y retocar el callejero, sino que también obliga a los propietarios de edificios de carácter privado «con proyección a un espacio o uso público» a retirar o eliminar los «elementos contrarios a la memoria democrática».
Esta última disposición afecta directamente a la Iglesia valenciana, cuyos templos y edificios exhiben decenas de placas de exaltación del fundador de la Falange con el lema «Caídos por Dios y por la Patria, José Antonio Primo de Rivera, ¡Presente!», como es el caso de la basílica arciprestal de Morella o la iglesia parroquial de Massarrojos, pedanía de Valencia.
La futura ley del Consell fija que «la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial se considera contraria a la memoria democrática valenciana y a la dignidad de las víctimas».
Coto a las «razones artísticas»
La nueva normativa también pone coto a la pervivencia de la simbología franquista al establecer que «no se considerará que concurren razones artísticas o arquitectónicas para el mantenimiento de los elementos de exaltación de la dictadura» en el caso de «placas, escudos, insignias, inscripciones sobre edificios o lugares históricos», así como «alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y sus defensores», ni tampoco las «alusiones a los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista».
No obstante, la última palabra sobre el valor histórico de dichos símbolos la tendrá el Instituto de la Memoria, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas de la Comunitat Valenciana que pretende crear la Generalitat. Este organismo deberá emitir «en el plazo de tres meses» un informe que justifique la permanencia de los vestigios.
Un «comité técnico» dependiente de dicho Instituto de la Memoria elaborará un listado de los elementos que deben ser retirados o eliminados, notificándolo a los titulares de los edificios para que los remuevan «voluntariamente». Si transcurridos12 meses no lo han hecho, la Generalitat «podrá realizar la retirada subsidiariamente», repercutiendo el coste a los propietarios del inmueble.
Régimen sancionador
El régimen sancionador de la nueva ley de memoria democrática considera «infracción grave», con multa de «entre 2.001 a 10.000 euros», el incumplimiento de una resolución por la que se acuerde la retirada de elementos contrarios a la memoria democrática.
Además, los sancionados perderán el derecho a recibir ayudas y subvenciones del Consell, pues el texto especifica que la Generalitat «no subvencionará, bonificará o prestará ayudas públicas a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática valenciana».
Callejero
Las calles General Urrutia y Barón de Cárcer deberán cambiar de nombre
La futura ley de memoria democrática valenciana obliga a los ayuntamientos, en el plazo de un año una vez se publique, a retirar los nombres de las calles dedicadas «a los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista». En este caso, por ejemplo, estarían las calles con que Valencia recuerda al general Urrutia, militar que preparó en Zaragoza el golpe del 18 de julio, o al barón de Cárcer, segundo alcalde franquista tras la caída de la República y Jefe Regional del Movimiento.
Cuadro de Honores
Valencia aún mantiene la «medalla de oro a la gratitud» al dictador
La nueva normativa fija que las Administraciones procederán, en el plazo de un año a partir de la publicación de la ley, «a revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista». El cuadro de honores del Ayuntamiento de Valencia, tras 10 meses de gobierno del tripartito de izquierdas, aún mantiene la «medalla de oro a la gratitud» que le concedió en 1962 la corporación municipal al dictador. Además siguen siendo hijos adoptivos de Valencia dos generales golpistas, como Antonio Aranda, que ocupó la ciudad en 1939, y Carlos Asensio Cabanillas, imputado por Garzón por el fusilamiento de entre 2.000 y 4.000 personas en Badajoz en agosto de 1936.
