La norma, aprobada este jueves, permite la interrupción del embarazo hasta la semana 12 y hasta los seis meses en casos de peligro para la vida o salud de la mujer
La católica Irlanda estrenará el año nuevo con una ley de despenalización del aborto que el jueves por la noche, y tras un acalorado debate de diez horas, culminó su tramitación parlamentaria en el Senado. La nueva normativa, ya sólo pendiente de la rúbrica del presidente de la República, responde a la acelerada modernización de una sociedad que sólo en años recientes ha avalado los métodos anticonceptivos, el divorcio y el matrimonio igualitario, y que en el referéndum de hace siete meses se pronunció de forma contundente a favor de legalizar la interrupción del embarazo.
Dos meses de debates en las dos cámaras del Parlamento -durante los que se llegaron a plantear tres centenares y medio de enmiendas- han sido necesarios para sellar una norma que contempla el aborto legal en las primeras doce semanas de gestación sin que la mujer tenga que justificar su decisión. Ese periodo podrá extenderse hasta los seis meses en casos extremos de peligro para la vida o la salud de la madre o si el feto no pudiera sobrevivir fuera del cuerpo de la mujer. Una de las escasas enmiendas que acabaron prosperando elimina el requisito planteado inicialmente de que el médico que certifique un aborto sea el mismo que lo practique.
Formalmente, lo que la ciudadanía votó en el plebiscito del pasado mayo fue la derogación de la Octava Enmienda a la Constitución que prohíbe casi totalmente el aborto al equiparar el derecho a la vida de la madre con el del feto. Uno de los casos recientes que suscitó más movilizaciones en contra de ese precepto constitucional fue el de Savita Halappanavar, quien en 2012 falleció de una septicemia después de que se le negara la interrupción del embarazo.
La cuestión que más se subrayó a lo largo de la campaña del referéndum de la pasada primavera fue sin embargo la hipocresía de una sociedad anclada en el conservadurismo católico que durante décadas miró hacia el otro lado mientras miles de mujeres se veían forzadas a desplazarse a otros países para interrumir su embarazo (la mayoría a Liverpool, la ciudad inglesa más cercana). Se estima que en el último cuarto de siglo, 170.000 embarazadas han realizado esos “viajes solitarios”, en definición del ministro de Sanidad irlandés, Simon Harris, al felicitarse por la inminente implementación de una ley sobre el aborto que les pondrá fin. “Hoy les decimos que seremos nosotros quienes cuidaremos de ellas”, apostilló un Harris emocionado.
El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, entiende que el grueso de la ciudadanía expresó su respaldo a la nueva ley en aquella votación de mayo que ha calificado de “revolución silenciosa”. En una Irlanda donde el 78% de la población se declara católica, pero también donde la Iglesia ha visto muy disminuida su autoridad moral a raíz de los escándalos de abusos sexuales por parte del clero, dos de cada tres sufragios (el 66,4%) se pronunciaron por la abolición de la Octava Enmienda. El sí ganó en todas las circunscripciones menos una (Donegal, y con un resultado ajustado), entre mujeres y hombres, también entre todos los grupos de edad salvo el de los mayores de 65 años.
Aunque todavía influyente, la Iglesia apenas hizo campaña en contra y sus miembros optaron en muchos casos por el silencio. La clase política, por su parte, se declaró en general a favor de la modernización o, como en el caso de los dos partidos dominantes (Fianna Fáil y Fine Gael) optó por dejar la decisión a la “conciencia” de sus votantes, sin emitir consignas.
El desenlace del referéndum, y sus consecuencias que se plasmarán en la promulgación definitiva de la ley, previsiblemente a finales de año, deja reducida la situación en el vecino norte a una anomalía. Porque las ciudadanas del Ulster, donde la restrictiva normativa impide el aborto incluso en los casos de violación o anomalía fatal del feto, siguen viéndose obligadas a trasladarse a otos lugares si desean interrumpir un embarazo.
La posición del partido mayoritario en la provincia autónoma británica (los unionistas radicales del DUP) frena por el momento cualquier reconsideración del asunto, mientras al otro lado de la frontera la República acaba de aprobar una legislación que se alinea con la de la mayoría de los países europeos. “Queremos una Constitución moderna para un país moderno”, ha sido la sentencia de Leo Varadkar, el primer ministro más jóven en la historia de Irlanda, homosexual e hijo de un inmigrante indio. Él mismo es un reflejo de la enorme transformación de un país en el que los jóvenes, las mujeres y las generaciones cosmopolitas están derrotando al catolicismo más conservador.
