Antes del inicio de la primera jornada contra el profesor de gimnasia las partes tratarán de alcanzar un acuerdo que evitará la celebración del juicio
Las autoridades siguen sin investigar la responsabilidad de la orden religiosa ni promover la reparación de las víctimas con delitos prescritos
El juicio contra Joaquim Benítez, el profesor de Educación física que abusó durante décadas de alumnos del colegio marista de Sants-Les Corts de Barcelona, tal vez no llegue a celebrarse. Todas las partes implicadas en el proceso judicial han confirmado a EL PERIÓDICO que se está debatiendo seriamente un pacto y que los contactos pueden prolongarse hasta el mismo día en que se inicie la vista, es decir, este lunes 25 de marzo. Las prescripciones han impedido que la justicia pueda sentar en el banquillo a más implicados en el ‘caso Maristas’.
El acuerdo implicaría rebajar en algunos años la condena al pederasta Benítez, que se enfrenta a una petición del fiscal de 22 años de cárcel. Si hay pacto, descenderían hasta situarse alrededor de los 15 años de privación de libertad. Evitar la celebración de un juicio convencional no significaría renunciar a la declaración de Benítez. Las acusaciones particulares tienen interés en preservarla, de modo que el profesor dé su versión acerca de si existió o no encubrimiento por parte de la institución de los Maristas.
Benítez ya afirmó en la segunda entrevista con EL PERIÓDICO que los responsables del colegio sabían que él tenía “este problema”. En otra conversación con Manuel Barbero, padre de una víctima e impulsor del ‘caso Maristas’, Benítez se comprometió a decir toda la verdad acerca del grado de conocimiento que tenía la escuela sobre sus abusos. No es una cuestión menor: al contrario de las presentadas por las cuatro víctimas que han llevado a juicio a Benítez, el resto de denuncias contra él -otras 13 en total- están prescritas, no forman parte del proceso y sucedieron después de que saltaran algunas alarmas. Según el pederasta confeso, una familia se quejó de sus abusos alrededor de 1990 y él admitió los hechos en la escuela: “Los Maristas sí conocían esta debilidad”.
Caducidad aliada de la pederastia
Benítez ejerció de profesor en Sants-Les Corts entre 1980 y 2011 y durante ese periodo no dejó de encerrarse a solas con alumnos en un despacho que tenía junto a la piscina del centro. Barbero, cuyo hijo fue agredido sexualmente por Benítez, encontró a otras cuatro víctimas del pederasta colgando carteles en la escuela. EL PERIÓDICO publicó su historia y aquel fue el primer episodio del que acabaría convirtiéndose en el ‘caso Maristas’.
Tras la noticia de Barbero, este diario localizó a Benítez, desaparecido desde que en el 2011 otra familia se quejó de sus abusos a la dirección del centro y esta lo invitó a marcharse, y en la primera entrevista con EL PERIÓDICO confesó que el hijo de Barbero decía la verdad. Durante los dos meses siguientes, aparecieron decenas de víctimas que revelaron abusos perpetrados por una docena de profesores, la mayoría hermanos religiosos maristas. El balance final fue de 43 denuncias contra docentes de los colegios de Sants-Les Corts y la Inmaculada, en Barcelona, y del Champagnat de Badalona. Tres de los docentes acusados de pederastia -entre ellos Benítez- confesaron sus abusos a este periódico.
Afloró de este modo una trama de ocultación de la pederastia por parte de la institución marista. La misma que actualmente comienza a emerger en el seno de los Jesuitas, los Claretianos, los Capuchinos o los Benedictinos de la Abadia de Montserrat. La misma que asoma en diócesis como la de Tarragona, con sacerdotes denunciados en Constantí y Sant Jaume dels Domenys.
Sin embargo, la prescripción de los delitos sexuales continúa aliándose con los pederastas y, sobre todo, con las organizaciones religiosas. Por eso el ‘caso Maristas’, judicialmente, ha sido solo el ‘caso Benítez’.
La inacción de las autoridades
El Ayuntamiento de Barcelona presentó su acusación contra Benítez al poco tiempo de arrancar el proceso, hace ahora tres años. El Govern de la Generalitat, entonces en manos de Junts pel Sí, titubeó y no lo hizo hasta que estaba a punto de acabar. Estas dos acusaciones han sido meras espectadoras de la instrucción y no han apuntado en modo alguno a la responsabilidad de los Maristas en el asunto, un colegio que funciona con dinero público, tanto de la Generalitat como del ayuntamiento.
Las autoridades españolas, a diferencia de las chilenas, (el Papa aceptó ayer la renuncia del arzobispo) tampoco han promovido en modo alguno la reparación de todas las víctimas de abusos sexuales ocurridos en el seno de colegios maristas cuyos delitos están prescritos. Más de 30 personas que denunciaron a los Mossos a sus exprofesores han visto como sus causas quedaban archivadas. En España sigue sin aprobarse una reforma del Código Penal que dé más tiempo a las víctimas para enjuiciar a sus agresores.
Negociación entre Maristas y Mans Petites
Manuel Barbero, el padre que comenzó a destapar el ‘caso Maristas’, ha impulsado desde la Fundació Mans Petites una negociación con los Maristas para lograr la reparación pendientes de la mayoría de víctimas con delitos prescritos. Junto a ‘Jota’, víctima del profesor Arnaldo Farré en el colegio de Sants-Les Corts, se han reunido con representantes de la Fundació Champagnat en un proceso tutelado por la Generalitat.
Actualmente, lamenta Barbero, la negociación está en una vía muerta. Fundamentalmente porque los Maristas no aceptan pactar una indemnización mínima para todos los casos. Un embrollo que no desatasca la Generalitat, que en lugar de liderar esta comisión bilateral -y hacer un llamamiento a todas las víctimas existentes- ha mantenido un papel “de árbitro neutral”, critica Barbero, que entiende que debería mostrar un mayor interés en una negociación que afecta a alumnos escolarizados en centros concertados por Ensenyament.
El antes y el después del ‘caso Maristas’
Hay un antes y un después a raíz del ‘caso Maristas’. Al salir a la luz en febrero del 2016 el escándalo de los abusos sexuales a alumnos de diferentes colegios de la congregación religiosa, los actores vinculados a esta lacra tuvieron que mover ficha. Para algunos sectores de la sociedad, sobre todo los relacionados con las víctimas, los pasos dados para conseguir una mayor protección de los menores han sido ínfimos. En tres años se han mejorado los protocolos oficiales de detección de maltrato infantil, como las agresiones sexuales en las escuelas, el Gobierno central ha aprobado un anteproyecto de ley para ampliar el plazo de prescripción de estos delitos y las víctimas han perdido el miedo a denunciar. En el ‘caso de Montserrat‘, la abadía ha creado un comisión externa para esclarecer lo sucedido.
Los protocolos
En la época en que empezaron las denuncias contra el exprofesor de gimnasia del colegio marista de Sants-Les Corts Joaquim Benítez, el protocolo oficial lo decía muy claro: cualquier situación de malos tratos de carácter grave que haya sufrido un menor en el ámbito educativo deberá ser comunicada por los responsables del centro docente a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat, además de a la fiscalía o al juzgado de guardia. La Fundación Champagnat, la entidad titular del colegio donde ejerció Benítez, se saltó esa primera parte del protocolo, suscrito en el 2006 entre las ‘conselleries’ de Benestar Social y Ensenyament. A la DGAIA no le constaba haber recibido comunicación oficial. Ni siquiera les notificó lo ocurrido en el 2011, cuando los Maristas sí presentaron una primera denuncia ante la Fiscalía de Menores contra Benítez -omitiendo su confesión-, que acabó siendo despedido. Tampoco informaron a la Generalitat en el 2013 del caso de los abusos al hijo de Manuel Barbero. En junio del 2016, el Gobierno catalán aprobó la ampliación de dicho protocolo y estableció un mecanismo de derivación y coordinación y unos circuitos administrativos y técnicos más ágiles entre el ámbito educativo y en de la protección del menor.
La prescripción
Solo cuatro de la cuarentena de denuncias presentadas ante los Mossos contra 12 exdocentes de colegios de los Maristas han llegado finalmente a juicio. Y esas cuatro están dirigidas todas contra Benítez, que recibió un total de 17. La mayoría de casos fueron archivados en los juzgados por la prescripción del delito y las víctimas no tuvieron ni la oportunidad de explicar lo sucedido a un magistrado.
A raíz de la publicación en EL PERIÓDICO del ‘caso Maristas’, el entonces ‘conseller’ de Justícia, Carles Mundó, encargó un informe jurídico. En este se proponía ampliar el periodo en el que empieza la prescripción de los delitos de pederastia de los 18 años a los 30, como ocurre en Alemania. “Debe fijarse cuándo la víctima ha digerido esa vivencia personal y alcanza la madurez para enfrentarse a esta situación y denunciar. Este delito no se puede tratar de forma genérica como cualquier otro”, razonaba.
Tiempo más tarde, a finales del 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el anteproyecto de la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entre otras medidas ampliará el plazo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual cometidos contra menores: empezará a contar a partir de los 30 años.
Romper el silencio
La valentía de los primeros denunciantes del ‘caso Maristas’ al revelar experiencias traumáticas ha abierto los ojos a muchas otras víctimas de abusos sexuales cometidos en centros escolares, muchos de ellos vinculados a la enseñanza religiosa católica. Así, han ido emergiendo casos nuevos de otras órdenes religiosas, como los Jesuitas, los Claretianos, los Capuchinos y los Benedictinos de la Abadía de Montserrat. Y no solo han salpicado a docentes, sino también a religiosos o párrocos de determinadas poblaciones, como Constantí, Sant Jaume dels Domenys y Vilobí. El que fuera rector de la parroquia de Constantí, por ejemplo, mosén Pere Llagostera, ya fallecido, abusó de niños durante décadas. En Montserrat, todas las miradas se dirigieron al monje Andreu Soler, que estuvo en contacto con menores durante cuatro décadas tras fundar el grupo de escolta de Els Nois de Servei. En este caso, que empezó con la denuncia de Miguel Hurtado, la abadía ha creado una comisión externa de expertos, entre los que se encuentra una abogada, para aclarar lo sucedido.
