Accede a presentar la documentación horas antes de expirar el plazo dado
Se trata de las declaraciones ante la Iglesia de los sacerdotes acusados
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha entregado esta mañana en el Juzgado de Guardia la documentación requerida por el titular del Juzgado de Instrucción número 4, que instruye la investigación del ‘clan de los Romanes’, presunto caso de abusos sexuales a menores por parte de un grupo de religiosos.
Una nota del arzobispado, difundida a las siete de la tarde de hoy, informa de que el arzobispado ha entregado la documentación este domingo al juez de guardia. El juez Antonio Moreno le había dado tres días para entregar los documentos que acreditan la investigación interna de la Diócesis a raíz de estallar el caso. El ultimátum judicial surtió efecto, aunque los funcionarios judiciales debieron esperar tres días hasta conseguir entregar en mano el auto judicial que le obliga a entregar la documentación rquerida. La nota del arzobispado asegura, en tal sentido, que el arzobispo se encontraba ausente, en Madrid y Córdoba, los días en que los intentos de entregarle la notificación resultaron infructuosos y que, al tener conocimiento de ello, acordó una cita para el viernes en la que finalmente recibió el auto judicial en mano.
Aunque el propio auto judicial reseña hasta cinco requerimientos anteriores para que la Diócesis entregase la documentación interna, la nota del Arzobispado asegura una vez más que el arzobispo ha colaborado en todo momento con la investigación del juez.
El auto entregado el viernes a monseñor Francisco Javier Martínez fue emitido el pasado martes por el juez Antonio Moreno, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el caso. Desde entonces, según la web Religión Digital, funcionarios de Policía habrían intentado infructuosamente hacer entrega al arzobispo del requerimiento judicial. La información del citado portal digital, que especula desde noviembre con la inminente destitución del arzobispo de Granada o una llamada a capítulo por parte del Vaticano que todavía no se ha producido, asegura que los funcionarios de Policía departieron durante unos siete minutos con monseñor Martínez.
En un duro auto de ocho folios, con fecha de este martes, el juez rebate al arzobispo, monseñor Javier Martínez, que en escrito de réplica a un providencia anterior remitía al Juzgado a dirigirse al Vaticano para recabar la información solicitada. El juez Moreno advierte al arzobispo de los posibles delitos de falsedad, denegación de auxilio a la Justicia y desobediencia y en el mismo sentido desmiente a monseñor Martínez, que había afirmado que la documentación citada le había sido solicitada por primera vez. «Nada más lejos de la realidad», apunta el auto judicial, que recuerda al arzobispo hasta cuatro notificaciones y sus correspondientes fechas que fueron sistemáticamente desoídas por el Arzobispado: 4 de noviembre, 3, 9 y 30 de diciembre y el pasado 7 de mayo, que es la única vez que el arzobispo contestó para negarse a entregar la documentación que se le solicitaba.
En la documentación remitida al Juzgado por el Arzobispado «no están las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inicio expediente eclesiástico», recuerda el auto de ahora, que añade: «necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos».
En el auto ahora emitido el juez Moreno rebate asimismo los argumentos esgrimidos por el arzobispo, que invocaba una norma preconstitucional y en concreto la legislación canónica aplicable y la Congregación para la Doctrina de la Fe (la antigua Inquisición) como «la única instancia y tribunal eclesial competente» para el conocimiento de las responsabilidades canónicas «que se pudiesen haber producido». En tal sentido, el Arzobispado señalaba que la Congregación «sigue en este momento el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos» y es la que posee la documentación procedente y la que podría autorizar el traslado a una instancia civil», por lo que monseñor Martínez se ofrecía se a mediar ante el Vaticano para que el Juzgado «solicite las oportunas autorizaciones de acuerdo con la legislación civil y eclesiástica aplicable, en lo procedente».
El juez recuerda al arzobispo que la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene facultades para juzgar en el ámbito interno de la Iglesia, pero no para instruir un caso que está sometido a investigación judicial. En la misma línea, el auto judicial puntualiza al arzobispo que las «normas sustanciales» sobre «secreto pontificio», invocadas por la Diócesis, son normas internas de la Iglesia que «no vinculan a los tribunales civiles» y, en todo caso, «en última instancia debe ceder ante la cooperación judicial y el interés de los menores en la ‘tolerancia cero’ a la que reiteradamente alude el Santo Padre».
