La Comisión de Justicia del Congreso anuló ayer, definitivamente, la privatización del Registro Civil aprobada hace un año por el PP y que debía materializarse a partir del 15 de junio. Una enmienda, la 129, a la ley de reformas estructurales y de apoyo a la economía, decretada hace un año, deja en suspenso indefinidamente la privatización de la gestión del Registro Civil, que seguirá dependiendo del Ministerio de Justicia. La enmienda fue adoptada por unanimidad.
Con ello se diluye el proyecto del ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, de transferir a los registradores mercantiles los datos del Registro Civil y de compensarles económicamente por la gratuidad de las inscripciones y certificaciones que ahora son gratuitas. La negociación con los registradores mercantiles estaba muy avanzada, pero el fiasco provocado por su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, al obligar al Colegio de Notarios a comprar un sistema informático a un precio abusivo para hacerse cargo de los expedientes de nacionalidad, y las protestas de los funcionarios de Justicia y de la oposición sindical y política, han llevado al PP a retirar la operación. La fórmula adoptada ha consistido en prolongar sine die la vacatio legis de aquella norma. “Esperemos que esas vacaciones sean a perpetuidad, vacatio morten”, dijo Gaspar Llamazares, el diputado que más se ha batido el cobre contra la privatización de la gestión de los datos de los españoles y del mencionado servicio público del Ministerio de Justicia.
En la reforma de la ley del Registro Civil, el PP aceptó las enmiendas del PSOE y de otros grupos y anuló el precepto gubernamental que obligaba a los progenitores del recién nacido o sus adoptantes a declarar si están casados o no. La reforma mantiene el limbo jurídico sobre los vientres de alquiler o maternidad rogada.
Aparte de esa reforma, la Comisión de Justicia del Congreso tramitó con gran celeridad las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, después de décadas de terrorismo de ETA, liquidan la incomunicación policial de los detenidos por más de 72 horas. Los arrestados serán visitados por el médico forense cada 12 horas y su estancia en los calabozos y sus interrogatorios serán grabados en vídeo. La reforma supone el principio del fin de la legislación especial antiterrorista y establece por primera vez, después de las cinco condenas por torturas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado Español, la garantías judiciales básicas para evitar los malos tratos a los detenidos en las dependencias policiales.
Emilio Olabarría, del PNV, y Llamazares, de Izquierda Plural, protestaron por la tramitación acelerada y en lectura única de una reforma de la que depende la suerte o desgracia penal de miles de personas. En sus enmiendas pedían que la detención incomunicada no se prolongue más de 48 horas y que el médico forense visite a los detenidos cada ocho horas. El PP aceptó que los forenses visiten a los detenidos cada 12 horas y que la incomunicación no supere los tres días salvo que, en auto fundado, el juez decida prolongar este tiempo para facilitar la investigación de delitos. “Estamos a punto de acabar con la legislación especial antiterrorista”, dijo a cuartopoder.es el ponente del PNV, visiblemente optimista.
Las enmiendas socialistas, defendidas por Manuel de la Rocha, incidieron en las garantías de los detenidos, de modo que puedan comunicarse con sus abogados antes y durante los interrogatorios policiales. Esta previsión está recogida en el derecho comunitario y no ha podido ser rebatida por el PP, como tampoco la obligación de proporcionar a los detenidos los medios orales de traducción necesarios cuando no entiendan nuestro idioma y la preservación de su privacidad, así como la grabación de los interrogatorios y ruedas de reconocimiento.
A partir de aquí, la mayoría absoluta del PP rechazó las enmiendas socialistas y de los demás grupos, menos CiU, contrarias a que el fiscal sea quien decida si pide o no la prórroga de la instrucción de las causas complejas, principalmente las tramas de corrupción, a partir del límite de 18 meses fijado en la nueva ley. “Va a ocurrir –dijo Rosa Díez– que el Ministerio Fiscal facilitará el carpetazo a muchas causas penales de corrupción; nada más hay que ver cuál ha sido la actitud de la Fiscalía del Estado en algunos temas graves, en los que ha actuado en defensa de los imputados”. Díez no mencionó el caso de la infanta Cristina de Borbón y de su marido, el comisionista de los gobiernos de Baleares, la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid, Iñaki Urdangarín, pero la memoria de la actitud del fiscal y de la actuación torticera de la Agencia Tributaria estaba en la mente de todos.
Otro aspecto controvertido de la reforma del enjuiciamiento penal, que cambia el calificativo de ‘imputados’ por el de ‘investigados’, va a ser la consagración de la llamada ‘doctrina Botín’, por la cual no hay juicio, sino archivo sumarial, si el fiscal no ejerce la acusación. Con ello se ningunea y anula la acusación popular, figura genuina del derecho penal español, según recordó la dirigente de UPyD, Díez, denunciante en el caso Bankia.
