La reducción del gasto público anima el interés de los inversores por un sector estable El capital riesgo se suma a empresas tradicionales Voces críticas contra la «mercantilización»
Si hay negocio habrá interés del sector privado. Esta máxima del capitalismo es también aplicable al sector de la educación. La crisis económica y el dogma de la austeridad que se ha impuesto en Europa tienen como consecuencia inmediata una caída del gasto público en pilares básicos del Estado de bienestar como la enseñanza. La menor inversión de las Administraciones abre la puerta a la entrada del dinero privado. El capital riesgo tiene una larga experiencia de invertir en el ámbito educativo, principalmente en los países anglosajones y del norte de Europa. En España las operaciones del private equity han sido pocas hasta el momento, pero las aulas interesan, y mucho. “Es un sector que siempre ha sido atractivo y que en este contexto cobra aún más interés”, explica Enrique Leyva, socio fundador de Magnum, sociedad de capital riesgo en la que también participa Ángel Corcóstegui.
El contexto es la previsión del Gobierno —según los cálculos enviados hace unos meses a la Comisión Europea— de reducir la inversión pública en educación desde el 4,9% del PIB en 2010 al 3,9% en 2015. Una bajada equivalente a 10.000 u 11.000 millones de euros que, al menos en parte y al menos quien pueda permitírselo, compensarán las familias, pues la historia dice que cuando baja la inversión pública sube la privada y viceversa. Precisamente, uno de los principales argumentos de las protestas educativas contra los recortes es combatir “la privatización”, no solo por lo que se deje de invertir, sino porque temen que una mayor parte del dinero público educativo se canalice a través de las empresas: “No aceptamos que se desmantele la educación pública para beneficio exclusivo de la iniciativa privada”, decía el texto en el que la principal confederación de padres de alumnos (Ceapa) llamaba el mes pasado a las familias a una insólita “huelga de padres”.
«Ofrece una gran oportunidad, pero es muy sensible», dice un inversor
Hay especialistas que, sin embargo, no ven nada claro el atractivo del aula. “Tengo la impresión de que los colegios privados (e incluso las universidades) no suelen ser un negocio muy rentable y que la demanda no va a ser muy boyante en los próximos años, pero nunca se sabe”, escribe por correo electrónico el economista del CSIC Ángel de la Fuente. Los colegios privados han pasado de generar en España un beneficio de 132,2 millones de euros en 2000 a 490,5 millones en 2010, lo que da una media por centro escolar de 46.000 euros anuales en la privada pura y 78.000 euros en la concertada (subvencionada), según el dato del INE del curso 2009-2010. Lo cierto es que esas cifras no son las del negocio más rentable del mundo. Además, en medio de la crisis, la caída de la renta de las familias también está provocando la salida de alumnos de la privada a la concertada y de ahí a la pública.
Sin embargo, como reconocen las sociedades de private equity, el segundo gasto que más tardan en cortar los padres después de la hipoteca es la inversión en el desarrollo formativo de sus hijos. “La rentabilidad depende de cada proyecto. En nuestro caso, además de un negocio es un servicio de mucha sensibilidad porque nuestros clientes son los niños y sus padres. La educación es una actividad económica particular, pero eso no es incompatible con tener empresas saneadas”, explica Mariano Moreno, socio de N+1. Junto a Dinamia, la empresa de capital riesgo N+1 es propietaria los Colegios Laude (una red de ocho centros, uno en Inglaterra y el resto en España, con 5.300 alumnos y una facturación anual conjunta de 40 millones de euros).
“El negocio de la educación reúne dos requisitos importantes para el capital riesgo. En primer lugar, es un negocio bastante estable, que proporciona flujos de caja previsibles durante la vida escolar de los alumnos y eso abre la puesta al apalancamiento. Además, es una actividad en la que, si lo haces bien, te puedes diferenciar del resto, puedes aportar valor añadido”, añade Leyva.
«Necesitan primero deteriorar lo público con recortes», se queja un profesor
El periodo de permanencia del private equity en un negocio suele oscilar entre los 4 y los 10 años. “Teniendo en cuenta este espacio temporal, creo que la educación ofrece margen suficiente para rentabilizar la inversión”, apunta Leyva. En Magnum, de momento, no se han planteado entrar en la enseñanza y ven como destino lógico del capital riesgo la Universidad, ya que hay más campo que cubrir. Las universidades privadas ganaron 183,8 millones de euros en 2010, unos 718 euros por alumno. “La educación en este momento ofrece una gran oportunidad para la colaboración público-privada como ya viene ocurriendo desde hace años en el ámbito de la sanidad. Sin embargo, como es un sector tan delicado y sensible para la opinión pública está costando más su despegue”, añade Leyva.
Y sí, lo cierto es que se trata, sin duda, de un tema sensible. La mayoría de los movimientos de protesta contra los recortes en la inversión pública en educación (que ya acumula varios miles de millones de euros) no se creen los argumentos de los Gobiernos. Estos, tanto el central como los autonómicos, aseguran que los recortes son imprescindibles para sostener el sistema público en el medio y el largo plazo. Sin embargo, los opositores a los ajustes creen que se está aprovechando la crisis para poner en movimiento más dinero educativo dentro del sector privado.
Esta es la postura de Agustín Moreno, profesor de secundaria en Madrid y miembro del movimiento que se conoce como la marea verde: “Es muy evidente que una vez agotadas las grandes fuentes de actividad empresarial y de beneficio como la construcción y la obra pública (y no siendo atractiva la industria porque necesita grandes inversiones), el capital busca nuevas oportunidades de negocio o ampliar las ya existentes. Y siempre son seguros servicios esenciales como la educación o la sanidad. Dice la Unesco que el negocio de la educación es un pastel de dos billones de dólares al año”. En España, el gasto público es de unos 50.000 millones de euros y el de las familias, de otros 10.500 millones, según una encuesta del INE en 2007, que incluye enseñanza reglada y no reglada, comedor, actividades extraescolares, etcétera.
“Para aumentar el nicho de negocio necesitan primero deteriorar lo publico con recortes y reformas legales para vaciar de alumnado esa red y privatizar su atención o directamente privatizando servicios. La ofensiva se dirige desde la educación superior (Universidad) a los primeros escalones”, concluye Agustín Moreno. “La privatización de la escuela supone un ataque al derecho a la educación”, pues convierte “a los ciudadanos, propietarios de esos derechos, en meros clientes usuarios de un sistema educativo privado que solo pueden consumir en función de sus posibilidades económicas”, dice el libro coordinado por Moreno Qué hacemos con la educación (Akal, 2012).
Las empresas multiservicios han dado el salto a la gestión de las escuelas
El catedrático de Economía de la Pompeu Fabra José García-Montalvo defiende la inversión privada en educación, pero no en todas las edades. “Es lógico que en las primeras etapas educativas, donde la inversión tiene una elevada rentabilidad social, sea el presupuesto público el que predomine en la financiación educativa. Además, es aquí donde la sociedad se juega realmente la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en las etapas más avanzadas y, en particular, la universitaria, la participación privada debería jugar un papel más importante, pues la rentabilidad de esta inversión es fundamentalmente privada. Para facilitar la participación privada en el futuro será necesario mejorar las condiciones fiscales de las donaciones y potenciar el sentido de pertenencia a la institución entre los antiguos alumnos, así como concienciar a las empresas sobre la importancia del capital humano y las ventajas de la colaboración universidad-empresa”, dice García-Montalvo.
Pero justo en el otro extremo, en las escuelas infantiles para menores de tres años, es donde también está entrando con fuerza el sector privado (se trata de una etapa que ni es obligatoria ni gratuita en la pública). Agustín Moreno señala el ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde en los últimos años ha proliferado la entrada de empresas multiservicios (que ofrecen desde limpieza o catering a seguridad) en la gestión de escuelas infantiles públicas. La consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, ha señalado varias veces que se trata, simplemente, de las empresas que han ofrecido mejores condiciones (económicas y educativas, destaca) para la contrata.
Una de ellas es Eulen, que gestiona 50 escuelas infantiles y presta algún tipo de servicio (desde limpieza a actividades complementarias) en alrededor de 1.000 centros en toda España. “En el sector educativo debe haber profesionales tanto de la educación como de la gestión de esta actividad. De nada servirá tener los mejores educadores si no estamos gestionando bien los centros y viceversa. En este sentido, creo que hay empresas que están sabiendo unir buenos educadores y buenos gestores que son capaces de llevar a cabo proyectos educativos de calidad y más eficientes”, dice una portavoz. A las críticas, responde: “Somos especialistas en numerosas actividades y sectores y entre ellos el educativo. Como empresa privada que es obtiene un beneficio, pero dando trabajo a más de 45.000 personas en España y 30.000 fuera de ella. La calidad en los servicios prestados es una máxima de nuestra empresa y en el caso de la educación no es diferente”.
Durante años, el discurso conservador ha asegurado que la gestión privada es más eficiente, entre otras cosas, porque no tienen que lidiar con trabajadores funcionarios. Sin embargo, quienes defienden que eso no es cierto, esgrimen un argumento muy sencillo: la gestión privada nunca destinará todo el dinero al servicio del que se trate (véase la sanidad, véase la educación) porque siempre tiene que apartar un poco para buscar el beneficio. “Es falso que la educación privada sea más eficaz o eficiente. Hay que recordar que la pública —y no la privada— se encarga de las zonas rurales, de los alumnos con más necesidades especiales…”, destaca Miguel Recio, director de instituto y experto en estadística educativa de la Fundación 1º de Mayo de CC OO.
Hace falta un debate sin «dogmatismos», pide el responsable de una compañía
Riverside, una sociedad de capital riesgo que maneja inversiones valoradas en más de 2.300 millones de euros y gestiona diferentes colegios —en Suecia, por ejemplo, gestiona varios centros públicos—, defiende que la entrada del capital privado en la educación pública no es ningún sacrilegio. “En aquellos lugares donde hay una colaboración entre el Estado y el capital riesgo se ha conseguido mantener unos estándares educativos altos y, al mismo tiempo, una gestión más eficiente de los recursos públicos”, asegura Juan Barnechea, responsable de Riverside para España, Portugal e Italia. En España han intentado varias operaciones con colegios privados, que no han salido por diferencias de valoración. “La realidad es la que es y esa realidad refleja que hay menos dinero público para invertir en educación. En este contexto, hay dos opciones: o el Estado deja de proveer servicios o se intenta ofrecer lo mismo, pero con menos dinero”, añade.
En España, considera, tiene que haber una discusión “razonada” y sin “dogmatismos” para poder mantener una enseñanza pública de calidad. “No valen de nada las posturas radicales. La gestión privada no supone el fin de la educación pública. Hay que replantearse todo y hay que tener la mente abierta. Si a los inversores privados no se les garantiza un mínimo de rentabilidad no van a entrar en este sector. En cambio, los poderes públicos pueden pedir al capital riesgo que cumpla unos requisitos mínimos para garantizar un sistema público de enseñanza”, resume Barnechea.
En España, la estructura del sistema escolar limita estas posibilidades, con una inmensa mayoría de la educación privada ofrecida bajo el formato de los conciertos y con una inmensa mayoría de escuelas privadas católicas. Bajo esta estructura, las Administraciones pagan directamente a los profesores su sueldo, aunque no sean funcionarios (lo que se llama pago delegado) y los centros se comprometen a ofrecer gratuitamente las enseñanzas subvencionadas. Sin embargo, el margen está en las cuotas voluntarias (que no siempre lo son, según recurrentes denuncias) y las actividades complementarias y extraescolares.
N+1 ya es dueña de colegios; Magnum se interesa por universidades
De hecho, una patronal privada CICAE se quejaba del aumento de las cuotas por parte de algunos concertados en los últimos años. “En Madrid hay colegios concertados que no son fundaciones, sino entidades de lucro que cobran esos 4.000 euros o más, cuando el Estado costea al profesorado y casi todo el mantenimiento. Antes se pagaban 60 euros pero no lo de ahora”, se lamentaba Enrique Maestu, presidente de CICAE.
Además, la gestión de la educación no es algo independiente del derecho a la educación, insiste Miguel Recio, pues así lo dice la Constitución: “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos”. Recio recuerda que ya hace unos años los especialistas de la Universidad de Londres Stephen J. Ball y Deborah Youdell advirtieron en un trabajo contra “la privatización encubierta”. “Consiste en reducir el peso de los recursos públicos y obligar a las familias a pagar por segmentos de educación que tienen un valor diferencial: extraescolares, refuerzos y apoyos, idiomas, informática, música…”, asegura Recio.
Además, hay otras voces que se quejan de que parte de las medidas de la reforma educativa que impulsa el Gobierno buscan “convertir la educación en un negocio”, escribió en este diario Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León y coordinador Federal del Área de Educación de Izquierda Unida. Por ejemplo, si se elimina el dinero para los planes PROA de refuerzos escolares por la tarde para alumnos con dificultades, ¿no recurrirán las familias que puedan a contratar las clases particulares de toda la vida? O, si un alumno aprueba todos los cursos de la ESO pero suspende el futuro examen de reválida, con lo que no podría seguir estudiando, ¿no lo apuntarán las familias que puedan a una academia para prepararse el siguiente examen de reválida?
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El Gobierno prevé una reducción de la inversión pública en educación desde el 4,9% del PIB en 2010 al 3,9% en 2015. / Pepe Olivares
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