Las autoridades egipcias iniciaron el pasado 3 de julio una campaña de arrestos de decenas de jóvenes estudiantes uigures, originarios de la provincia china de Xinjiang -también conocida como Turquestán Oriental-, donde existe una importante minoría musulmana duramente reprimida. Según Amnistía Internacional, al menos 150 uigures han sido detenidos y 12 de ellos han sido ya deportados a China. Todos ellos son estudiantes de la Universidad de Al Azhar, uno de los principales centros teológicos del islam suní, o bien estaban preparando su acceso a la institución. “Las cifras podrían ser más elevadas, ya que el ministerio del Interior les impide tener acceso a un abogado o comunicarse con sus familias”, denuncia Hussein Baoumi, investigador de Amnistía.
Según las organizaciones de derechos humanos, los estudiantes uigures se enfrentan a posibles torturas y malos tratos tras su retorno a China, además de penas de hasta 15 años de prisión. Por ello, han exigido a el Gobierno egipcio que cese inmediatamente los procedimientos de expulsión. Según testimonios aportados por los propios estudiantes, a principios de mes las autoridades egipcias llevaron a cabo redadas indiscriminadas en las residencias donde se alojan los estudiantes uigures, y también en los restaurantes que frecuentan.
El Cairo niega una motivación política en los arrestos y deportaciones, y afirma que se limita a deportar aquellos que no cuentan con su visado en regla. Sin embargo, los estudiantes aseguran los chicos detenidos contaban con el correspondiente permiso de residencia. Alertados por sus compañeros, más de una veintena fueron capaces de escapar del país en avión, y se dirigieron a Turquía, un país con una afinidad cultural con los uigures, que son un pueblo turcófono.
La campaña se inició pocos días después de una reunión entre el ministro de Interior egipcio, Abdel-Ghaffar, y un alto responsable de la seguridad chino, Chen Zhimin. Tras el encuentro, ambos expresaron su deseo de intercambiar información sobre “organizaciones extremistas”. Durante los últimos años se ha agudizado el conflicto entre el Gobierno chino y la comunidad uigur, que ha visto como se cercenaban sus derechos culturales y su libertad religiosa. Después de varios atentados en la zona, atribuidos a un grupo indenpendentista, el Gobierno chino ha endurecido la represión, cometiendo graves y masivas violaciones de derechos humanos, según diversas ONGs internacionales.
