Angelo Becciu, Cecilia Marogna y una decena de altos cargos de la Curia se enfrentan a varios años de prisión por malversación de fondos y abuso de poder en un escándalo que incluye complicidades con el espionaje, paraísos fiscales y un agujero de más de 400 millones de euros que debían destinarse a los pobres.
Un cardenal defenestrado por el Papa. Una espía en el continente africano y una red diplomática paralela a la de la Santa Sede. Inversiones en palacios en la zona vip de Londres, paraísos fiscales, bolsos de Chanel o películas de Elton John. Una espiral de corrupción que afecta a los principales órganos del Vaticano. Y, sobre todo, más de 400 millones de euros robados del dinero que los católicos entregan al Papa para ayudar a los pobres. Todo esto se juzga a partir de este martes, en el mayor macrojuicio de la historia de la Santa Sede, que sienta en el banquillo de los acusados a una decena de jerarcas de la Curia, entre ellos el cardenal Angelo Becciu, hasta hace unos meses máximo responsable de la ‘máquina de santos’ del Vaticano y que podría acabar en la cárcel, acusado, entre otras cosas, de malversación de fondos y soborno durante su etapa como número dos de la Secretaría de Estado.
El juicio, para el que se ha habilitado una inmensa sala de los Museos Vaticanos, es histórico por varias razones. La principal, porque es la primera vez que se encausa a un miembro del Colegio Cardenalicio, cuya actuación pudo resultar clave para un agujero en las arcas vaticanas que los expertos estiman en más de 400 millones de euros. La segunda, porque independientemente de las condenas, este proceso marca un antes y un después en la apuesta por la transparencia del Papa Francisco, que ha acabado con el descontrol en las cuentas vaticanas, y está a punto de concluir la tan ansiada reforma de la Curia, que acabará con los privilegios –y las oscuridades– de los ministerios vaticanos.
Corrupción, extorsión, autoblanqueo…
Junto a Becciu también pasarán por el banquillo el bróker Gianluigi Torzi, acusado de haberse quedado con una comisión de 15 millones de euros por la compra-venta del palacio de Sloane Avenue de Londres –un 10% de la cantidad que Becciu habría aprobado sacar de los fondos del Óbolo de San Pedro, el dinero que los católicos de todo el mundo ofrecen al Papa para obras de caridad–; el ex presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede (AIF), René Brülhart, quien debía vigilar la legalidad de las inversiones vaticanas y a quien la Fiscalía acusa de abuso de funciones, al igual que a su mano derecha, Tommaso di Ruzza; o monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario del sustituto de la Secretaría de Estado, acusado de extorsión.
Junto a ellos, los antiguos responsables de las inversiones de la Secretaría de Estado, como Enrico Craso, procesado por malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de funciones, falsificación de documentos públicos por un particular y falsificación de documentos privados; o Raffaele Mincione, el broker que hizo que la Secretaría de Estado suscribiera importantes acciones del fondo que poseía el palacio londinense, y que posteriormente utilizó ese dinero, presuntamente, para inversiones especulativas y blanqueo de dinero.
Nicola Squillace, abogado implicado en las negociaciones; Fabrizio Tirabassi, funcionario secretario en la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado que desempeñó un papel destacado en el asunto, acusado de corrupción, extorsión, malversación, estafa y abuso de funciones; y Cecilia Marogna, la amiga de Becciu, quien recibió más de medio millón de euros de la Secretaría de Estado por trabajos relacionados con supuestas negociaciones para la liberación de misioneros secuestrados, así como para la creación de una red diplomática paralela a la oficial de la Santa Sede. De ese dinero, cerca de 200.000 euros fueron utilizados para la compra de artículos de lujo en marcas como Prada, Tod’s o Chanel.
Según el escrito de la Fiscalía, de casi 500 folios, la parte del león del escándalo está en la compra de un complejo en el número 60 de la avenida Sloane del barrio londinense de Chelsea a través del fondo Athena Capital, al que se hicieron hasta siete ingresos de 200 millones de dólares del Óbolo. El promotor de Justicia (fiscal) vaticano estima que, solo en el palacio londinense, se han destinado unos 454 millones de euros utilizando «esquemas totalmente anormales». Otro fondo, el Centurion, con sede en Malta, pudo utilizar casi 71 millones de euros del Vaticano en inversiones en empresas como la juguetera Giochi Preziosi, la producción de películas como Rocketman o Men in Black, o la adquisición de un inmueble en Roma por 13 millones de euros con la excusa, falsa, de que era una inversión del hospital Bambino Gesú.
El papel de Becciu y de sus hermanos
¿Y cuál fue el papel de Becciu? La fiscalía vaticana dedica 73 páginas a analizar al cardenal italiano y los pagos que la Secretaría de Estado y la Conferencia Episcopal italiana otorgaron a varias empresas, entre ellas una cervecera, propiedad de uno de sus hermanos. Un mecanismo similar al utilizado para ayudar a amigos en las nunciaturas de Cuba o Angola, así como unas obras «escandalosas» en la Nunciatura en Egipto, facturadas a la carpintería de otro hermano de Becciu.
En lo tocante al edificio de Londres, la fiscalía estima que Becciu pudo participar en dos de las ofertas de recompra del edificio, por importe de más de 350 millones de euros. Sí que parece probada la autorización del cardenal para la inversión de 200 millones de dólares del Óbolo de San Pedro en el fondo Athena «sin un mínimo de garantías y, sobre todo, sin ningún control para evitar que las ofrendas de los fieles pagadas para subvencionar obras de caridad se utilizaran para financiar temerarias incursiones especulativas», según el informe de Fiscalía.
