«Esto no es una fundación ni una orden católica, es una SL (Sociedad Limitada)». «Es el proyecto educativo de este colegio, si no, hay tres colegios públicos en Humanes a los que se puede ir que no ofrecen este complemento».
Respuestas como estas se han encontrado los autores del informe Estudio de Precios de Colegios Concertados, realizado por la Fapa Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), cuando han acudido de incógnito (fingiendo ser padres de futuros alumnos) a centros privados sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid a preguntar por las condiciones de acceso.
El informe se ha basado en esta edición en la llamada «nueva concertada» en la comunidad, colegios creados desde 2001 a partir de la cesión de suelo público en la región sin tener en cuenta siquiera el proyecto educativo del centro, según los definen desde la FAPA. Son centros en muchas ocasiones de ideología ultraconservadora y que en parte fueron los elegidos por Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, para obtener sus mordidas, en ocasiones de hasta un millón de euros.
Las conclusiones del informe son claras: el 100% de los centros piden una cuota a las familias y en el 90% de ellos son obligatorias, algo que prohíbe expresamente la ley. Los autores del informe han visitado 50 centros en la comunidad y se han encontrado que se les exigía cuotas de 153 euros de media (la horquilla va desde los 90 a los 205 euros), cantidad que sube hasta los 3.000 euros por hijo y año cuando se le añade la cuota complementaria y el comedor, según el texto.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha asegurado que los datos con los que cuenta la administración regional «no coinciden» con los de este estudio. Desde 2015 los inspectores han remitido más de 300 informes de subsanación de errores a los centros concertados, y un solo procedimiento sancionador». Además, explican que no tienen «constancia» de que «ningún alumno haya sido expulsado por no haber pagado la cuota voluntaria». Sin embargo, aclaran: «Las cuotas voluntarias que pagan las familias son una relación directa y exclusiva entre las propias familias y los centros educativos, y la Comunidad vela por el cumplimiento de la normativa».
Los ‘argumentos’ de los colegios
Las visitas a los centros también han revelado que cuando los supuestos padres preguntaban qué les pasaría a sus hijos si no pagaban la cuota (al estar prohibidas por ley esto no puede ser motivo directo de exclusión), «en el 44% de los colegios analizados, el impago implica la exclusión del alumno; estos centros manifiestan que el niño no podrá asistir a determinadas actividades».
El informe agrupa los centros visitados en cuatro categorías en función de las consecuencias de no pagar la cuota: los que excluyen a los alumnos, los que realmente no ofrecen la opción de no pagar, los que son flexibles y aquellos en los que sí es realmente voluntario (estas dos últimas categorías suman entre las dos seis colegios de un total de 50).
Los motivos que los supuestos padres que han elaborado el informe han recibido para pagar las cuotas sí o sí suelen ser similares, según se desprende de las notas tomadas por los autores. «Dicen que no se les ha dado ningún caso, pero no habría problema, ya que los padres pueden ir a recoger a los niños a las 12.30 y volver al colegio a las 15 horas». Este es uno de los argumentos clásicos: ven a por tu hijo durante esas horas.
Otro es: sin problema, no pagues, que no haga las actividades complementarias: «Generalmente lo hacen todas las familias, ya que comen, siesta y después vendría la actividad del complemento voluntario, pero si no la quieren, se irían al patio con todos los niños de su edad que no hacen el complemento y que al final están muchas horas en el patio y se aburren».
Una tercera línea es que es «parte del proyecto educativo» y eso les «diferencia» de otros centros: «Este colegio tiene unas características educativas que otros no tienen y es la cuota por acudir a él».
La escuela concertada justifica el pago de las cuotas (las patronales siempre afirman que son voluntarias) a partir de dos argumentos, habitualmente. Por un lado, que la financiación que reciben del estado es insuficiente para sufragar sus gastos. Por otro, que ofrecen actividades complementarias al proyecto educativo obligatorio que los centros públicos no tienen, ofreciendo una educación «de calidad».
Los dos argumentos tienen parte de cierto si se atiende a la literalidad, pero ambos pierden fuerza por el mismo motivo. Que la financiación de los centros es menor que la de los centros privados es cierto (17,7% del total de financiación educativa para atender al 25% de los alumnos), pero también lo es que atienden a una población privilegiada que requiere menos gasto que la que atiende los centros públicos (y pagan menos a los profesores, por ejemplo).
El argumento de la «educación de calidad» lo tumbó PISA hace dos semanas por un motivo parecido. Eliminado el factor socioeconómico y la distorsión sobre los resultados que genera, los alumnos de los centros públicos rinden exactamente igual (o un poco mejor, incluso) que los de los privados.
Camilo Jené, presidente de la Fapa Giner de los Ríos, lamenta que la mayoría de los colegios no informa adecuadamente a los padres sobre la no obligatoriedad de pagar las cuotas. «Las familias no son bien informadas de que tienen derecho a no pagar esas cuotas y la mayoría las paga de una manera engañosa», explica. «E incluso si te dicen que es voluntaria, si separan a tu hijo en algunas actividades todo el mundo acabará pagando».
Jené explica que tras anteriores ediciones de este mismo informe, la Comunidad de Madrid «se sintió obligada a que el Servicio de Inspección trabajase sobre ello. Lo hicieron durante un año, pero lo dejaron y este estudio demuestra que la mala praxis se sigue realizando», asegura.
