El próximo 12 de junio caduca el mandato de cuatro magistrados del TC, dos nombrados por el Gobierno y otros dos, por el CGPJ. La renovación daría como resultado una mayoría progresista, pero el partido de Feijóo sigue atrincherado en la negativa a cumplir el precepto constitucional que insta a la renovación del Poder Judicial.
La posibilidad de un Tribunal Constitucional (TC) con mayoría progresista se disipa a escasos días de que cuatro de sus magistrados, incluido el presidente, Pedro González-Trevijano, concluyan su mandato de nueve años.
La renovación, en condiciones normales, invertiría el equilibro de fuerzas, de siete a cinco, a favor de la tendencia progresista; lo que implicaría probablemente una presidencia no conservadora y que leyes recientes recurridas por Vox y el PP tengan menos probabilidades de ser tumbadas en el máximo órgano constitucional.
La ley de la eutanasia, por ejemplo. Un avance progresista imprescindible como la norma que permite decidir sobre la muerte digna está en peligro. El TC puede dar la razón a la derecha y a la ultraderecha y decretar la inconstitucionalidad de la ley, aprobada hace un año después de los intentos durante mucho tiempo para que saliera adelante.
La Ley Orgánica 3/2021 que regula la eutanasia recibió dos recursos en el TC, uno del PP y otro de Vox. De la ponencia del primero se encargará el magistrado Cándido Conde Pumpido, del bloque progresista, y del segundo, Ramón Sáez, también progresista. Aunque el resultado final dependerá de la votación de los doce magistrados. Los dos partidos derechistas han centrado su batalla ideológica en esta ley que permite morir con dignidad a las personas con enfermedades terminales.
La imposibilidad de renovar el tercio de magistrados que caduca el próximo domingo se debe a que el CGPJ no puede realizar nombramiento cuando está en funciones, como ocurre desde hace más de tres años con el actual gobierno de los jueces. La norma que se lo impide entró en vigor en marzo de 2021, después de que el Ejecutivo impulsase la reforma para impedir que siguiera realizando nombramientos discrecionales que estaban conformando una cúpula judicial inmensamente conservadora.
Los cuatro magistrados que han de salir del TC son el presidente, Pedro González-Trevijano, los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez –los tres, del bloque conservador–, y el vicepresidente Juan Antonio Xiol, del bloque progresista. En condiciones de normalidad democrática, la próxima renovación daría el resultado de tres miembros progresistas y uno de tendencia conservadora, lo que cambiaría las fuerzas en el TC.
Al no poder realizar sus dos nombramientos el CGPJ, el Gobierno tampoco puede hacer los suyos, ya que, como indica la Constitución, la renovación del TC se realiza por bloques de un tercio. Es una situación inédita el hecho de que el tercio de magistrados correspondientes al Gobierno y al CGPJ no se pueda renovar.
El recurso contra la ley del aborto
El PP recurrió en 2010 ante el Constitucional la vigente ley del aborto, aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El tribunal de garantías no contempla plazos ni debe dar explicaciones ante retrasos en sus deliberaciones, aunque sean de 12 años, como es el caso. Fuentes del tribunal indican que este recurso podría estudiarse en cuanto acaben las elecciones andaluzas. El foco estará puesto en la ponencia del conservador Enrique Arnaldo.
El anteproyecto de una nueva ley del aborto presentado recientemente por el Gobierno, en el que se incluye la posibilidad de que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento familiar, pretende mejorar el actual derecho y desactivaría el recurso de PP una vez que estuviera en vigor.
Hay que tener en cuenta que si se declarase la inconstitucionalidad de la ley de aborto se generaría un vacío legal en el que no estaría prohibido ni regulado, según expertas consultadas por Público. «Si la nueva ley deroga la anterior, el recurso ante el Tribunal Constitucional pierde su objeto porque no habría nada que derogar», explica a este diario la jurista Mar Esquembre, experta en derecho constitucional.
En peligro la Ley Celaá
La llamada Ley Celaá de Educación, nombrada así por la exministra de Educación, contempla la prohibición de que colegios que segregan por sexos reciban ayudas y conciertos públicos. La ley, que entró en vigor en enero de 2021, elimina al castellano como lengua vehicular y prohíbe la cesión de suelo público para la construcción de colegios concertados.
PP y Vox han recurrido esta norma al TC. De las ponencias sobre las impugnaciones se encargarán dos magistrados del bloque conservador: Ricardo Enríquez y Antonio Narváez. La sentencia estaría ya lista desde antes de la reciente renovación del TC y parece que la mayoría de los magistrados se inclinan por declarar inconstitucionales algunos preceptos de la ley, según ha podido saber este diario.
