El Consejo Escolar del Estado recomienda al Ministerio de Educación liderar un proceso para sustituir la Lomce por otra legislación básica educativa después de que esta norma haya provocado el «rechazo explícito» de amplios sectores de la comunidad educativa y su aplicación sea desigual en las comunidades.
Es una de las recomendaciones realizadas por el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa e incluidas en su Informe 2016 sobre el estado del sistema educativo, que se ha publicado recientemente.
Los expertos que forman parte de este Consejo han incluido diversas propuestas en su documento, varias de ellas referidas a la Lomce, tras considerar, por ejemplo, que «las deficiencias técnicas» de esta ley han provocado «una plicación desigual en las distintas comunidades autónomas».
«El Ministerio de Educación debería liderar un proceso participativo, democrático e informado para sustituir la Lomce por otra legislación básica educativa», la cual debería tener una serie de ejes, según estos expertos.
Así, debe reforzar los derechos educativos del alumnado, garantizar una financiación mínima equivalente al 6 % del PIB para el sistema no universitario, o plantear un currículo común reducido y actualizado.
El Consejo ha recordado que el Congreso ya se ha expresado en varias ocasiones a favor de la derogación de la Lomce.
Asimismo, ha argumentado que la Formación Profesional, sobre la que hace hincapié esta ley, «no ofrece expectativas razonables para el alumnado y la mayor parte de administraciones están ofreciendo enseñanzas alternativas».
Pacto educativo
Otro punto observado es que «existe una amplia aprobación social para los centros públicos y privados que están ofreciendo prácticas innovadoras que eluden la aplicación de determinados preceptos de la Lomce».
En el informe se ha subrayado el apoyo a un pacto educativo y se ha instado a la presidencia del propio Consejo o, en su caso, al Ministerio, a que traslade dicho aspecto a la Subcomisión para un pacto de Estado social y político por la educación que ya trabaja para ello en el Congreso.
Y se ha recomendado que este Informe 2016 se haga llegar a cada uno de los miembros de dicha Subcomisión.
