Los abogados de las Hermanitas de los Pobres (Little Sisters of the Poor) reiteraron su llamado a la Corte Suprema de Estados Unidos para que intervenga después de que un segundo tribunal de apelaciones falló en contra de la excepción religiosa que las protegía de cumplir con el mandato de brindar anticonceptivos a sus empleados por medio de su plan de seguro.
“Las Hermanitas nunca quisieron esta pelea y han pasado 8 años tratando de concentrarse en cuidar a los ancianos pobres en lugar de pelear batallas legales sin sentido. Los Estados en estas demandas deberían dejar en paz a las monjas”, dijo Montse Alvarado, vicepresidenta y directora ejecutiva de Becket, la firma de abogados que representa a las hermanas.
En un comunicado del 22 de octubre en Twitter, Alvarado señaló que Becket y el Procurador General de los Estados Unidos le pidieron a la Corte Suprema que revisara el asunto.
“Debe intervenir para arreglar el desastre y asegurar la libertad religiosa para las Hermanitas”, escribió.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló contra las Hermanitas de los Pobres el 22 de octubre, uniéndose al Tercer Circuito, que en julio también falló contra la orden religiosa y otras organizaciones provida que habían beneficiado de una política de exención religiosa contra los requisitos del mandato del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).
El mandato, inicialmente emitido por el gobierno de Barack Obama en virtud de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible del HHS, requiere que los empleadores ofrezcan planes de seguro de salud que cubran la anticoncepción gratuita, esterilización y algunos medicamentos para el aborto en las primeras etapas de gestación.
El mandato de anticoncepción ha sido controvertido desde que se dio a conocer por primera vez en 2011, lo que provocó demandas de más de 100 particulares, organizaciones religiosas, Estados y empresas con fines de lucro que tenían objeciones religiosas a sus términos.
Las Hermanitas de los Pobres, una orden religiosa católica dedicada al cuidado de los ancianos sin recursos, no calificaron para la exención religiosa incluida en el mandato original, que estaba reservada para las casas de culto y sus afiliados directos.
En 2013, la orden presentó su primera demanda contra el HHS, reclamando que el mandato estaba violando su libertad religiosa. Se les otorgó una orden de emergencia a fines de ese año que las exoneró de pagar miles de dólares en multas por no cumplir con el mandato.
Tres años después, la Corte Suprema se puso de lado de las religiosas y ordenó al gobierno encontrar una solución que pueda calmar a ambos lados. En 2017, la solución llegó en una nueva regla del HHS, que eximía a las organizaciones religiosas sin fines de lucro del mandato.
“Los estados argumentan que a pesar de que hay entredichos en el mandato en el caso de las Hermanitas en este país, estás violaron la ley para que el gobierno federal emita una excepción religiosa”, dijo a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– a principios de octubre, Diana Verm, abogada principal de Becket.
“Las Hermanitas solo quieren volver a seguir sirviendo a los ancianos pobres. Si la Corte Suprema falla a su favor, serán capaces de hacerlo”, dijo Verm.
Si las Hermanitas de los Pobres no ganan este caso judicial, señaló Verm, tendrían que pagar miles de dólares en multas al gobierno. “Eso sería devastador”, dijo.
