El pleno ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley del Parlament de Catalunya con 173 votos a favor, 135 en contra y 32 abstenciones
PSOE y Unidos Podemos han apoyado la iniciativa, Ciudadanos se ha abstenido y el PP y UPN han votado en contra
El Congreso de los Diputados debatirá sobre la despenalización de la eutanasia. La cámara ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Parlament de Catalunya para modificar el Código Penal. Con 173 votos a favor, 135 en contra y 32 abstenciones, comienza el trámite parlamentario de la iniciativa, que pretende que en España se deje de castigar tanto la eutanasia como el suicidio asistido. La propuesta ha sido apoyada por el PSOE y Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea; el PP y UPN han votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.
El pleno debatió la proposición el pasado martes en medio del eterno retorno de la eutanasia al Congreso. Esta fue la tercera vez que el tema se coló en el Congreso en menos de tres años. Por su parte, el PSOE presentó hace una semana su propia iniciativa para regularla como un derecho incluido en la cartera de servicios comunes de la Sanidad. Se trata de un compromiso al que llegó Pedro Sánchez con Alberto Garzón después de que los socialistas se opusieran dos veces a las iniciativas para regularla que llevo a la cámara Unidos Podemos: una fue una enmienda a la ley de muerta digna que presentó Ciudadanos y otra fue su propia norma.
En España, algunas prácticas enfocadas a la ayuda médica en el final de la vida cuentan con respaldo legal, pero otras siguen acarreando penas de cárcel. L a reforma del Código Penal de 1995 atenuó las penas referidas al suicidio asistido y a la eutanasia, pero mantuvo los tipos delictivos.
De esta manera, la ley castiga al que «causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro» con penas que pueden ir de los seis meses a dos años y del año y medio a los seis años. Estas son las penas rebajando en uno o dos grados –porque la ley especifica que se hará así en el marco de una enfermedad– las que contempla el mismo artículo para los que cooperen con el suicidio de una persona y en el caso de que se llegue a «ejecutar la muerte».
Esta es la diferencia clave entre el suicidio asistido y la eutanasia, dos conceptos que suelen sembrar confusión. El primer caso se refiere a la persona que se da muerte a sí misma con la asistencia de un médico, que le proporciona los medios necesarios y le atiende en el proceso. El segundo caso es la acción realizada por un médico para causar la muerte directamente de una manera eficaz e indolora. Ambas situaciones en el marco de una enfermedad grave que le conduce necesariamente a su muerte o le proporciona sufrimientos físicos o psíquicos que considera intolerables.
Pedir morir públicamente
Cada cierto tiempo el debate sobre la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido se reaviva. En muchas ocasiones tiene que ver con los casos de personas que hacen pública su situación y piden morir. José Antonio Arrabal, enfermo de ELA, grabó el año pasado su propio suicidio para reivindicar la despenalización de ambas prácticas. «¿Por qué no podemos acabar con nuestra vida de manera digna si ésta se convierte en un infierno?», se preguntaba.
Luis de Marcos, enfermo de esclerosis múltiple, también inició una campaña para pedir ayuda para morir dignamente. La enfermedad que le diagnosticaron hacía siete años le había postrado en una cama y ya respiraba y hablaba con dificultad: «Pido morir porque para mí acabar con esta situación es una liberación. Desde hace bastantes meses esto no es vida, cada vez tengo más dolores insoportables que antes resistía con fuerza y entereza, pero ahora he entrado en una fase en la que soy consciente de que no me merece la pena estar aquí».
El debate social sobre la eutanasia y el suicidio asistido se arrastra desde los años 90, cuando antes incluso de consumarse la reforma del Código Penal, Ramón Sampedro, convertido en el primer español en acudir a los tribunales para reclamar su derecho a morir dignamente. Cansado de esperar una respuesta y de que la justicia le diera la espalda, pudo morir en enero de 1998 gracias a una «mano amiga» que le facilitó los fármacos que le permitieron cumplir lo que él quería.
Desde entonces se han puesto en marcha algunas regulaciones autonómicas que pretenden garantizar los derechos del final de la vida, entre los que se encuentran los cuidados paliativos, el derecho a la información o la sedación. Sin embargo, «no se puede hablar de muerte digna sin hablar de suicidio asistido o eutanasia», decía el anestesista Luis Montes, que falleció el pasado mes de abril. El doctor y presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD) fue acusado de realizar sedaciones terminales irregulares en el hospital público Severo Ochoa de Leganés, pero la justicia sobreseyó el caso en 2007.
Según una encuesta de Metroscopia de finales de febrero de 2017, el 84% de los españoles cree que un enfermo incurable debe tener derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para morir.
