Estas propiedades inmobiliarias de la Iglesia católica pese a su uso lucrativo están exentas del pago del IBI. El alquiler no está sujeto al impuesto de Sociedades y la Ley de Mecenazgo, que no los Acuerdos con la Santa Sede, les permite gozar de esa exención fiscal. Ese es uno de los motivos por los que desde Europa Laica se insiste en la necesidad de anular los Acuerdos y de modificaar la Ley de Mecenazgo para eliminar los privilegios fiscales y económicos de la Iglesia católica y otras entidades privadas.
“Si para tus próximas vacaciones en San Sebastián estás buscando un apartamento acogedor con una situación inmejorable, entonces éste es perfecto para ti. Situado en un sexto piso de un edificio con ascensor, este alojamiento se encuentra en el mismo centro de la ciudad, a un paso de la Playa de La Concha y de la Parte Vieja”.
Éste es el anuncio de uno de los dos pisos propiedad del Arzobispado de Toledo que estaban en alquiler para turistas a través de una agencia y en distintas plataformas como Booking y con los que lograban rendimientos para financiar “misiones” en países como Perú y otros lugares de África.
El Ayuntamiento de la capital de Gipuzkoa (PNV y PSE-EE) ha ordenado recientemente su clausura al considerar irregular este alojamiento por encontrarse por encima de los primeros pisos del bloque, como dicta una ordenanza sobre hoteles y pensiones que será renovada la próxima semana en plena polémica sobre la masificación del turismo en San Sebastián y la proliferación de alojamientos ‘piratas’ en la ciudad, sobre todo en su Parte Vieja.
El entuerto se ha producido al conocerse que la casa, sin embargo, cumplió con su registro ante el Gobierno vasco siguiendo la nueva ley autonómica de 2016, como figura en todos sus anuncios.
Desde Toledo, portavoces del Arzobispado indican que entienden que no hay nada anormal en esta gestión inmobiliaria y que esperan hallar una solución satisfactoria más pronto que tarde.
¿Por qué tienen esos pisos? La archidiócesis recibió en herencia en 2014 dos viviendas de un médico donostiarra que pidió expresamente destinar ese patrimonio a fines sociales. Analizada la situación y teniendo en cuenta que Donostia está a la cabeza de todas las estadísticas inmobiliarias de España, los gestores eclesiásticos entendieron que la mejor manera para maximizar las rentas era entregar las llaves a una agencia especializada y preparar un apartamento con decoración minimalista y grandes ventanales en la zona más ‘chic’ de Donostia. En Toledo, explican estas fuentes, también se hacen estas mismas gestiones con otros inmuebles de titularidad eclesial.
Las propiedades del Arzobispado eran del gusto de los clientes, muchos de ellos extranjeros, a tenor de los comentarios en las distintas plataformas. Unos de ellos, canarios de procedencia, fueron quienes recibieron la inspección municipal durante su estancia, aunque pudieron completar sus vacaciones en la costa vasca.
Desde el Ayuntamiento insisten en que, en este momento de especial sensibilidad en torno al turismo, se está aplicando con rigor “la normativa actual” que marca que estos pisos “sólo pueden estar en las primeras plantas” de las viviendas y que en este caso no se pueden hacer excepciones aunque toda apunta a que el nuevo modelo que se conocerá en los próximos días será diferente.
Desde la agencia contratada por el Arzobispado de Toledo indican que “San Sebastián va un paso por detrás de la realidad” y de la normativa autonómica de 2013 y 2016 y que es eso lo que genera este tipo de embrollos. Según su gerente, todos los pisos de esta empresa, que pertenece al grupo Apartur y que colaboró en la redacción de la reciente Ley de Turismo, “tienen autorización del Gobierno vasco” y “pagan todos los impuestos” pero quedan fuera de la normativa municipal que sólo prevé licencias para pensiones y hoteles por ser previa al ‘boom’ de Airbnb o Homeaway. Y las limita, además, a los primeros pisos de los bloques.
“Hasta hace unos meses, el Ayuntamiento no actuaba en esta materia, pero ahora hay un clima muy especial y se está posicionando claramente para impedir apartamentos que no estén en los primeros pisos”, indica este empresario, que asegura que ellos defienden la “legalidad” de la actividad de todas sus casas autorizadas por el Gobierno vasco aunque advierten a los propietarios de posibles problemas si su apartamento es un piso alto.
En el caso concreto del Arzobispado de Toledo, según informó Gara, se recibió una notificación oficial en las viviendas afectadas y se ha iniciado un procedimiento que puede concluir en una multa de hasta 40.000 euros si no se clausura, aunque todo apunta a que no se llegará a ese extremo.
