"La ayuda a la dependencia es una falacia y por eso no acepto que ningún político, ningún juez, ningún profesional influya en mi decisión de abortar porque soy yo la que va a tener ese niño y la que tendría que cuidar de él". El testimonio de Lucía es uno de los protagonistas de 100.000 mujeres invisibles, un documental elaborado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai) en el que tres mujeres ilustran las consecuencias que tendrá la inminente reforma de la ley del aborto anunciada por Alberto Ruiz Gallardón.
Lucía quería quedarse embarazada, tal y como explica ella misma en el vídeo, presentado hoy en el Ateneo de Madrid. Pero su feto padecía el síndrome de Turner. Si conseguía llegar al término del embarazo, su bebé apenas viviría unos meses. Si superaba ese período, sus múltiples deficiencias le impedirían tener una buena calidad de vida. Lucía, a pesar de haberlo pasado mal —reconoce—, hoy volvería a hacer lo mismo. Lucía es una de las 3.000 mujeres que, si se cumplen las amenazas del titular de Justicia (no se conoce el texto de la reforma), no podrán abortar porque el anuncio de Gallardón restringe el supuesto de daños en el feto a sólo las patologías incompatibles con la vida, es decir, al 0,09% de los casos, según Acai. Por tanto, el 99% de las mujeres
"A Gallardón no le preocupan los datos de la realidad; no piensa que se está jugando con la salud de las mujeres", denunció la vicepresidenta de Acai, Francisca García, insistiendo en el hecho constatable de que "las mujeres que quieran abortar lo seguirán haciendo, pero recurriendo a la clandestinidad". "El legislador aún no ha asimilado que una mujer, con ley o sin ella, interrumpirá su embarazo si está decidida a hacerlo", insistió. "La realidad es lo importante, pero ellos están preocupados por la ideología porque están viendo cómo la ultraderecha está arrasando en Europa y quieren evitar la fuga de votos por la derecha de la derecha", añadió.
"Mis padres son como extraños para mí, por eso no les conté lo de mi aborto", relata Alba, menor de edad
En el documental, otras dos mujeres ilustran otras dos realidades. Virginia no considera un hijo como "una carga". Es más, desearía tenerlo, "pero también poderlo cuidar". Su situación económica no se lo permitía. "Fue difícil aceptar que mis condiciones no eran las adecuadas para tenerlo", confiesa. Virginia no podría abortar si se elimina la voluntariedad de la ley (actualmente se puede interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14 de gestación). Como ella, otras 101. 607 mujeres que abortaron en 2011 por motivos sociales, económicos y personales se quedarían indefensas tras la reforma, según datos de Acai.
¿Y las menores? Las menores suponen el 4% del total de los abortos: 118.365, en 2011, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Una cifra "que se ha mantenido estable en el tiempo", recuerda García, a pesar de que el PP auguraba un "efecto llamada" con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 [ver pdf, aquí]. "No ha sido cierto", insistió la vicepresidenta de Acai. Pero las jóvenes de 16 y 17 años que hoy pueden abortar sin el consentimiento a sus padres o tutores ya no podrán hacerlo.
En 2011, 500 chicas se vieron en esa situación. Alba es una de ellas. Según cuenta en 100.000 mujeres invisibles (la cifra estimada de futuras afectadas por la contrarreforma del ministro de Justicia), su preservativo se rompió y la píldora del día después no funcionó. "Tengo una mala relación con mi madre que, además, es muy religiosa y de mi padre no sabía nada hasta hace un año", cuenta. "Sé que son mis padres pero, para mí, son unos extraños", lamenta. Por eso no les contó lo de su aborto.
Compromiso por la derogación de la reforma
Pese a todo, tanto los médicos que trabajan en las clínicas abortivas como reconocidas feministas que se encontraban en el Ateneo, como Empar Pineda o la diputada socialista Ángeles Álvarez, entre otras, dan por hecho que la reforma de la ley del aborto será aprobada en algún Consejo de Ministros de diciembre. Contra ello poco pueden hacer, dicen, teniendo en cuenta la mayoría parlamentaria del PP.
Aun así, García lanzó una petición a la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, presente en el acto: que haya un consenso entre partidos, similar al pactado contra la ley Wert, para derogarla en cuanto cambie la mayoría. "Cuando tengamos un texto legislativo nos comprometemos a trabajar por un acuerdo parlamentario amplio, para que todas las mujeres sepan que cuando cambie la mayoría parlamentaria volveremos a una ley del aborto digna para las mujeres", respondió Valenciano.
