El centro concertado J. H. Newman, financiado con fondos públicos, favorecía la matriculación de los niños cuyos padres demostraran casi 2.000 euros en donaciones a ONG hasta que la Comunidad de Madrid se lo prohibió por discriminatorio; todavía mantiene una ventaja para empleados del Banco Santander
¿Le sobran 1.800 euros para donar a una ONG? Punto extra para matricular a su hijo en el madrileño colegio concertado (que financia el Estado) J. H. Newman. ¿Su hijo fue a la escuela infantil que tiene el Banco Santander dentro de sus instalaciones? Punto extra.
El colegio Internacional J. H. Newman intentó favorecer la matriculación de familias que pudiesen permitirse dar casi 2.000 euros a una Organización No Gubernamental durante el proceso de este curso y, al menos, el pasado. El centro daba uno de los puntos de libre disposición de los que dispone cada colegio a aquellos progenitores que demostrasen haber donado “al menos” 1.800 euros a “entidades sin ánimo de lucro (…) que den derecho a deducción en la declaración de IRPF”, según figura todavía hoy en el documento de admisión que este pasado viernes seguía colgado en la web del centro.
Otro de los criterios para dar un punto es que el alumno en cuestión haya pasado por algunas escuelas infantiles concretas, entre las que se incluye la que está ubicada dentro de la Ciudad Financiera del Banco Santander. En una versión anterior de este documento se fijaba directamente que los empleados de este banco tendrían un punto extra. Esta medida, quizás susceptible de ser impugnada también, se sustituyó por la referencia a algunas escuelas infantiles determinadas, todas ellas privadas del entorno del centro excepto la del Santander. Acudir a la escuela pública infantil Hiedra, situada a 200 metros del colegio, no otorga punto extra, sin embargo.
Como centro integrado en la red pública, este centro está sometido a las mismas normas de funcionamiento que los colegios estatales: en lo referente a la admisión de alumnado no puede discriminar a nadie por motivos económicos ni exigir pagos obligatorios, circunstancias que los concertados no siempre cumplen.
Todo esto denunció un ciudadano particular ante la Comunidad de Madrid, que le dio la razón y ordenó al centro “anular y suprimir de forma inmediata el referido supuesto aprobado por el centro para la adjudicación del criterio complementario en el proceso ordinario de admisión de alumnos para el curso 2022-2023”. Añadía el Gobierno regional que “de ninguna manera podrá aplicarse puntuación alguna por este criterio complementario en las solicitudes de plaza escolar que el centro reciba en el actual proceso ordinario de admisión de alumnos para el próximo año académico 2022-2023”.
En su resolución, la Consejería de Educación señala que el criterio aplicado por el colegio va contra dos leyes orgánicas (el artículo 6.1 de la LODE que establece la igualdad entre todo el alumnado y varios de la LOMLOE en la misma línea) y dos decretos de desarrollo, “pudiendo suponer una clara discriminación por motivos socioecónomicos y, por lo tanto, impedir el acceso en condiciones de igualdad y, consecuentemente, no garantizar la libertad de elección de centro educativo a las familias”.
El problema es que la resolución de Madrid llegó el día anterior a que cerrase el proceso de admisión de solicitudes de matriculación; tarde por tanto para la mayoría de familias.
El colegio J. H. Newman, que pertenece a la Fundación Internacional de Educación, vinculada a su vez al movimiento religioso Comunión y Liberación, se financia con dinero del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Como todos los concertados en la región, recibe 58.281 euros anuales por cada clase de Infantil concertada, 59.617 euros en Primaria, 76.841 euros por los primeros dos cursos de la ESO y 80.859 euros por 3º y 4º, según el precio de los módulos establecidos por la Comunidad de Madrid en los presupuestos para este 2022. Descontados los salarios docentes, el colegio se queda con entre 12.100 euros por año en Infantil hasta 20.000 en los últimos cursos de la ESO.
El centro aparecía también en el informe anual que vienen realizando la patronal de colegios privados Cicae y la federación de asociaciones de AMPAs de la escuela pública Ceapa acerca del cobro de cuotas (ilegales si no se especifica claramente que son voluntarias) en la escuela concertada. Según este informe, realizado por la técnica del cliente misterioso (alguien acude al centro fingiendo ser una familia para informarse de las condiciones) J. H. Newman cobra 140 euros mensuales a las familias.
Este periódico ha llamado tres veces al colegio para preguntar por estas prácticas, pero su director, Juan Ramón de la Serna, no ha contestado ninguna de las tres ocasiones.
Levantado sobre una parcela pública cedida gratis
Este centro, cercano al PP, aparece en los medios de comunicación cada tanto. El episodio más reciente fue cuando el anterior líder del PP, Pablo Casado, lo eligió como lugar desde el que lanzar una diatriba contra la ley Celaá en 2021. “Hay que evitar el adoctrinamiento”, decía el entonces popular apenas tres semanas después de que la Comunidad de Madrid no dejase intervenir a la ministra Irene Montero en un centro público por considerar que era un ejercicio de “adoctrinamiento”.
Pero el colegio es conocido ya desde su concepción. Está ubicado sobre una parcela pública que el Ayuntamiento de Madrid le cedió de manera gratuita cuando José María Álvarez del Manzano era alcalde. Las negociaciones con el Consistorio, cuentan los propios fundadores del colegio, contaron con buenos padrinos. En 2001 “se dio a conocer una carta del Cardenal [monseñor Rouco Varela, en aquel entonces] al Alcalde y otra de un diputado del Congreso [el popular recientemente fallecido Juan Manuel Albendea] amigo del Alcalde en la que le ruega que agilice o, al menos, que no paralice la cesión del terreno”, escriben en la memoria del décimo aniversario del centro. Las gestiones dieron sus frutos y en febrero de 2002 se aprobó la cesión gratuita y durante 75 años de la parcela que los propios responsables habían elegido sobre plano.
En 2005, tras superar “la persecución política tan brutal de la izquierda anticlerical y sectaria” que, temieron, les habría dejado sin colegio si no hubiera sucedido el tamayazo en 2003, el centro saltó a las páginas de El País, que informaba de que estaba pidiendo 5.000 euros a cada familia interesada en ingresar en él para finalizar la construcción. El director del centro, que lo sigue siendo hoy, admitía que se estaba pidiendo dinero, pero lo desvinculaba del proceso de admisión. Un padre contó, sin embargo, que a su mujer le dijeron cuando fue a informarse que “un 99% de quienes hiciesen el donativo tendrían plaza” y que sólo se colaría un 1% de quienes no aportaran dinero.
