En octubre del pasado año, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, resolvió someter a información pública la creación de un fichero con datos de carácter personal de agentes de policía bajo la gestión de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana. Tras los plazos correspondientes, el pasado febrero el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona anunció la creación de este registro que insta a obtener datos personales de los policías, como sus propiedades, historial académico y médico, suscripciones, ideología, creencias religiosas, vida sexual o si están sometidos a investigación penal o administrativa.
El sindicato CSIF considera que este fichero atenta «contra los derechos fundamentales que recoge la Constitución española» ya que no sólo se permite obtener datos sobre expedientes disciplinarios sino también datos personales más allá de nombre, domicilio y DNI. «Nos sorprende que el 21 de diciembre de 2016, fue cuando salió a exposición pública este expediente para poder formular alegaciones o sugerencias, y al parecer, según diversas fuentes consultadas nadie se enteró hasta haberse agotado los plazos para su aprobación», señala el sindicato que apunta a que puede ser gestionado por el Consistorio o por una empresa contratada específicamente para realizar el servicio, por lo que esta adjudicataria tendría esta información sensible.
Entre los datos que se pueden incluir en el fichero están: estado civil, datos familiares, fecha nacimiento, lugar nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua materna, lengua vehicular preferente, características físicas o antropométricas, vivienda, situación militar, propiedades, posesiones, aficiones, estilos de vida, licencias, permisos, historial académico, formación, categoría y escala laboral, negocios, licencias comerciales, suscripciones a revistas, creaciones artísticas, científicas o técnicas, ingresos, rentas, patrimonio, seguros, hipotecas, transacciones financieras, ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud, vida sexual o violencia de género. En concreto, todos la información que sea «especialmente relevantes para la investigación concreta», además de infracciones administrativas o penales del agente.
El registro puede contener información sobre «miembros del cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona, miembros de las Policías Locales de Cataluña y / o alumnos del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, miembros del cuerpo de Mossos. Implicados / as o relacionados / as en informaciones reservadas y / o en procedimientos disciplinarios». También establece que para conseguir la información de carácter personal se acudirá a servicios y registros municipales y de otras administraciones públicas, así como entidades privadas y se hará mediante encuestas con los propios interesados.
«Esta situación es a nuestro entender muy grave, pero más grave es aún que pueda salir a concurso público la gestión del fichero, para que una empresa externa lo pueda gestionar» señala el sindicato y añade que existe un perjuicio contra la seguridad ya que su colectivo es «vulnerable» ante la difusión de información personal. CSIF estudia acciones legales por este registro y lamenta que el resto de plataformas sindicales no lo denunciasen.
Según el anuncio en el Boletín, la finalidad del fichero es gestionar los procedimientos de información reservada para investigar infracciones disciplinarias y penales por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Urbana, así como controlar las diligencias abiertas por temas relacionados con la asignación de armamento o respecto a quejas ciudadanas o de otras entidades. A este registro, que tiene un nivel de seguridad alto, sólo podrían tener acceso los representantes de la Guardia Urbana que investiguen algún tipo de infracción o delito.
