El Consistorio también ha costeado los 495 euros que costó el autobús que se dispuso para trasladar a la jornada a alumnos del colegio Inmaculado Corazón de María y la portavoz socialista, Sandra Gómez, critica el gasto municipal “para adoctrinar a un grupo de menores y para pagarle un buen almuerzo al diputado de Vox condenado por maltrato, Carlos Flores Juberías”
El pasado 25 de marzo se celebró el ‘Encuentro en Defensa de la Vida Ciudad de València’ que tuvo lugar en el centro municipal Jubiocio, del barrio de Benicalap de la ciudad, con motivo del ‘Día Mundial del Niño por Nacer’.
La iniciativa suscitó una importante polémica que se agravó tras conocerse que entre los 200 asistentes a la jornada había 53 alumnos de cuarto de ESO y uno de bachillerato del colegio concertado Inmaculado Corazón de María para los que el Ayuntamiento fletó un autobús. Precisamente, uno de los ejes del pacto de Gobierno entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana era, supuestamente, “sacar la ideología de las aulas”.
El cuadro de ponentes de la jornada estuvo conformado por el diputado nacional de Vox condenado por maltrato y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de València Carlos Flores Juberías; la directora de Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Belén Merck Navarro; y el profesor de Bioética y adjunto al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Emilio García Sánchez.
En su intervención, Flores afirmó que en España “uno puede abortar en cualquier momento de las primeras 14 semanas de embarazo por cualquier motivo y sin necesidad de dar explicaciones” e insistió en que “en el lenguaje coloquial empezamos a entender que en nuestro país se habría instaurado el aborto libre, limitado en el tiempo, 14 semanas, pero sin necesidad alguna de justificación”. El concejal de Sanidad de Vox, José José Gosálbez, socio de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de València que dirige la alcaldesa María José Catalá, finalizó su intervención con un “sí a la vida y no a la cultura de la muerte”.
Pero la cosa no quedó ahí porque según la información recabada por elDiario.es, el Ayuntamiento contrató un servicio de “restauración” con la empresa La Seu Catering y Hostelería S.L. por valor de 1.468,50 euros, IVA incluido. También se costeó el autobús del colegio concertado por importe de 495 euros, IVA incluido, contratado a la empresa Autocares Capaz S.L.
Al respecto, la portavoz socialista en València, Sandra Gómez, ha lamentado que el Ayuntamiento de València haya tenido que sufragar los gastos del acto antiabortista que se montó Vox con el permiso expreso de Catalá solo para seguir impulsando su guerra desde las instituciones contra los derechos de las mujeres.
“Se está imponiendo una agenda de guerra frontal y generalizada desde el gobierno de PP y Vox contra los derechos de las mujeres. Lo vimos en el 8 de marzo con la supresión de unas jornadas dirigidas a empoderar a las mujeres y también en estas jornadas donde se cuestionó abiertamente el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad”, ha manifestado.
Unas jornadas, ha apuntado Gómez, que sirvieron, además para adoctrinar a un grupo de menores de un colegio concertado de la ciudad, para pagarle un buen almuerzo al diputado de Vox condenado por maltrato, Carlos Flores Juberías. Un buen almuerzo, ha asegurado, porque “su batalla contra los derechos de las mujeres nos ha costado a todos los valencianos y valencianas 1.500 euros a los que hay que sumar otros 450 euros para contratar el autobús del adoctrinamiento”.
Por otra parte, el pasado 14 de abril Compromís anunció una denuncia en la Agencia Antifraude por la organización, por parte del Ayuntamiento de València, de una jornada antiabortista por considerar que “se ha vulnerado la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”.
Esta nueva denuncia se suma a la queja presentada también por Compromís al Síndic de Greuges por este mismo acto, ha informado Compromís en un comunicado. La concejala Lucía Beamudseñala que “es especialmente grave esta vulneración de la ley porque el público al que se dirigían las ponencias era menor de edad”.
Por ello, Beamud critica el “adoctrinamiento a menores y el uso partidista de los recursos públicos parte de Catalá y de la ultra derecha de Vox”.
