La recusación de una jueza conservadora facilita un voto 4-4 que frena el establecimiento en Oklahoma de un colegio católico con dinero de los contribuyentes
Estados Unidos seguirá, de momento, sin tener escuelas religiosas públicas, financiadas con el dinero de los contribuyentes. En una decision del Tribunal Supremo anunciada este jueves, en un caso donde solo votaban ocho jueces tras recusarse la jueza conservadora Amy Coney Barrett, el voto 4-4 impedirá que se establezca en Oklahoma el colegio virtual católico San Isidoro de Sevilla.
Una junta estatal dio en junio de 2023 luz verde a ese centro “charter” (público pero gestionado de forma independiente), que iba a ser operado por la archidiócesis de Oklahoma City y la diócesis de Tulsa y que pretendía que todas sus actividades fueran “fieles a las enseñanzas de Jesucristo».
El fiscal general del estado, un republicano, intentó impedirlo en los tribunales y logró que el Supremo estatal le diera la razón y determinara que el centro representaba una violación de la separación entre iglesia y estado e iba contra la constitución y las leyes estatales.
Ahora, el empate en el Supremo nacional hace que se mantenga la decisión del de Oklahoma. Pero la decision, que al no haber una mayoría en la votación no está razonada por escrito y consta solo de una línea, no resuelve el contencioso debate ni marca un precedente nacional sobre si escuelas religiosas deben poder participar en el sistema de “charters”, en el que la educación privada recibe fondos públicos.
Recusación y tensiones
Cuando el caso del centro de Oklahoma llegó al Supremo en Washington la jueza Coney Barrett se recusó sin ofrecer explicaciones de su decisión. Una de las posibilidades es que lo hiciera porque mantiene amistad con Nicole Garnett, una profesora de derecho de la Universidad de Notre Dame , donde la magistrada estudió y fue profesora. Garnett ha asesorado a la escuela, representada por el departamento de libertad religiosa de la Facultad de Derecho de la universidad.
En otros potenciales casos futuros, la jueza nombrada por Donald Trump podría no recusarse e inclinar la balanza del lado conservador, algo que ha estado sucediendo en otros casos recientes en cuyo núcleo están también tensiones entre dos cláusulas de la primera enmienda de la Constitución estadounidense: la que prohibe que el estado apoye o de preferencia a una religión sobre otra y la que prohibe la discriminación religiosa.
La supermayoría conservadora ha estado inclinándose por favorecer más la segunda cláusula, la del libre ejercicio religioso. Y el voto de Barrett podría ser suficiente para volver a hacerlo en el futuro.
Aunque no se ha detallado quién ha votado cómo en la decisión anunciada este jueves, se asume que ha sido posiblemente el presidente del Supremo, John Roberts, el que se ha sumado a las tres magistradas progresistas.
